Con preciso atino la vicepresidenta de la República y el ministro de Defensa Nacional, calificaron como una “bofetada” y de “descarados” a los ex-Farc en cabeza de Joaquín Gómez, quien fuera el cabecilla del bloque sur, exmiembro del secretariado y bien reconocido por su responsabilidad en hechos atroces, terroristas y de narcotráfico; luego del anuncio público de este sector, de radicar un informe en la JEP, para que sean reconocidos como víctimas, fundamentados en el cínico y falaz argumento, de los “crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos” durante el período de 1964 al 2016, supuestamente cometidos por las Fuerzas Militares y los Organismos de Seguridad del Estado.
Los pájaros tirándole a las escopetas, es el refrán popular que mejor aplica para describir semejante afrenta en la que incurren los más peligrosos sanguinarios y victimarios que ha padecido la nación, espacio que comparten con el ELN y las autodefensas y cuya marca solo les pertenece y permanece con profundo repudio en la memoria de los colombianos.
Las ex-Farc, antes de autoproclamarse víctimas, y exigir igualdad de derechos a los soldados y policías de la patria, siguen burlándose de la nación, especialmente de las víctimas y de la justicia. No da espera el cumplimiento de los compromisos adquiridos en La Habana, de reparación a las víctimas, de no repetición, de entregar sus mal habidas riquezas, de señalar las rutas del narcotráfico y de pagar las condenas determinadas en el marco legal que creó la JEP: escasos ocho años.
Nada de lo anterior ha ocurrido y por el contrario los colombianos y las víctimas especialmente, siguen impotentes presenciando cada día el show mediático y la falsa autoridad moral de exigencias de las ex-Farc, a través de la redes sociales y desde el seno del legislativo, al que nunca debieron haber llegado hasta no cumplir sus penas. Su fracaso como proyecto político quedó evidenciado en las recientes elecciones legislativas, cuyos pobres resultados rarificaron el profundo rechazo de los colombianos.
Seguramente el informe radicado por las ex-Farc ante la JEP, dará lugar a la apertura de un nuevo caso en la jurisdicción especial, que pondrá en apuros y en el vaivén de las diligencias judiciales a miles de soldados y policías de la patria que solo han entregado su vida y sacrificado a sus familias para proteger los intereses supremos de la nación y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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El país no está en ánimo de soportar las desproporciones que tienen a los victimarios con plenos derechos civiles y políticos, en candidaturas presidenciales, y a los héroes de la patria en investigaciones
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La tarea es ahora para el Estado en su conjunto, y especialmente el Gobierno Nacional, porque en sus hombros recae la mayor responsabilidad de movilizar toda su capacidad y recursos para fortalecer la defensa técnica de los soldados y policías. El escenario puede ser catastrófico y hay que prepararse desde ya. La seguridad jurídica de los héroes de la patria no admite el mínimo asomo de estar bajo amenaza. El país tampoco está con el ánimo de soportar similares desproporciones a las acaecidas en el pasado reciente de la nación, que hoy tiene a los victimarios gozando de plenos derechos civiles y políticos, en candidaturas presidenciales; mientras los héroes de la patria están sometidos a intensas investigaciones, de juzgado en juzgado, pagando de su pensión abogados y purgando penas absurdas e inmerecidas, por cuenta de ser fieles al juramento de proteger y defender en el esplendor de sus vidas, la Constitución y la Ley.
El país está cansado de la burla a la que han sido sometidos los soldados y policías de la patria, así como las víctimas de las ex-Farc. Aquí la partida no quedó en tablas, los victimarios no son los victoriosos, la democracia de hoy se la debemos a las víctimas, a los soldados y policías de la patria, a las reservas y a sus familias. Difícilmente habrá tolerancia ante una inminente persecución jurídica y sistemática por cuenta de un informe manchado de sangre y que solo causa incertidumbre, dolor e indignación.
La eventual aceptación del informe de las ex-Farc por parte de la JEP y un posible reconocimiento como víctimas por parte de la Jurisdicción Especial, nos llevaría ad portas de una debacle con inimaginables consecuencias, y seria además, la justificación mayor, para considerar la inviabilidad futura de este tribunal. Esto no es, ni podrá ser una corte de Nuremberg contra los héroes de la patria.
LPNSN: La unión de las Reservas de la Fuerza Pública son un imperativo de nación. El esfuerzo debe orientarse sobre el candidato presidencial que ha prometido proteger los derechos adquiridos de los soldados y policías de la patria, y de las instituciones de seguridad y defensa de la nación.
