A propósito de la promoción de inscripciones para el semestre 2022 de parte de la Universidad del Atlántico, se me ocurrió escribir mi versión del concepto “Acreditación de alta calidad” que ostenta esta universidad desde 2018 y que está ad portas de perder su vigencia; por lo que sus directivas están haciendo todo lo que le permita el autoritarismo político que gobierna, no solo dentro de la Universidad, sino en todo el departamento al que pertenece esta Alma Mater: el reconocido Clan Char.
Mi choque con el Estado universitario
Mi ingreso a la Universidad del Atlántico en 2016 fue atípico: ingresé a los 33 años después de haber pertenecido a la Infantería de Marina, y mi egreso en 2018, catastrófico, salí suspendido indefinidamente. Pero no es de mí que vengo a hablar sino de lo que vi desde mi perspectiva dentro de las instalaciones de la Sede Norte de esta Universidad, ubicada en el Municipio de Puerto Colombia en el área Metropolitana de Barranquilla, durante ese corto lapso de vida universitaria que tuve.
Una de las cosas que primero capté fue la calidad de Estado autónomo del que, de manera inherente a su razón de ser, goza la Universidad. En el entendido que las universidades son centros de adquisición, desarrollo y planteamiento del conocimiento científico necesario para el constante “progreso” de la humanidad, un Estado Social de Derecho no podría aspirar a ser tal, si al momento de solicitarle a los dueños del mundo su calidad de Estado Soberano -llámese ONU, grupo de los 8, Etc.- no le presenta su capacidad y compromiso por la garantía de esa adquisición, desarrollo y planteamiento del conocimiento científico a sus ciudadanos, pues es un requisito tan fundamental para un Estado posconstitucionalista como la libertad… o más bien la no esclavitud…
En otras palabras, las universidades deben estar al margen de las intervenciones gubernamentales porque pertenecen a la esencia misma del Estado y ese sentido, los gobiernos que impulsen las ideas del Estado plasmadas en su Constitución están obligados a mantener los Estados universitarios sin intervenir en su naturaleza académico-investigativa (esencial para los actuales estándares de convivencia humana) a menos que sea para hacerlos avanzar, crecer, extenderse, internacionalizarse, ser referentes mundiales…
¿Pero que tenemos después de más de 30 años de ser un Nuevo Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta mi concepción del Estado universitario?
Primeramente, tenemos una de las incoherencias más absurdas que se puedan presentar entre los objetivos de un Estado y la construcción de ese Estado a través de sus gobiernos.
Para regular el constante desarrollo de los Estados Universitarios propios del Estado Social de Derecho –lo que se traduce en Universidades Públicas- se creó la Ley 30 de 1992, la cual en lugar de ser una garantía para los objetivos del nuevo Estado Constitucional que somos desde el 4 de Julio del 91 y cómo todas las engañosas leyes neoliberales, lo que hizo fue dar rienda suelta para que el capital privado entrará a cubrir las falencias de la oferta pública en educación superior con una obvia tendencia a la privatización de esta, apoyados en intervención de gobernantes que al tiempo que saqueaban el presupuesto de las universidades públicas, creaban leyes (como el aguinaldo que Gina Parody les dejó a las facultades de Educación, el Decreto 2450 de 2016) que hacían imposible que las universidades públicas alcanzaran los estándares para acreditarse en alta calidad.
De manera incoherente el mismo Estado que crea la Ley es el que vuelve incompetente a las universidades a su cargo para que el sector privado que debería ser la competencia, arrase con la oferta, el estatus y el reconocimiento institucional, nacional e internacional. Paradójicamente un Estado que empieza con unas bases de Estado Universitario lo primero que hace es crear leyes para dejar en el limbo a esos Estados universitarios, en beneficio de la oferta privada y la politiquería.
Otra situación, pero esta vez más que absurda, es criminal, en relación a lo que tenemos 30 años después de ser un nuevo Estado, es el fortín politiquero en el que se convirtieron las universidades públicas. En el caso de la Universidad del Atlántico, esta pasa a ser la celestina de las orgías de corrupción del clan Char en su autoritarismo político regional.
Es la caja menor, la escuela de los mochileros, didactas y mantecos del partido del alcalde, la guardería de los próximos corruptos que protagonizarán los murales y vallas de proselitismo propias de las campañas electorales nacionales y territoriales, aunque yo los he visto metiendo la mano hasta en los Concejos de Juventudes y las elecciones de JAC.
Tiene una especie de fetiche por ganar elecciones como sea, así no sirva para nada el cargo obtenido, como pasa con los Consejos de Juventudes y los ediles de Barranquilla, pero si revisas de qué partido vienen la mayoría de miembros de estos entes inservibles, verás que son de Cambio Radical, el partido de los Char y en Segundo lugar de La U o del Centro Democrático.
