Los hermanos Bautista de Thomas Greg & Sons se ganaron 1.24 billones para llevar a cabo las jornadas electorales, pero acabaron con la confianza ante los problemas con los resultados.
Para la Registraduría en Colombia solo existe una empresa capaz de llevar a cabo las elecciones: Thomas Greg & Sons. Así lo demostró cuando decidió entregar casi todo el proceso electoral a la Unión Temporal Disproel, conformada por once empresas, de las cuales siete tienen a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista Palacio como representantes o miembros en las distintas juntas directivas.
Desde hace por lo menos 15 años Thomas Greg & Sons ha venido controlando las elecciones en el país. En 2009 se ganó por primera vez el contrato para la impresión de los tarjetones electorales y desde entonces se ha convertido en la contratista favorita de la Registraduría, que en cada nuevo proceso le ha entregado más dinero y más funciones propias de la entidad encargada de manejar las elecciones en el país.
Fue precisamente esta unión temporal controlada por los hermanos Bautista la que puso al servicio el software que fue saboteado en las elecciones de 2014 y que terminó en una demanda por parte del Partido MIRA. Según el fallo del Consejo de Estado, el software de Thomas Greg & Sons fue alterado a tal punto que el partido cristiano perdió tres curules que solo pudo recuperar cuatro años después en los estrados judiciales.
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El 15 de septiembre de 2021 se firmó el contrato 071 entre Disproel y la Registraduría por 1.24 billones de pesos. Salvo el escrutinio, que la Registraduría se vio obligada a contratar a través de un software que desarrolló la empresa española INDRA, el contrato con Disproel contempló las etapas preelectoral, electoral y poselectoral para las elecciones de Consejos de Juventudes 2021, elecciones de Congreso en 2022 y elecciones presidenciales en 2022. Solo para las elecciones legislativas, Disproel reportó que destinaría $198.000 millones de pesos del total del contrato. El mayor porcentaje será utilizado para las elecciones presidenciales.
El billonario contrato contempló, principalmente, I) el proceso de inscripción de cédulas; ii) inscripción de candidatos; III) revisión de firmas de candidatos inscritos con movimientos significativos de ciudadanos; IV) solución informática y logística para la designación de jurados de votación; V) suministrar los kits electorales (tarjetones, cubículos, plumones); VI) autenticación biométrica; VII) solución informática y logística para información a ciudadanos y jurados de votación, para lo cual se desarrolló la aplicación móvil Infovotantes; VIII) asistencia para la designación de testigos electorales; IX) gestión y control de puestos; X) Procesamiento de datos electorales, el preconteo; XI) publicación en la web de las actas E-14 de claveros; XII) Servicios de recolección, digitalización, recolección, transmisión, publicación en la web y el proceso de interpretación y verificación de las imágenes de las actas de jurados de votación E-14 con destino a delegados. Además, entre las otras funciones que tenía la unión temporal estaban la protección de las comunicaciones internas en el proceso electoral y el soporte técnico para el proceso completo.
Es decir, las elecciones son administradas por un grupo de empresas privadas que han demostrado en el pasado cometer graves errores que han afectado los resultados electorales.
Once empresas integran la Unión Temporal Disproel, pero en realidad en su mayoría son empresas controladas por los hermanos Bautista.
Precisamente, uno de los puntos del contrato es la solución informática y logística para la designación de los jurados de votación. En total, fueron seleccionados 727.823 personas, de las cuales, según el registrador Alex Vega, 578.615 fueron capacitadas. En otras palabras, el 19.46% de los jurados de votación no recibieron instrucciones claras sobre el proceso electoral que debían ejercer el domingo 13 de marzo.
Según las denuncias de casi todos los partidos políticos que llegaron en cascada después de que el Pacto Histórico reportara que en por lo menos 29.000 mesas de votación de todo el país no se registraba ningún voto por la coalición, hubo graves problemas en el proceso de registro de los votos en los formularios E-14 adelantado por los jurados de votación. Y no solo eso, además hubo problemas precisamente en el formulario E-14 por su disposición, pues precisamente los votos del Pacto Histórico estaban desaparecidos porque la casilla destinada a consignar el resultado de la coalición estaba marginada en el formulario. Este problema no solo le ocurrió al Pacto Histórico, sino a todos los partidos o movimientos que tenían una lista cerrada como el Nuevo Liberalismo, Estamos Listas o Salvación Nacional.
Este formulario también es responsabilidad de Disproel, que desde que firmó el contrato por 1.24 billones de pesos en septiembre de 2021 recibió otras cuatro adiciones por más de 38.000 millones de pesos. “Aquí no se han perdido votos. En muchos casos, hubo errores humanos en el diligenciamiento del formulario E-14 y la posterior transmisión de la información", aseguró el registrador Vega, reconociendo que el trabajo de Disproel y el de la Registraduría habían fallado parcialmente.
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El proceso electoral en su mayoría manejado por los hermanos Bautista en estas elecciones ha dejado mucho que desear. Todo comenzó con la inscripción de cédulas, fueron cientos de personas a las que cambiaron de puesto de votación sin previo aviso; otros muchos no pudieron consultar su mesa a través de la aplicación que Disproel había desarrollado; finalmente los formularios E-14 que diligencian los jurados de votación, miles sin capacitación por parte de la Registraduría, presentaron problemas de diseño, algo que había incluso denunciado la Misión de Observación Electoral hace varias semanas.
En el escrutinio los problemas se hicieron evidentes. Al final el Pacto Histórico recuperó cerca de 400.000 votos y tres curules que perdieron el Partido Conservador, el Centro Democrático y la Coalición Centro Esperanza. Esto fue gracias al ejército de testigos electorales del Pacto Histórico, más de 60.000 en todo el país peleando voto a voto. El escrutinio fue avalado por 5.000 jueces en todo el país, pero al registrador Vega nada de eso le importó y prefirió generar pánico al afirmar que volvería a haber un reconteo general de votos después de que el expresidente Uribe y el presidente Duque lo solicitaran. Sin embargo, sus palabras no tienen sustento y tras una reunión en Palacio donde estuvieron los presidentes de los partidos políticos, se tomó la decisión de no hacer el reconteo.
Supuestamente Disproel es la única sociedad que cuenta con la experiencia para llevar a cabo unas elecciones, pero en más de una ocasión han fallado y de paso demostraron que al registrador Alexánder Vega el traje le quedó grande. Todavía faltan las elecciones presidenciales, que tienen en los extremos a los favoritos para ocupar el puesto en la Casa de Nariño.
