El conjunto residencial campestre Bosques de Torca, en zona rural de Usaquén, no ha estado exento de polémica por la forma en que se fue comiendo una montaña completa que forma parte de la reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá.
Las licencias de construcción otorgadas entre 1997 y 2003 por tres curadores urbanos fueron incluso objeto de una investigación y denuncia por parte de la Contraloría distrital en 2005.
Algunos de los curadores implicados esgrimen que desde 1989 ya existía una resolución que permitía su urbanización, pero también es cierto que este desarrollo pasa por alto una ley primaria, el artículo 58 de la Constitución, que consagra la función social y ecológica de la propiedad privada y la prevalencia del interés general sobre el particular.
Contraloría distrital destapa irregularidades
En 2005, una investigación de la Controlaría de Bogotá advirtió sobre las irregularidades en que habrían incurrido curadores urbanos al otorgar licencias de urbanismo y construcción en los cerros tutelares de la capital colombiana.
En el caso particular de Bosques de Torca, fueron sobre todo las curadurías 2 y 4 las que facilitaron la urbanización de esa parte de la reserva forestal protectora de los Cerros Orientales (así declarada desde 1976 por el Inderena).
Como particulares, los curadores urbanos, advierte la investigación, están obligados a preservar la moralidad de la función pública que el Estado les ha confiado y a verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, lo que incluye principios como la función social y ecológica de la propiedad privada y la prevalencia del interés general sobre el particular (Art. 58 de la Constitución).
Fueron muchos los desarrollos inmobiliarios con licencias irregulares advertidos por la Contraloría distrital, como Cerros del Castillo (Calle 57 2-47 Este), Mabruk (Calle 83 2-50 Este) o Torres del Metropolitan (Tr. 2 Este 77-76), entre otros.
Pero llama la atención que fueron sobre todo predios y lotes de Bosques de Torca (K7 245-60), y sus propietarios, los que más se vieron beneficiados con estas licencias de construcción.
Para la época en que se otorgaron, en registros históricos e incluso judiciales consta que Brianda Reniz Caballero fue titular de la curaduría urbana 2 entre 1996 y 2005 (año en que fue suspendida del cargo), mientras que Jaime Barrero Fandiño (1997-2001) y Germán Ruiz Silva (2001-2005, año en que también fue destituido) tuvieron sucesivamente a su cargo la curaduría urbana 4.
Ruiz Silva, destituido e inhabilitado por 15 años
Por irregularidades en el otorgamiento de licencias de construcción, Ruiz Silva terminó investigado por la Procuraduría y sancionado en 2005 con su destitución e inhabilitad para ocupar cargos públicos.
No contento, Ruiz Silva todavía se dio el lujo de otorgar 81 licencias de construcción cuando ya había sido destituido, licencias que por fortuna la Secretaría de Planeación Distrital alcanzó a revocar en febrero de 2006, ente que incluso informó del caso a la Fiscalía General, entonces dirigida por Mario Iguarán (quien por lo visto no hizo mayor cosa al respecto).
Ruiz Silva hoy se promociona a sí mismo como arquitecto urbanista con 50 años de experiencia y asesor técnico en una compañía de bienes raíces, La Huella Construcciones, con sede en Pereira. Y en su trayectoria incluye su paso por la curaduría urbana 4 “y como tal otorgante de 7654 licencias de arquitectura y urbanismo”.
Como curador, este individuo fue uno de los que más licencias de construcción otorgó –al menos seis– al depredador conjunto residencial Bosques de Torca, para beneficio de los propietarios de los lotes 15, 13, 35, 12, 23 y 3.
Para el también polémico proyecto Cerro Verde (Tr.2E No. 67-50), que por fortuna no se construyó gracias a recursos judiciales interpuestos, Ruiz Silva también había otorgado la respectiva licencia, LC04-4-0969, el 23 de julio de 2004.
Barrero Fandiño esgrime norma de 1989
El arquitecto y entonces curador Jaime Barrero Fandiño, quien incluso pasó por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), fue de los primeros en otorgar licencias de construcción para Bosques de Torca.