Así las cosas, paso a poner en contexto como pasó la Universidad del Atlántico del ideal de Julio Enrique Blanco, a osar por alcanzar los objetivos neoliberales de la Ley 30… a ser una pocilga.
La acreditación de papel
Como les dije, el mismo Estado que crea la Ley 30 del 92, pasa casi 25 años después –cómo lo advierte en esa Ley- a revisar cuáles programas, facultades y universidades cumplen con los estándares que exige la mencionada Ley, la cual no es otra cosa que los estándares del mundo globalizado y unificado tras la caída del Muro de Berlín.
En otras palabras, el conocimiento impartido en una Universidad acreditada con Alta Calidad es un conocimiento calificado universalmente como bueno y, por ende, es igual de válido el conocimiento de alguien de la Universidad del Atlántico que el de la UNAM de México, en teoría.
Esto —planteado en un mundo sin fronteras— era la panacea para que todos los profesionales tengan dignidad por quemarse las pestañas por más de 5 años, por decir lo menos.
Sin embargo, lo irónico es que ese mismo Estado que crea la Ley para calificar la acreditación universitaria, es el encargado del presupuesto que las universidades públicas han demandado durante estas últimas décadas para alcanzar dichos objetivos plasmados en esa Ley, presupuesto que como dije y todos sabemos, ha sido saqueado, desviado o utilizado para crear más burocracia en aras de las campañas electorales.
Y al mismo tiempo es ese mismo Estado el que amenaza con cerrar los programas, facultades y universidades que no alcancen los estándares sugeridos debido a la falta de presupuesto; y al mismo tiempo las universidades privadas en las que no interviene el Estado que creó la Ley 30, cumplen actualmente con condiciones de sobra para acreditarse y hay un abismo entre las universidades privadas y la Universidad del Atlántico en todo, pero sobre todo en condiciones físicas. ¿Es esto otra cosa distinta a un suicidio estatal?
Pero esto no para aquí. Del ahogado el sombrero. A sabiendas de que la Universidad del Atlántico no alcanzaría los estándares sugeridos por todos esos decretos que generaron los padres de la patria en los últimos 30 años en base a la Ley 30 del 92, se usó está realidad producida por la corrupción nacional y regional con su presupuesto, para arrinconarla institucionalmente, difamando sus intenciones de acreditación, catalogándolas casi que como un fraude.
Para los que no saben el proceso de acreditación consta básicamente de tres fases.
La primera es la autoevaluación, lo que como su nombre lo indica, las directivas universitarias –a través de otra burocracia llamada Comité de acreditación- generan una autoevaluación sobre sus condiciones actuales (infraestructura, personal de planta, producción de investigación, calidad de los profesores, deserción, actualidad de sus egresados, etc.) y las comparan con los estándares que piden los decretos derivados de la Ley 30 y la misma Ley 30. Si ven que todos o la mayoría de esas exigencias se alcanzan, se envía la autoevaluación al Consejo Nacional de Acreditación (otra burocracia del Ministerio de Educación) el cual, previo al veredicto final, envía a los pares evaluadores, quienes como su nombre lo indica son profesionales en igual de condiciones que quienes mandaron la autoevaluación al CNA (en este caso el Comité Nacional de Acreditación de la UniAtlántico). Luego de esta visita, lo que toca es esperar el juicio final de parte del omnipotente CNA.
Hasta aquí les estoy hablando lo que sucedió entre 2016 y el primer semestre de 2017. La esperada calificación les llegó primero a los programas de la Facultad de Educación, mi Facultad. Y el resultado no podría ser peor.
El 16 de junio de 2017 estalló el primer petardo que la criminal politiquería local le tiraba a la Universidad del Atlántico en su “falso positivo” por la acreditación institucional. El diario El Heraldo, muy afín a la casa Char, tituló en una nota: “MEN niega acreditación de 8 programas a Uniatlántico” (https://www.elheraldo.co/barranquilla/men-niega-acreditacion-de-8-programas-uniatlantico-373073) y aclaraba de manera tajante e irresponsable: “Una fuente explicó a El Heraldo que con la decisión del Ministerio la universidad no puede seguir recibiendo estudiantes porque el programa pierde el registro calificado”.
