La organización Sumapaz, mediante un mapa en el informe “la guerra no para en Antioquia”, identificó que las Autodefensas Gaitanistas tienen presencia en el 90 % del departamento de Antioquia, lo cual, a su juicio, desencadena en control social, político y militar con la complacencia de algunas autoridades del Estado.
“Antioquia sigue siendo uno de los departamentos donde el conflicto político, social y armado se desarrolla con gran intensidad. Los más de 6.500.000 habitantes, según lo registra la Gobernación de Antioquia con cifras de 2018, viven en territorios con una fuerte militarización de la vida social, no solo por parte de la Fuerza Pública—Ejército y Policía—, sino también, de grupos paramilitares que se encuentran en los 125 municipios que conforman la región”, advierte la organización SUMAPAZ.
Sin embargo, el informe también menciona que la guerrilla del ELN tiene influencia en municipios de las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Urabá y Occidente; mientras que las disidencias de las FARC siguen extendiendo su accionar hacia municipios del Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio.
Según cifras de la Policía Nacional (2022) durante el año 2020 se registraron 2.012 homicidios en Antioquia, esto en pleno marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. En 2021 la cifra aumentó a 2.084, de los cuales 1.923 fueron hombres y 161 mujeres, lo que significa un incremento del 3,5 %. En lo que respecta a los feminicidios, Medellín es el municipio con más víctimas, un total de 34 mujeres en el año 2021, de acuerdo a las estadísticas que registra la Personería de Medellín.
Con relación a la situación más aguda en el departamento, que vive la subregión del Bajo Cauca, el informe menciona lo siguiente: “Es importante considerar para este análisis como la vocación económica de estos municipios está ligada de manera histórica a la explotación del oro, la producción agropecuaria, la explotación de madera y el comercio. El interés por los bienes comunes que son la materia prima de la productividad de esta subregión son fuentes de financiación para la guerra, los corredores de movilidad y la ubicación geoestratégica de esta subregión, hacen que, tanto grupos paramilitares como guerrilleros, desde las AGC, Los Caparrapos, estructuras del Valle de Aburrá, las disidencias de las Farc y el ELN, quieran disputarse el poder para controlar esta zona”.
En el Valle de Aburrá, para el año 2020 ocurrieron 619 homicidios para una tasa del 15,49 por cada cien mil habitantes, siendo Medellín la ciudad con más casos presentados 362 y Bello la segunda con 115 víctimas. Durante el 2021 ocurrieron 585 muertes violentas en toda el área metropolitana, para una tasa de 14,6 puntos, evidenciando una leve disminución de los homicidios 0,89.
“En Medellín operan alrededor de 160 bandas o combos que se articulan en su mayoría a las AGC y a la Oficina del Valle de Aburrá. Estas estructuras despliegan acciones de control social, económico y territorial sobre la población. El desplazamiento intraurbano generalmente está relacionado con las amenazas que las bandas hacen a las familias, o el miedo al reclutamiento forzado, al acoso y violencias basadas en género que estos grupos llevan a cabo contra las mujeres. Recurrentemente las comunidades se ven impedidas a denunciar el actuar criminal por temor a represalias y a la desconfianza que existe en la institucionalidad, porque agentes estatales, entre ellos integrantes de la Policía Nacional continúan con los nexos con estas estructuras paramilitares”, asegura el informe publicado por Sumapaz.
En el año 2021 se presentaron en el departamento un total de 14 masacres, mostrando un descenso importante con respecto al número de masacres en el 2020, con un total de 25 masacres. Pese a ello, el informe advierte la persistencia de este crimen en las subregiones del Suroeste, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente y Valle de Aburrá, territorios donde hay presencia de la Policía y el Ejército Nacional. Siete de las masacres fueron en zonas rurales y las restantes en la parte urbana.
“Las cinco subregiones donde se perpetraron las masacres se caracterizan no solo por una diversidad de bienes comunes, sino también, por la existencia de economías ilegales —minería, narcotráfico, cultivos de hojas de coca, exacciones, loteo, entre otros—. Estas últimas generan sin dunda algunos escenarios de riesgo para las poblaciones, además, son territorios con una gran capacidad organizativa y de movilización social, lo que preocupa ya que las masacres son un mecanismo de terror que afecta las expresiones organizativas”, indica el informe en su página 28.
Asimismo, el informe devela el incremento de las acciones armadas en Antioquia durante 2021 fue de 77,4 %, (704 acciones) respecto al año anterior (397 acciones) (OCHA, 2022b). Esto contrasta con las cifras de violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas por paramilitares, y fuerza pública. Además, el ELN y las disidencias de las Farc continúan realizando acciones de infracción al DIH que ponen en riesgo la vida y permanencia de sus pobladores, así es como las comunidades que habitan en la ruralidad son las que cotidianamente deben enfrentar los riesgos que estos grupos armados imponen.
Dentro de las agresiones contra las lideresas y líderes comunitarios sucedieron en todas las subregiones del departamento, se resalta el caso del Norte, particularmente en el municipio de Ituango, más de 30 Juntas de Acción Comunal fueron amenazadas en el marco del desplazamiento masivo de 4.099 campesinas y campesinos entre julio y agosto del 2021, a causa de la avanzada paramilitar de las AGC (Plan mil, mil paramilitares que pretenden ocupar este municipio) 21 y las amenazas de las disidencias de las Farc —Frente 18—.
El informe tiene su punto más álgido en la página 43, donde menciona el presunto patrullaje de las AGC con unidades del Ejército Nacional:
“Una realidad con agravantes, como la padecida por los líderes y lideresas indígenas del Bajo Cauca, Occidente y Urabá, que es crítica. Durante 2021 junto a sus comunidades, fueron víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización por parte de los paramilitares de las AGC y los Caparrapos, y también de la guerrilla del ELN. Agresiones sucedidas cuando los líderes y lideresas de las comunidades denuncian a estos grupos por: 1) ocupar los territorios, 2) por desarrollar combates poniendo en riesgo a la población, 3) por minar los caminos, 4) por ocupar bienes de la población civil, 5) por realizar reclutamiento forzado y 6) en ocasiones por el presunto patrullaje conjunto entre AGC y Unidades del Ejército Nacional”.
Desde 2018, la Organización Indígena en Antioquia –OIA—, la Iglesia católica, la Corporación Jurídica Libertad, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, denunciaron la grave situación de Dabeiba y Murindó, especialmente porque los grupos paramilitares, la insurgencia y el Ejército Nacional, disputan estas zonas, poniendo en grave riesgo a las comunidades indígenas. Pese al llamado de NO sembrar más minas en las comunidades, durante 2021 una lideresa y un guardia indígena perdieron la vida al pisar estos artefactos.
Informe: https://drive.google.com/file/d/1SFvVM13YTpmhIRC811cmaaPv8Upl5SF9/view?usp=sharing