En la investigación de la Contraloría consta que la curaduría urbana 4, para la época de Barrero, otorgó por lo menos dos licencias de construcción: LC97-5-0484 (29 de agosto de 1997, para el lote 22) y la 00-4-0098 (8 de febrero de 2000, lote 2).
Por la fecha en que se otorgó una tercera licencia para Bosques de Torca, la 01-4-1298 del 31 de diciembre de 2001, no es claro si fue la administración de Barrero la que alcanzó a otorgarla o lo hizo ya la de su sucesor, el destituido Ruiz Silva.
Barrero esgrime que otorgó las licencias de construcción en Bosques de Torca con base en una licencia de urbanismo vigente (aprobación del plano de localización) según la Resolución 235 de 1989 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con firma de su entonces director Luis Felipe Vergara.
No obstante, dicha resolución también deja claro que en la zona, “de reserva ambiental”, no se permitirán cerramientos en las zonas de uso público, incluida la ronda de la Quebrada de Torca, condición que no se cumple dado que, por ejemplo, la barda perimetral que delimita Bosques de Torca en la práctica ha significado la privatización de esa parte de la reserva forestal.
Y, ante todo, como la misma Contraloría recuerda, los curadores también están obligados a velar por principios como la función social y ecológica de la propiedad privada y la prevalencia del interés general sobre el particular (Art. 58 de la Constitución).
Reniz Caballero posa de víctima
Reniz Caballero hoy se publicita como arquitecta asesora, consultora urbana e incluso coordinadora de la Comisión de Norma Urbana de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) Regional Bogotá.
Tras ser suspendida como curadora en 2005 por irregularidades detectadas, en 2006 interpuso una demanda reclamando los ingresos que dejó de percibir al ser removida de su cargo y una indemnización adicional por 100 salarios mínimos mensuales a título de daño moral, que pasó por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2012), el Consejo de Estado (2013) y llegó hasta la Corte Constitucional, que le reconoció esas pretensiones como cesante, pero que en ningún momento se pronunció de fondo sobre las irregularidades en que habría incurrido al otorgar licencias para construcciones en los Cerros Orientales, como Bosques de Torca.
Según la investigación de la Contraloría distrital, Reniz Caballero otorgó al menos dos licencias para Bosques de Torca: la LC98-2-0153 del 6 de mayo de 1998 (lote 37) y la LC2002-2-0091, del 13 de marzo de 2002 (lote 11), para no mencionar otras, como la 03-2-0148 para Altos de la Nueva Granada en 2003.
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Este daño considerable a la reserva forestal de los Cerros Orientales ha pasado relativamente inadvertido, de la mano de autoridades negligentes y medios de comunicación que se han hecho de la vista gorda o no han indagado lo suficiente.
Pero esta denuncia por parte de quienes nos preocupamos por el patrimonio ambiental y paisajístico que representan los Cerros Orientales no solo para Bogotá, sino para el país y el planeta, sigue poniendo nombre y apellido a quienes de alguna u otra manera han contribuido a su deterioro.
Por un lado, para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a que aún haya lugar, sobre todo en una época en que es cada vez más necesario el cuidado de los recursos naturales (Ley 2111 de 2021), incluidas nuestras bellas montañas.
Y por otro lado para que todos aquellos que pretendan seguir lucrándose con el patrimonio ambiental y paisajístico del país, lo piensen dos veces, pues en la actual era de la información es muy difícil cometer irregularidades sin dejar al menos huella digital.
Incluso queda pendiente saber cuántas licencias más se han otorgado desde entonces para Bosques de Torca y qué curadores urbanos lo han hecho.
Y así como ocurrió con el mediático y también escandaloso caso Bagazal, ¿para cuándo puede uno esperar que llegue por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la orden de demolición de las construcciones, igualmente ilegales, de Bosques de Torca?
El país aún espera sanciones ejemplarizantes para quienes buscan lucrarse de un patrimonio ambiental y paisajístico que es de todos.
