El pasado domingo 17 de abril la oposición mexicana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hundió en la cámara de diputados la reforma energética que presentará el ejecutivo y que en resumidas cuentas significaba bajar la tarifa eléctrica para la mayoría de la población y garantizar la estabilidad de la misma en el tiempo.
Aunque la bancada de gobierno tiene la mayoría simple, las reformas constitucionales necesitan la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados, algo equivalente a 332 votos, pero los resultados fueron 275 votos a favor y 223 en contra.
No obstante, las advertencias de numerosos colectivos hasta de la misma oposición, el PRI, PAN, PDR y MC, más por un tema de corrupción y egos que de juicio, decidieron ingenuamente hundir la reforma que aclamaba el pueblo, consumando una traición a la patria y auto decretándose muerte política. Recordemos que se aproximan elecciones para gobernaturas en algunos estados mexicanos, y este descalabro político ya se ve reflejado en encuestas y en el desprecio que la población les manifiestas en las calles
¿Por qué tipificar esta conducta cómo traición a la patria? Recapitulemos:
En 2013 el gobierno de Peña Nieto presento una reforma energética con la cual supuestamente se fortalecería la Comisión Federal de Electricidad -CFE-, sin ahondar que el senador Jorge Lavalle del PAN está en prisión por recibir sobornos para aprobar dicha reforma, realmente pasó lo contrario, y 60 hidroeléctricas del país pasaron a producir solo el 30% de su capacidad ya que la ley prioriza la energía de las privadas extranjeras como Iberdrola, empresa que tiene a los españoles del cuello con las elevadas tarifas energéticas. Todo esto a pesar que la empresa pública está en capacidad de producir el 85% de la energía del país tal como lo manifiesta Miguel Alejandro López López, subdirector de contratación y servicios de CFE, por estas disposiciones la empresa solo puede proveer el 39% del consumo del país dándole el resto a las extranjeras.
En la mañanera del 21 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente:
"En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria.
‘Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria’.
‘Se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero’. Está en el Código Penal.
Que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo ‘no quiero que me digan que soy traidor’ cuando consciente o inconsciente se ayuda a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos porque votaron, consciente o inconsciente, a favor de Iberdrola”, dijo.
El jueves 21 de abril la oposición se quejó ante la ONU sobre por qué el gobierno los llama traidores a la patria, pero la realidad es que ellos cavaron su propia tumba política.
