Mientras en Colombia crece la violencia en las regiones con hechos execrables como la masacre de indígenas y campesinos en Puerto Leguízamo, el asesinato de excombatientes de las Farc y de líderes sociales y ambientalistas, el señor Iván Duque se acaba de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU a presentar un informe sobre sus supuestos logros en lo relacionado con los avances en la implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc.
Se trata de una versión mentirosa sobre la paz que los hechos desmienten por donde se le mire. Duque y el uribismo llegaron al gobierno en el año 2018 a hacer trizas los acuerdos de paz, a sabotear sus desarrollos a impedir su materialización en los diversos campos incluidos en los textos de los pactos firmados en el segundo semestre del 2016.
Pese a su esquema acotado a los protocolos del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció un formato liberal y neocolonial para superar los conflictos nacionales suscitados después de la segunda guerra mundial, incluido el colombiano, la ultraderecha colombiana, basada en los resultados del plebiscito del 2016 que le dio un estrecho triunfo al NO, se las arregló para proyectar una estrategia de destrucción de los acuerdos a la que denomino “Paz con legalidad” que en realidad es un listado de generalidades para justificar el flujo de la cooperación internacional (cercana a los 3 billones de pesos/800 millones de dólares) para la paz que terminó en los bolsillos de la casta politiquera, premiada con cupos presupuestales en los PDET por su apoyo a la gobernabilidad de soborno del señor Duque. (https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Documents/Politica_PAZ_CON_LEGALIDAD_Consejeria_Estabilizacion.pdf)
El ataque a los consensos de paz durante la actual administración ha sido multidimensional y masivo. Empezando por el asesinato de los excombatientes de las Farc, 400 de los cuales han sido acribillados por retículas en las que están involucrados integrantes del ejército, la policía y la Fiscalía.
La reforma agraria integral se quedó en el papel y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, previstos para ejecutar tal programa fueron desnaturalizados y convertidos en obras de infraestructura de mala calidad adjudicadas a dedo por las fichas parlamentarias del régimen entre contratistas criminales que han desviado multimillonarias partidas hacia los bolsillos de particulares.
La reforma agraria que tenía prevista la adjudicación de 3 millones de hectáreas a campesinos pobres y la titulación de 7 millones de hectáreas en situación de informalidad, nunca se hizo realidad, por el contrario, creció el monopolio de la propiedad agraria y se profundizo el despojo de miles de campesinos que fueron desplazados por los grupos del neo paramilitarismo organizados por los militares colombianos.
En materia política se refundió el Estatuto de la participación democrática que tenía prevista la democratización del Estado con el fortalecimiento del control ciudadano sobre la gestión del gobierno. El sistema de garantías de seguridad para la participación política se hizo a un lado para solo favorecer a los gamonales del régimen.
La Justicia transicional y el régimen de verdad, al igual que la búsqueda de los desaparecidos ha sufrido el ataque permanente de las esferas gubernamentales que han presionado su anulación para favorecer la impunidad de los militares.
La sustitución voluntaria de los cultivos de coca termino en la completa bancarrota porque los proyectos productivos nunca recibieron el apoyo financiero del Gobierno para darle estabilidad a los cocaleros.
Los reincorporados de las Farc, además de ser asesinados, no reciben las garantías ni los auxilios consensuados para favorecer su reintegración económica, social y cultural en condiciones de dignidad, lo que por supuesto ha derivado en la expansión de las neo insurgencias de las Farc en los territorios tradicionales de la resistencia campesina.
Lo cierto es que la “Paz con legalidad” de Duque es una mascarada utilizada para encubrir el grave proceso de corrupción con los dineros internacionales y públicos apropiados para implementar los acuerdos de paz. (https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Documents/Politica_PAZ_CON_LEGALIDAD_Consejeria_Estabilizacion.pdf)
La paz de Duque es una falacia y la consecuencia es la activación de un tercer ciclo de la guerra que ofrece mil rostros por las formas como se expresa en las regiones y por sus imbricaciones internacionales en las zonas de frontera contagiadas por el choque entre el Estado colombiano otanizado con los países del vecindario, como ocurre con Venezuela y Nicaragua.
El discurso de Duque ha sido cuestionado en la plenaria del Consejo de Seguridad por los delegados de los gobiernos de Francia, Rusia, Irlanda y otras 8 naciones que no se comen el cuento de las bellezas edulcoradas ofrecidas por el representante del régimen colombiano que representa los núcleos oligárquicos más regresivos del país.
