Cada 9 de abril en Colombia se conmemoran no solo los hechos desencadenados por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 —que trajeron consigo una escalada de terror conocida como La Violencia— sino que, a partir de la ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) se reconoce esta fecha como el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.
En el país, el panorama de víctimas sigue en aumento. En lo corrido del año con corte al 8 de abril, según cifras de Indepaz se han perpetrado 32 masacres; de estas, la que más víctimas ha cobrado ha sido la masacre perpetrada en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, por parte del ejército, con 11 víctimas el pasado 28 de marzo.
Esta masacre ha generado escozor, no solo por quienes fueron sus autores, sino por la forma en que se perpetró y el ánimo con el que se ha manejado la situación, que ha hecho que se remueva en la conciencia del pueblo colombiano los denominados falsos positivos.
En primer lugar, sus perpetradores, militares que en medio de la operación cambiaron de atuendo y manipularon el lugar de los hechos, manteniendo al margen a la población que expectante observaba las maniobras de las fuerzas del Estado para lograr hacer coincidir a los muertos con combatientes.
Se reconocen oficialmente por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6402 falsos positivos durante el periodo denominado como la Seguridad Democrática en un periodo de gobierno que se perpetuó por ocho años.
Este plan gubernamental buscaba debilitar al movimiento guerrillero FARC-EP para llevarlo a su rendición, esquema que en el ámbito del discurso pretendió eliminar la existencia de un conflicto interno y plantear la posibilidad de ver agrupaciones armadas como el ELN y las propias FARC como terroristas, desconociendo el ámbito de la lucha armada que habían emprendido desde su conformación.
Cabe aclarar, que según afirma Ariel Ávila en el texto Detrás de la guerra en Colombia, la Seguridad Democrática se enfocó principalmente en las FARC-EP, en tanto que, los movimientos paramilitares se enfocaron en desquebrajar la estructura social y armada que había conformado el ELN en sus territorios de acción.
Así, el accionar de las fuerzas militares se enfocó en la política de bajas en combate, o lo que también se denomina positivos, cada baja en combate es un positivo, con el tiempo, se evidenció que este actuar del ejercito era premiado entre otras formas, de manera monetaria.
Este incentivo perverso, generó que, durante el periodo presidencial en mención, las bajas en combate crecieran, mostrando así la efectividad del ejército colombiano.
Lo que se escondía detrás de ello era el hecho que un elevado número de civiles, que superaría la cifra de 6402, fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados vestidos de camuflado, armados, como en Alto Remanso, como si fuesen auténticos combatientes de las FARC o en el caso actual de sus disidencias.
El discurso en la actualidad, que tuvo un intermedio en el cual se desarrolló el proceso de paz firmado en el año 2016, sigue siendo el mismo de la Seguridad Democrática, incrementando su animadversión y estigmatización principalmente contra la población campesina, indígena y afro como parte de los movimientos disidentes, mientras más cercanas se encuentren las elecciones a la presidencia, intentando legitimar de esta forma que el actuar de las fuerzas armadas se debe enfocar en la lucha contra el terrorismo, mote que no ha cesado en dicho discurso, que en los trinos del propio ministro de defensa se traducen como #SimbolosDelMal, intentando evidenciar que en manos del gobierno y el accionar de las fuerzas armadas estaría materializado el bien hacia los blancos legítimos.
A casi seis años de la firma del acuerdo, sigue siendo evidente lo que se advirtió en los discursos de la anterior campaña presidencial, hacer trizas los acuerdos, pues, aunque a nivel internacional se siga pretendiendo evidenciar que el país va por la senda de la paz con lo que también en el discurso se ha trasformado en la denominada paz con legalidad.
Los organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU han evidenciado cómo durante este Gobierno se ha atentado contra los derechos humanos en diversas comunidades, se ha abandonado la implementación de los acuerdos, dejando a su paso una estela de víctimas entre las cuales se resaltan los 52 líderes sociales y 14 firmantes del acuerdo asesinados tan solo durante el 2022 según cifras de Indepaz, ello sin mencionar las victimas de desplazamiento por el desamparo del Estado en los territorios y las amenazas en contra la labor informativa, de la que ya han sido víctimas los equipos periodísticos que han mostrado al país lo sucedido aquel fatídico 28 de marzo en la vereda Alto Remanso.
Tenemos así, la continuidad de un discurso guerrerista a cuatro meses de que llegue un nuevo mandatario a la Casa de Nariño, un discurso que busca legitimar el accionar de las políticas encubiertas de la Seguridad Democrática.
Un discurso que se atreve a decirle a otras naciones como Rusia que están atentando contra los derechos humanos de la población ucraniana, pero no se atreve a reconocer que al interior del país se están violando los derechos humanos de manera flagrante, que se han incumplido los acuerdo de paz, que no se encuentran centrados en los excombatientes de las FARC o que pretendían entregarle el país a la desmovilizada guerrilla como han manifestado en su diatriba contra el proceso, sino que se encuentran centrados en las víctimas que por más de cincuenta años han soportado el abandono, la desidia y el terror a manos de las fuerzas del Estado.