Lo anterior es algo totalmente ilegítimo y falso, pues aunque la Ley 30 sí aclara que los programas que no cumplan con los estándares exigidos puede cerrarse, y según las resoluciones 11452, 11752, 11760, 11778, 11780, y 11781 (todas de junio de 2017) los programas presentan fallas inexplicables como permanencia de los estudiantes en su carrera muy extensa, profesores con 180% de prestación de servicios, profesores con más de 2 contratos, bajo nivel en las pruebas Saber Pro, pocas actividades de extensión, baja o nula internacionalización, baja productividad académica, nula información sobre sus egresados, entre muchas otras cosas vergonzosamente negativas…
Esto no causa la pérdida del registro calificado, pues este reconocimiento se obtiene por un trámite distinto a la acreditación y por el hecho de no acreditarse en alta calidad no le quita el registro calificado, a menos que se venza este último. Sin embargo, sirve esta posición del diario para resaltar los objetivos de la oligarquía administrativa territorial. Además, es totalmente anticonstitucional que un Gobierno comience su periodo con 10 facultades de Educación (por poner un ejemplo) y termine con 9 por cumplir la Ley, como estaba haciendo el Gobierno Santos en este caso.
Las declaraciones del CNA daban a entender que quienes hicieron la autoevaluación (Comité de Acreditación) quisieron olímpicamente “meterle gato por liebre” al CNA y este ente los “pilló”. La clausura de 8 programas de la Facultad de Educación era inminente, estábamos contra la pared, por no alcanzar los estándares que exige el mismo Estado que le ha serruchado los presupuestos a la Universidad del Atlántico y que no ha hecho vigilancia para que eso deje de pasar.
Y teníamos 10 días para hacer bien, lo que habíamos hecho mal durante 2 años. Para mí, profesores de planta, directivas y profesores contratados estaban confabulados para arrinconar a la Universidad a inclinarse por la privatización para “salvarla”.
Y lo confirmaba una recomendación del CNA en todas las resoluciones que emitió. Esta sugería de forma subjetiva: “La Universidad continúa presentando inestabilidad en las directivas de la institución por un periodo extenso de tiempo, lo cual PUEDE (aquí entra la subjetividad del funcionario) interferir en la adecuada planeación y desarrollo de planes y proyectos docentes, de investigación y de extensión a mediano y largo plazo, tanto de los programas que oferta como de la institución misma”
En otras palabras, aquí se está sugiriendo que una de las razones por la que no se alcanzan las exigencias del CNA y la Ley 30, podría ser la interinidad que en esos momentos mantenía hacía varios años la Universidad del Atlántico después de la salida de la uribista Ana Sofía Meza y el mamerto de Rafael Castillo.
Rafaela Voz Obeso era la rectora interina en el momento en que salieron las resoluciones y en ningún momento alzó la voz para decir que no era su culpa que eso pasara. Ni nadie de la universidad apeló sobre la incoherencia de que el mismo Estado responsable de desviar los presupuestos de la Universidad, amenace con cerrarle 8 programas por no alcanzar objetivos propios del presupuesto. Todos aceptaron la decisión y las recomendaciones del omnipotente CNA, menos yo. (Ya más o menos vayan viendo por qué terminé expulsado).
La entrada de Prasca.
El plan era perfecto, con la recomendación última del CNA las iniciativas de la Universidad iban encaminadas a definir rector en propiedad, pues según el criterio de un funcionario del ente calificador o de la Ministra de Educación de la época, Janeth Yiha Tovar (otra ahijada política del clan Char), escogiendo rector en propiedad, todos los objetivos fallidos que presentaban las resoluciones de junio de 2017 se resolverían por añadidura, casi que por inercia. Yo obviamente no lo creí y estaba pendiente de cómo iban a hacer las directivas para que el CNA se retractara de lo dicho en junio en los 10 días de plazo para presentar recurso de apelación.
El clan Char visionó que podía hacer moñona en esta situación. La universidad estaba acorralada y desprestigiada nacionalmente gracias al CNA. Entre los salvavidas que le manda el CNA a la UniAtlántico, está la elección de un rector en propiedad, elección que no se había hecho debido en buena parte a la mañosa forma de elección de rector en esta Alma Mater.
El rector lo escoge el Consejo Superior, compuesto por 9 miembros, de los cuales solo 1 es estudiante y 1 es profesor, de resto todos son burócratas del Estado. Si se obtiene el voto de 5 miembros se gana por mayoría. Esta elección estuvo frenada un buen tiempo entre otras cosas por la imposibilidad del voto del representante de los gremios (un sector que no aporta nada a esta Universidad), nada más y nada menos que Cesar Lorduy.
Una vez habilitado este último, dio el voto que hacía falta y de una Carlos Prasca se hizo rector de la UdelA, sin ser doctor, y por encima de muchos doctores egresados de esta institución.
