En Colombia la guerra preventiva, impuesta desde 2001 por los poderosos para ordenar el mundo ya no en Norte-Sur, si no en ellos y los otros y deificar el mercado como bien supremo.
El partido en el poder inventó la “seguridad democrática” que permitió reconcentrar el capital, sostener la guerra, poner en retroceso libertades y derechos y debilitar la democracia como asunto colectivo.
Los límites entre economía y política (bases de la república y de la democracia) quedaron atrás y el ideario de los partidos políticos sucumbió ante la fuerza de nacientes empresas electorales.
La prensa libre fue vetada (una parte perseguida), la otra comprada o cooptada. Los empresarios pudieron entrar directamente a la política y las elites políticas a los negocios. Juntos encontraron en el paramilitarismo su mejor herramienta de poder efectivo y obtuvo entrada al palacio de gobierno por la puerta lateral.
Mancuso, el jefe paramilitar más destacado de esta alianza, que rompió como decenas más su pacto de silencio, no ha parado de insistir en que “las autodefensas fueron una política de Estado”, que el exterminio de la UP no lo hicieron ellos si no el Estado, que las elites en el poder son responsables del orden criminal del país y, que a la clase la política y empresarial le correspondía cobrar políticamente la guerra y económicamente legalizar el botín de tierras y bienes.
Mancuso y 52 jefes se declararon traicionados y hoy son los enemigos reales del partido en el poder, salieron de sus entrañas, no son de izquierda, ni universitarios, intelectuales, victimas, indígenas, obreros, afros, son de ultraderecha y participaron del proyecto de toma total del poder, pero fueron entregados como parias en extradición.
Fueron traicionados aunque le sirvieron al Reich y juraron lealtad al Furher, hicieron su parte para apropiarse de todo: de la mente de los individuos (educar en odios, pasiones y engaños); de la sociedad (atacando ONG, comunidades, organizaciones universidades como Atlántico, Magdalena, Córdoba reconocidas como víctimas y adelantando el plan de genocidio) y tomar el control total del Estado no pensando en cien sino en mil años.
Los 53 jefes paramilitares pasaron de ser y hacer parte del proyecto de “refundación de la patria”, del partido en el poder a ser sus enemigos principales, porque fueron traicionados, humillados, encadenados y a la escondida enviados en extradición.
Su poder que pone en jaque al partido en el poder es su verdad. Saben quiénes son responsables, actores y autores de la destrucción que sufre el país y de los ríos de sangre vertida.
Cada uno tiene su caja de pandora. HH dijo que los paramilitares se reunían en la cuarta brigada del ejército y que el presidente (gobernador de la época) se comunicaba con ellos por bíper (eltiempo.com, 10/07/2010); otro habló del Bloque Metro y los vínculos de la fiscalía y de la hacienda guacharacas (verdad abierta.com); uno más abrió la ventana de la parapolítica y de la paraeconomía (semana.com 10/10/21).
El líder del partido en el poder no soportó y, recordándoles su juramento de lealtad al líder y su compromiso de respeto con los pactos de silencio establecidos, los traicionó.
Desde la cárcel Iván Roberto Duque, “vocero oficial de los 59 cabecillas de ultraderecha dijo que se sintieron traicionados por el presidente Uribe” y señaló “la situación es grave; estamos convencidos que el Gobierno nos hizo trampa" (vanguardia, 08/12/2006). Y todos han repetido lo mismo, quieren ser escuchados y que la verdad termine el odio.
En estos 20 años de Gobierno del partido en el poder, que con un soborno a Yidis y Teodolindo cambió la Constitución para reelegirse, perdió su capacidad ética, moral, legal y legítima para representar las demandas del país y del Estado.
No logró ocultar su traición y al contrario con Iván Duque presidente, ha sumado nuevos e incontrolables enemigos salidos de sus entrañas, por traiciones vueltas escándalos.
Son más cajas de pandora contra el partido en el poder: Ñeñe, Memo fantasma, Otoniel Úsuga, Matamba, Aida Merlano, Reficar, Odebrecht, TIC de Abudinen, descalabros en contratos de vías 4G, saqueo a la salud por EPS, líos de Fedegan por la restitución de tierras, generales arrepentidos señalando cómplices, despojo, saqueo, carteles de la toga, alimentos, fraudes electorales, impedimento a la aplicación del referendo contra la corrupción votado por once millones de personas, y las sistemáticas violaciones a derechos humanos, espionaje en “bodeguitas”, embajador narco, testigos y cianuro, “gente de bien” disparando a quemarropa y en aviones privados transportando cocaína, ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales, mutilaciones en serie, falsas judicializaciones de jóvenes y adversarios y la asunción de un modo particular de “dictadura en democracia” acomodada con 120 decretos de excepción por pandemia, que modelan un estado de excepción, “estado de sitio”, a cuyo amparo el partido en el poder “se atribuye ser el estado mismo”.
En la coyuntura electoral hace apología al odio, proscrita en el mundo y no permitida después del holocausto.
Incita a la violencia física o moral contra sus oponentes y adversarios políticos y sociales, llama al ataque de personas, grupos y comunidades por origen, ideología, opinión política o identidad sexual, como se lee en sus vallas, se escucha en su lenguaje y publicitan los candidatos y el Gobierno mismo, su gabinete y benefactores, con el adicional de falsedad y temeridad al crear y difundir matrices con informaciones injuriosas y calumniosas que constituyen graves delitos que en lugar de ser juzgados y castigados reciben el aplauso del gobierno y el chiste de los poderosos.
Los enemigos reales del partido en el poder son los antiguos jefes paramilitares que rompieron con la lealtad y fueron traicionados.
Ellos quieren que los “autores intelectuales” y organizadores del plan de saqueo, exterminio y control del Estado, sean juzgados, como hicieron en Nuremberg, donde altos mandos militares nazis (Goering y Keitel) y otros que quizás nunca dispararon un fusil con sus propias manos, ni dieron una orden directa de fusilamiento (Rosenberg y Streicher) cometieron el delito de esparcir el antisemitismo, actuaron como “filósofos del racismo” y de quienes luego de las pruebas y alegatos, dijo el Fiscal: “Si vosotros dijerais que esos hombres no son culpables, sería tanto como decir que no hubo guerra, ni matanzas, ni crímenes”.
Los jefes paramilitares y los nuevos traicionados tienen en riesgo de hecatombe al partido en el poder, quieren probar la responsabilidad criminal de quienes los traicionaron, por ser autores intelectuales, que con su dinero, consejo e influencia política y social, sostienen el proyecto de país para ellos y sin los otros, con odios, engaños, cinismo, difamación, desinformación, hostigamiento y temeridad.
De los traicionados y de las condiciones del país, depende que puedan pronto contar la verdad, que guardan en la memoria, libretas, computadores, caletas y confidentes, para que el mundo pueda verlos respondiendo ante las leyes penales actuales (o de la CPI) por incitar y provocar el horror y ser cómplices y causantes de la sistemática política de muerte, que la gente común comprende bien.