En la vía Panamericana, ejerciendo su derecho a la protesta social y la construcción democrática de país, el campesinado colombiano logró que el actual Gobierno incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1955 de 2019) un artículo que consagrara la construcción de una política pública para la población campesina —artículo 253— en la que se incluya la participación de esta población.
A menos de cuatro meses de acabarse este Gobierno aún no hay política pública para el campesinado, peor aún, en lo poco avanzado se ha desconocido y se ha vulnerado el principio de la participación.
Para rematar, las entidades encargadas de su construcción han buscado imponer unos ejes que van en contravía de la concepción y propuestas radicadas por las organizaciones campesinas. Los ejes propuestos por la institucionalidad se suscriben en una visión netamente productivista que se resumen en acceso, formalización y adecuación de tierras; fortalecimiento de los esquemas de generación de ingresos y de la producción; invasión, protección de prácticas propias y cambio climático; bienes y servicios públicos.
De esta manera, el Gobierno deja de lado las propuestas del campesinado que buscaron ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo a las que denominaron Pacto por la Equidad Rural y el Bienestar de la Población Campesina y que contenía los siguientes ejes:
1) Acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas
2) Fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional
3) Acceso a derechos
4) Infraestructura productiva
5) Cultivos de coca, marihuana y amapola
6) Campesinado, ambiente y cambio climático
7) Mujer campesina
8) Jurisdicción agraria
Así pues, con dos agendas sobre la mesa para la construcción de la política pública para el campesinado en medio de una crisis ambiental, de abastecimiento de alimentos, la proliferación de la violencia y el incremento de los precios de los insumos agropecuarios sin precedentes, estamos asistiendo a un campo de disputa donde se enfrentan dos concepciones completamente opuestas: una, de un Gobierno que ve un campesino como un empresario del campo y la otra, del campesinado como opción de futuro que busca su reconocimiento, participación y redistribución.
La agenda de Gobierno no es otra que la impuesta por el capital que desdibuja al campesino, que lo invisibiliza, es una apuesta por descampesinar el campo colombiano y por construir territorios para la extracción de los recursos naturales.
Mientras que la apuesta del campesinado se ampara en la Declaración de los Derechos Campesinos de las Naciones Unidas, en las sentencias de las altas cortes, en la directiva 007 de la Procuraduría General de la Nación, en el Acuerdo de Paz y tantos estudios que reconocen la importancia de resarcir la deuda histórica que tiene el Estado con por lo menos 11 millones de habitantes rurales.
Construir la política pública para el campesinado sin el campesinado es caminar directo hacia el barranco, es desconocer acumulados históricos de organizaciones que habitan el campo colombiano y olvidar principios constitucionales como la participación, la igualdad y la misma democracia. A eso le está jugando el Ejecutivo.
La participación no puede volverse un espacio de escuchar a las comunidades mientras que otros toman las decisiones. Se requiere que no solo se convoque a las organizaciones campesinas y pescadores para socializar decisiones tomadas por la institución; se necesita que la participación se asuma como la intervención en los centros de gobierno de una colectividad, participar de sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus recursos del modo como se distribuye el costo y sus beneficios (Hurtado, 2020. p. 11).
El campesinado ya tiene sobre la mesa la hoja de ruta para la política pública, se requiere una participación reforzada, permanente e informada y tomar en cuenta sus propuestas. Atender las cuatro dimensiones: territorial, productiva, organizativa y cultural; un enfoque territorial diferencial, de género y de derechos humanos; al igual que la conceptualización diseñada por la Comisión de Expertos y Expertas, que junto a plataformas sociales campesinas se congregaron para construir un documento técnico unificador para la definición, caracterización y medición del campesinado en Colombia como resultado de la Sentencia 2028 de 2018.
Así, se podrá sacar adelante una política pública verdaderamente democrática capaz de generar los instrumentos necesarios para construir vida digna en los territorios campesinos.
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