Como era de esperar, la Cámara de Representantes aplicó sus mayorías a enterrar la moción de censura que presentara la oposición contra el ministro de Defensa, responsable político de las actuaciones del Ejército y, por ende, de las que desembocaron en el asesinato de once campesinos y su posterior presentación como guerrilleros.
Con tal decisión, esta célula olvidó su función, su deber, su obligación de asumir el control político del gobierno, al cual las Fuerzas Armadas le deben subordinación. De haber cumplido tal mandato constitucional, los colombianos nos sentiríamos menos temerosos de ser convertidos en objeto de oscuros procederes militares, como lo fue el cometido contra la comunidad de Puerto Leguízamo, y lo han sido muchos más desde los tiempos de Villa Rica, Marquetalia, y Guayabero, entre otros.
Con tal decisión, quedó abalado cuanto comportamiento irregular la tropa considere útil realizar, a fin de dar la falsa sensación de estar ganando la guerra contra el delito, como la daba Uribe respecto de las Farc.
Actuaciones como esta del Ejército Nacional, actitudes cínicas como la de Molano, decisiones cómplices como la de la Cámara y regocijos como el de Duque no solo empañan el honor de las Fuerzas Militares, del gobierno nacional y del Congreso, sino también la ya deteriorada imagen del país ante la comunidad internacional.
La consideración más benigna que a partir de esta decisión de la Cámara podemos esperar es la de que en Colombia impera la ley de la selva, pues no otra impresión causa una casta política que, teniendo la función de combatir el crimen, prefiere prohijarlo en beneficio de sus intereses.
Esa casta política funciona según quien esté al frente del Estado, es decir, según quien maneje el presupuesto, del cual considera que debe estar en función de reconocerles a los padres de la patria sus “invaluables servicios”, como este de perdonarle a Molano su manejo subalterno del ministerio ante el militarismo.
Ese presupuesto está en manos de la oligarquía, y debemos evitar que continúe manejándolo, como ocurriría si resulta elegido Federico Gutiérrez. Tenemos que “expropiárselo” para convertirlo en solución a los inmensos problemas del país, y la única forma de hacerlo es logrando llenar las urnas este 29 de mayo con millones y millones de tarjetones favorables a Petro, único capaz de poner fin a las nefastas políticas que por siglos hemos tenido que soportar.
Para cumplir tal tarea, es mucho el vigor que les queda a las fuerzas amigas de las banderas del cambio. Seguirlas agitando, y cada vez con mayor decisión, es lo que conviene al propósito de construir una Colombia nueva, más cercana al querer de sus inmensas mayorías.