Como recompensa por su colaboración Lorduy fue recompensado con una de las votaciones más altas en las elecciones de 2018, pero esta vez en 2022 se quemó… La Facultad de Educación fue acreditada casi que de inmediato y al revisar las resoluciones del CNA que acreditaban a los programas para saber que habían hecho las directivas para hacer cambiar de parecer a nuestro juez natural, me enteré de que olímpicamente el CNA reconoció que había entendido mal la primera autoevaluación y que ahora corregía todas las barbaridades que dijeron en junio de 2017. Le escogimos a Prasca y amanecimos con la acreditación de papel bajo la almohada. No haga más. Al poco tiempo se acreditó toda la Universidad en Alta Calidad.
Entró Prasca y con esto, casi que de inmediato, la sobrecontratación propia de la repartición de mermelada a la hora de ganar un cargo público por una maquinaria, pero en este caso veríamos una forma de corrupción sin precedente: las acusaciones de acoso sexual hechas por parte de estudiantes mujeres de la universidad, de las cuales se conocieron públicamente audios e imágenes que hablan por sí solas…
Las reacciones no se hicieron esperar y durante todo su periodo aumentaron las manifestaciones de los grupos anarco-estudiantiles en contra de su administración, lo que llega a su punto cumbre en el paro del segundo semestre de 2018, tras el cual yo fui expulsado de la Universidad.
Este paro, como todos, tuvo su fin después de arreglos entre los de la rosca y los que están fuera de la rosca, dejando a los estudiantes en ascuas sobre que iba a pasar ahora para saldar la deuda institucional y de infraestructura que tenía la Universidad. Con todo esto, la tensión no bajó y luego de un 2019 de mucho activismo encapuchado, Carlos Prasca hizo lo único que no podía hacer en su cargo: vulnerar la sagrada autonomía universitaria. El 24 de octubre (fecha de duelo en la Universidad del Atlántico), dejó ingresar en su totalidad al ESMAD, quienes humillaron a los estudiantes hasta donde se les permitió. Al día siguiente, Prasca estaba fuera de la Universidad del Atlántico, terminaba un ciclo de corrupción bien acelerado, apoyados en el autoritarismo que el clan Char ostenta en esta institución y todo el departamento al que pertenece… pero nada iba a mejorar para bien…
De nuevo a la interinidad hasta Danilo Hernández: la fase pocilga
Luego de la salida de Prasca, vino una obvia interinidad, mientras se creaban las condiciones para elegir rector otra vez. Escuché varios apellidos pasar por ese cargo, Restrepo, Henao, etc… pero también vino la pandemia y está llegó cuando en la Universidad se adelantaban trabajos de adecuación en los Bloques ABC, que son los bloques de los programas que usan laboratorios.
Por orden de Presidencia, la virtualidad fue la opción obligatoria para dar clases. Amparados en el confinamiento, las obras en la universidad se suspendieron y solo se empezó a hablar de estas, otra vez, en vísperas al regreso a la presencialidad.
Sin embargo, las obras que anunciaba la nueva administración en propiedad dela UniAtlantico liderada por Danilo Hernández, iban enfocadas en las adecuaciones propias pospandemia, como la adecuación de baños, la instalación de lavamanos, gel antibacterial y otras cosas menores, en comparación con las intervenciones que necesita la Universidad desde antes de pandemia, las cuales incluyen desde la adecuación de bloques enteros, hasta el suministro constante de agua y electricidad, la adecuación de todas las canchas, piscina y ascensores.
Con todo y eso, amparado en la Resolución 2157 del MinSalud y presionado por el CNA al vencerse el certificado de acreditación de Alta Calidad obtenida en 2018, Danilo Hernández se obsesionó con el regreso a la presencialidad, sin tener en cuenta que si bien MinSalud permitía el regreso a presencialidad por cuestiones de porcentajes de Vacunados y pacientes en UCI, las limitaciones que produzcan en la infraestructura física de la Universidad la corrupción interna de sus administradores, nada tiene que ver con las garantías que da la resolución de MinSalud.
Y Danilo quiere mezclar lo uno con lo otro y así volver a hacer moñona: al tiempo que demuestra que todo en la UA está bien y que esa robadera interna no causa detrimento en la infraestructura física, busca que sus camaradas del CNA lo vuelvan a acreditar en Alta calidad con la Universidad en obra negra, con menos argumento físico para acreditarse, con andamios, obras inconclusas, material cayendo, con verdaderas aberraciones de albañilería (ver fotos), con una universidad convertida en Pocilga…
Se debe estar revolcando en su tumba Julio Enrique Blanco, pero que se rasque duro, porque esto no va a parar a menos que el estudiantado se defienda dignamente. Pero hasta ahora solo demuestran anarquía como método revolucionario… estéril y marginal.
La Universidad del Atlántico en el papel está acreditada, pero ni papel higiénico tiene en sus baños. Una visita por su sede norte, les quitará de seguro las ganas de dejar que sus hijos entren a estudiar a ese antro de corrupción, anarquía, fornicación y drogadicción…
