Agua, saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones son los elementos básicos en América Latina y el Caribe que deben potenciarse en ocho años, si se aspira a reducir la actual brecha en infraestructura y poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, la región necesita invertir 2.220.736 millones de dólares para expandir y mantener la infraestructura necesaria que le permita cumplir con los ODS.
De ese total, «un 59% deberá destinarse a inversiones para infraestructura nueva y un 41% a inversiones de mantenimiento y reposición de activos que llegan al final de su vida útil», según los autores del reciente informe del BID, La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe.
La inversión en relación al tamaño de la economía, América Latina y el Caribe necesaria para mejorar aspectos imprescindibles en materia de desarrollo es de por lo menos un 3,12% de su PBI cada año hasta 2030.
Cerrar la brecha de infraestructura obligará a América Latina y el Caribe a incrementar más de un 70% la inversión que realiza actualmente: de 1,8% del PBI —promedio de lo invertido entre 2008 y 2019— al 3,12%.
Fuente: elaboración del BID
Para este cálculo el BID utilizó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estima que el PBI de América Latina y el Caribe crecerá 2,4% anual.
¿De qué objetivos estamos hablando? De garantizar disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; de generar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible y moderna; de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación; y de lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Son objetivos que también se relacionan de manera indirecta con otros ODS, como los relativos a la preservación de los ambientes naturales marinos y terrestres.
Los técnicos del BID advierten que para ponderar la cifra total de 2.220.736 millones de dólares, necesaria para acotar la brecha de infraestructura, hubo «limitaciones informativas» que impidieron hacer «estimaciones sobre las necesidades de mantenimiento y reemplazo de activos existentes (aeropuertos, por ejemplo) o bien que se hayan hecho de forma parcial (activos de generación eléctrica). Estas limitantes sesgan los resultados a la baja».
En el siguiente cuadro se detallan las necesidades totales de inversión por país:
La infraestructura económica es una herramienta de «alto impacto», a juicio de la CEPAL, en la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo económico sostenido. La disminución de las inversiones orientadas a ese fin generó esa brecha entre los requerimientos de infraestrcutura y la provisión efectiva de la misma.
En 2011, Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez elaboraron un estudio sobre el mismo tema que en el presente analiza el BID, en que proponían una alternativa para revertir el desfasaje constatado en la infraestructura latinoamericana y caribeña.
¿Cómo se lograría revertir una década antes ese desfasaje en opinión de los técnicos de la CEPAL? Sería necesario invertir anualmente en torno al 5,2 % del PBI regional (unos 170.000 millones de dólares de 2000) para dar respuesta a las necesidades que surgirán de las empresas y los consumidores finales de la región entre los años 2006 y 2020, mientras que si lo que se aspiraba era alcanzar los niveles de infraestructura per cápita de un conjunto de países del sudeste asiático, las cifras anuales requeridas para igual período ascenderían al 7,9 % del PBI (unos 260.000 millones de dólares de 2000), sostenían los técnicos cepalinos.
Perrotti y Sánchez tomaban en cuenta la inversión en infraestructura observada en periodo 2007-2008, que ascendió al 2 % del PBI, y era evidente que remontar esa tendencia iba a requerir un «esfuerzo significativo» en palabras de los técnicos.
Once años después son otros investigadores — Juan Pablo Brichetti, Leonardo Mastronardi, María Eugenia Rivas Amiassorho, Tomás Serebrisk y Ben Solís— quienes enfocan y proponen una metodología y conclusiones para reducir la pobreza regional que en enero 2022, según la ONU, alcanza a 201 millones de latinoamericanos, 86 millones de los cuales viven en pobreza extrema, un incremento que supuso un retroceso de 27 años para el que colaboró «la crisis sanitaria» que llevó a la región a ser «la más vulnerable del mundo en esta pandemia».
Los mayores incrementos de la pobreza se registraron en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, creció entre 3 y 5 puntos porcentuales; y en Bolivia, México y la República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales. El único país de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil.
Y, según la ONU, la pobreza habría sido mayor en 2020, si los países de la región no hubieran adoptado medidas como «las transferencias de ingresos de emergencia».
¿Piensa el lector que para el 2030 podrá haberse reducido la brecha aquí analizada y que redunde en acotar la pobreza? Está brava. No se puede menos que recordar lo que documentan los autores del libro Por qué fracasan los países (Daron Acemoglu y James A. Robinson) quienes sostienen que es con instituciones adecuadas, sistemas políticos plurales y abiertos; con nuevos liderazgos políticos, son los factores que pueden iniciar el camino hacia una prosperidad sostenible. Para esos autores la riqueza o la pobreza depende de las instituciones y de la política; o sea, dependen de que los gobiernos apunten al progreso social y no a favorecerse y favorecer a sus socios para satisfacer la codicia personal.
Los cambios que hoy afrontan los países latinoamericanos, cada uno en diferentes momentos de sus administraciones, deberían tender hacia instituciones favorables, innovadoras e incluyentes que proponen Acemoglu y Robinson; de lo contrario están orientados a perpetuar la decadencia y el estancamiento. ¿Usted qué piensa?
