Con el propósito de generar acciones que pongan fin a este flagelo, al que algunos analistas y dirigentes ya denominan “Pandemia mundial”, la ONU conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por esta razón y porque nuestro país no es ajeno a esta problemática, desde Cali hacemos un llamado a la reflexión buscando que el Estado y la sociedad “Le pongan la cara a la violencia contra la mujer”.
Las cifras permiten adentrarse a la magnitud de este flagelo: de acuerdo con ONU Mujer, en el 2013, el 35% de las mujeres, a nivel mundial, sufrieron ataques físicos y/o sexual en relaciones de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja. Este panorama es más crítico cuando se toma por países, pues hay algunos donde el porcentaje de agresión en los contextos mencionados alcanza el 70%.
Ya, en Colombia, las cifras demuestran que no estamos colocando la cara, pues cada día, de dos a tres mujeres son asesinadas en el país, con el agravante de la impunidad en muchos de los casos. En Cali, para tomar un ejemplo de lo que sucede en el resto del país, a 31 de octubre del 2014, registra que se han presentado 1.256 casos de muertes violentas, de las cuales 82 han sido mujeres, y 8 de ellas eran menores de edad.
Este comportamiento no es excepcional, por el contrario en Cali es una tendencia, pues en el 2013 fueron 134 las mujeres asesinadas, donde los homicidios por presuntos problemas sentimentales representan el 19.3%, estos casos se relacionan directamente con las agresiones causadas por las parejas o ex parejas sentimentales de las víctimas, los otros en su gran mayoría están por determinar.
Pero no nos tapemos la cara ante el horror, por el contrario, hay que enfrentarlo y actuar, porque la gran mayoría de estos asesinatos son como consecuencia de su condición de mujer, es decir las asesinan por esa condición de mujer, así las estadísticas o análisis criminalísticos coloquen otros móviles, como la venganza.
Hay un agravante, estamos en un país donde las matan y poco o nada pasa, pues, la sanción es tan baja que pareciera que da lo mismo estar en los registros de homicidios en Colombia que no estar, y es que en más del 80% de dichos homicidios los victimarios nunca ingresarán a una cárcel.
Pero si las cifras en materia de vida son de alarma, las de violencia revelan que durante el año 2013 se abrieron 5.144 casos de violencia, de los cuales 2.129 fueron casos de Violencia contra la Mujer, 835 casos por Violencia Sexual y 2.180 casos por Violencia Intrafamiliar, donde la casa o el hogar es el lugar donde se genera la mayoría de agresiones o violencia contra la mujer. Este año, 2.414 víctimas por violencia intrafamiliar, de los cuales el 87.3% (2018 víctimas) afectan directamente a las mujeres, frente al 17.2% (417 víctimas) fueron hombres.
Ahora bien, prepárese para saber que esas denuncias de mujeres valientes que le pusieron la cara al miedo, en más del 95% de esas investigaciones judiciales son archivadas en la ciudad, lo cual no difiere del resto del país, es decir, las mujeres que deciden denunciar las agresiones, el sistema judicial le cierra las puerta de las esperanzas pues no va a pasar nada. Pero esto es solo la parte de un sistema ineficiente, tortuoso y poco a favor de ellas.
Tomemos el ejemplo, de Rosa Dueñas(nombre cambiado), una mujer caleña que durante más de 20 años fue maltratada por su compañero sentimental, decide poner en conocimiento su situación ante una comisaría de familia, después de una espera de varios días para hacer atendida, una vez logra su hazaña, el funcionario le pide que ella misma notifique a su propio victimario que lo ha denunciado, y se presente para una supuesta conciliación. Y que fuera de lo anterior notifique a la policía de su barrio la situación para que logre encontrar protección si el enfurecido marido decide golpearla por haberlo denunciado (Recuerden lo mencionado en párrafos anteriores, las mayorías de las violencias suceden en su propio hogar).
Con algo adicional, como lo han vivido todas las Rosas Dueñas de este país… a las la víctimas se les pregunta, “¿tiene dinero para pagar las fotocopias (múltiples) que debe sacar?”; a esto le debemos sumar los estereotipos y barreras culturales y sociales por parte de funcionarios públicos dedicados atender los casos de vulneración de los derechos de las mujeres, créame lo que voy a decir, el funcionario le dice a la víctima “pero…usted tuvo que hacer algo, seguro se lo merecía”, y esperemos que no le toque un servidor público con niveles de machismo o que poco entiende del enfoque diferencial de género.
Ahora bien, si la agresión sucede en horas no laborales o durante fines de semana o festivos, tienen que esperar los horarios públicos, pues no hay nada qué hacer. En conclusión, las mujeres, además de sufrir hechos de violencia, deben enfrentarse a barreras de acceso a la justicia, procedimentales, administrativas, económicas, sociales y culturales.
Generando así una falta de atención efectiva por parte de las entidades e instituciones para la recepción de denuncias a la mujeres víctimas de violencias y para la activación de la ruta y atención establecida por la Ley 1257 de 2008, lo que podría dar lugar a desestimular el denuncio por parte de las víctimas. Ojala las autoridades y el país entero le pusieran la cara a la violencia contra mujer.
