El documento borrador del CONPES Política para la transformación rural integral busca ser un instrumento de política que atiende al campo colombiano desde una perspectiva empresarial, sin campesinado, sin implementación del acuerdo de paz, mucho menos de democratizar la tierra para dar el giro hacia la producción agraria que tanto necesita el país en tiempos de hambre y encarecimiento de los alimentos.
En la misma línea de este gobierno uribista, este borrador de CONPES le apuesta a la transformación rural integral sin reconocer al campesino como sujeto de derechos (ni siquiera lo nombra), dejando intacta la estructura de la tenencia de la tierra y no impulsa la reforma rural integral del acuerdo de paz, así que lo que menos busca este instrumento de política es lo que su título indica. Lo que sí hace este CONPES es minimizar el problema del campo y el mismo acuerdo de paz. Veamos porqué:
El Plan de Acción y Seguimiento del nombrado CONPES contempla un tiempo desde el 2022 hasta el 2031 y un presupuesto de 6,3 billones de pesos. Según este instrumento, en ese tiempo y con ese monto económico se “aumentará la competitividad del sector agropecuario para lograr la Transformación Rural Integral a través del desarrollo de entornos seguros, el fortalecimiento de la provisión de bienes y servicios sectoriales, el aumento en la Productividad Total de los Factores, y el desarrollo de mercados agrícolas eficientes para que todos los productores del sector puedan participar en los mercados globales de manera sostenible mejorando sus condiciones de vida”.
El problema del campo colombiano va mucho más allá de atender sus necesidades con esa escueta suma de dinero y tocando tan solo esos factores arriba nombrados puesto que lo que ha sucedido históricamente en nuestra ruralidad ha sido raíz del conflicto en el país y que estuvo incluido dentro de la agenda de la negociación entre la otrora Farc-EP y el gobierno de Santos, y que tuvo su fin mediante la firma del acuerdo de paz. Y este CONPES desconoce de tajo el Plan Marco de Implementación de dicho acuerdo, el cual estableció los montos indicativos para cada punto firmado en La Habana, refrendado por el Legislativo e incluido en la Carta Constitucional, siendo así una política de Estado.
Tan solo la implementación integral de la reforma rural integral –punto 1– tiene un costo total de 110,6 billones de pesos a 2016, es decir, el 85,4 % del total del monto de la implementación; y el punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito –que hace parte de la misma reforma rural integral– cuesta otros 8,3 billones de pesos, 6,4 % de la participación del total de la implementación.
En otras palabras, el presupuesto que se busca sea asignado al mencionado CONPES no alcanza ni siquiera para una sustitución de los cultivos de uso ilícito, mucho menos para la transformación rural integral, que entre otras cosas y pasando a un segundo punto, desdibuja la transformación estructural; el desarrollo integral del campo; la integralidad; y el bienestar y el buen vivir, cuatro de los principios del punto 1, todos ellos que se cimentan en la transformación del campo con equidad, bienestar, la democracia, la erradicación de la pobreza, el reconocimiento de las diferentes formas de producción, con especial énfasis en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, desdibujada en un CONPES que la llama pequeña producción, término que invisibiliza a una población campesina que puede ser más 30 % del total de los colombianos.
El tercer elemento por el cual el CONPES desdibuja el acuerdo de paz es en los antecedentes de política y normatividad. Tan solo nombra el acuerdo de manera general y solo toca los 13 planes nacionales vigentes hoy mediante resolución. Sin embargo, este documento no involucra lo desarrollado en los decretos con fuerza de ley que permiten avanzar en la implementación del acuerdo de paz, como por ejemplo el 893 de 2017 que crea los PDET –hoy completamente tergiversados–, en instrumentos de política como el Plan Marco de Implementación que contiene las metas, indicadores, presupuesto y demás herramientas necesarias para hacer realidad la paz del país. Así pues, este CONPES solo contempla lo poco y nada que ha sacado este gobierno en torno a la implementación del acuerdo, que no es lo que se acordó.
El cuarto aspecto tiene que ver con la llamada Productividad Total de los Factores, que como el mismo borrador CONPES indica, “da cuenta del crecimiento de la producción, excluyendo el uso de los factores tierra, capital y trabajo”, es decir, transformación rural integral sin democratizar la tierra ni ponerla a producir, sin invertir capital y sin mejorar las condiciones laborales en el campo colombiano, aspectos claves en el punto 1 de Reforma Rural Integral.
Colombia no puede seguir aprobando políticas que minimicen el problema o lo busquen solucionar cuando no se ha tocado el origen del mismo. Como dirían nuestros mayores, hay que coger el toro por los cachos y eso se llama implementación del punto 1 y 4 del acuerdo de paz. Ahí están los instrumentos que permiten cimentar la transformación estructural del campo colombiano. En época de inseguridad alimentaria hay que fijarse en la tierra como lugar para la producción alimentaria, en el campesinado como sujeto transformador y protector de la misma.
