El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, prefirió "capturar" a un solo hombre, a alias Otoniel, jefe máximo de las Autodefensas Gaitanistas, a riesgo de fragmentar, de atomizar, la unidad de una cohesionada y poderosa organización ilegal en armas, que desmovilizar, en una acción concertada que de años se venía adelantando, a toda una estructura armada con más de 6.000 combatientes (más de 8.000 personas en nómina, según lo dijo este mismo) dispuestos a acogerse a una política de sometimiento a la justicia, favorable, donde sean cual fueren las concesiones, la nación habría salido más gananciosa que lo que hasta ahora se logró.
Sin embargo, el presidente Duque ahora anda pavoneándose —con una arrogancia de pantaloncitos estrechos— en los medios de comunicación (televisión y prensa) mostrando esa "captura" como si fuese gran cosa en su gestión y no la realidad, un error, una equivocación, la pérdida inequívoca de una gran oportunidad de empoderar al Estado en el monopolio legítimo de las armas y en la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio nacional, donde esa fuerza armada ilegal tiene también temeraria presencia, que padecen a diario los ciudadanos humildes e inermes.
La denuncia de Otoniel ante la JEP, hace unos meses, así lo demostró, y dejó muy mal parado al exfiscal Nestor Húmberto Martínez, un palo en la rueda del necesario vehículo de la paz nacional, ese legítimo, sagrado, derecho que tenemos constitucionalmente los colombianos; y él mismo así lo confirmó en una vergonzosa columna de prensa en el histórico periódico El Tiempo.
Ahora, el gobierno de Duque quiere incurrir en otro error: extraditar a Otoniel ("Le reiteramos a esa sabandija que será extraditado", dijo, primero, y, después, hace tan solo dos días, le mostró festivo al país el decreto con su firma que autoriza y ordena la extradición) quizá, para acallar con esto la verdad, como lo analiza y comenta ahora buena parte de la nación.
Además, ¿error?, porque mientras purgan los extraditados, como lo sería Otoniel, años y años de una dura condena en Estados Unidos, co-responsables y cómplices de crímenes en Colombia, no serían en unos años judicializados. Y cuando por fin esos extraditados declaren, los conciertos criminales por esos crímenes ya habrían precluido penalmente.
Hoy las víctimas le reclaman al Estado su derecho a la verdad. No se entiende entonces por qué, a la luz de ese reclamó, alias Otoniel, un hombre clave en la paz y en la tarea ardua de descifrar el acertijo del entramado criminal internacional en el que se haya inserto Colombia, con una ligereza estatal que no deja de suscitar suspicacias va a ser extraditado.
Si el clamor de víctimas no solo en Urabá, dice, a voz en cuello, en todos los rincones del país: 《¡No a la Extradición de alias Otoniel!》.
Los colombianos tenemos derecho a la verdad, más esas miles de víctimas, por lo que el Estado colombiano no puede valerse de una herramienta de cooperación internacional para negarle a sus propios ciudadanos su derecho a conocer qué pasó en el intrincado conflicto colombiano.
Extraditar a un hombre, a un guerrero, de estas características es implementar la ley del silencio, ser cómplice con la barbarie en Colombia. Y es precisamente lo que hace el impopular (¿abyecto?) presidente Duque.
