En el Concejo de Popayán fue socializado el proyecto para la creación de empresa pública de renovación urbana y Banco de Tierras, una exigencia de las comunidades urbanas movilizadas que no cuentan con vivienda digna.
A pesar que hace más de 20 años existe la normativa para su creación, en Popayán aún no se cuenta con el nombrado instrumento de gestión del suelo urbano, que no solo puede beneficiar a las más de 36.000 familias carentes de vivienda, sino también al conjunto de la población payanesa si se tiene en cuenta que el Banco de Tierras permite regular el precio del suelo urbano que hoy están por las nubes y así evitar su especulación.
El rigor del conflicto social armado ha llevado a qué Popayán sea una ciudad receptora de pueblos enteros que han salido desplazados por la violencia. Miles de personas llevadas a vivir en condiciones indignas en la periferia del casco urbano, en arrendo o en asentamientos urbanos y que al no tener posibilidades de regresar a sus territorios, se vieron obligadas a establecerse de manera definitiva en la llamada ciudad blanca.
En esa medida es necesario pensar el Banco de Tierras en prospectiva y no para el momento. En otras palabras, este instrumento puede ser vital para ordenar el territorio si se proyecta desde el presente hacia el futuro, logrando un consenso sobre la visión de territorio que se busca sea Popayán y no como un acuerdo municipal que sirva para cumplir indicadores de plan de desarrollo municipal.
Tampoco es el Banco de Tierras por si solo. Este necesita del cumplimiento de leyes como la 1537 de 2012 para garantizar el acceso a la vivienda, el desarrollo urbano (que se necesita cambiar hacia el derecho a la ciudad) y el acceso a los servicios, y por qué no, al derecho al agua.
El Banco de Tierras es una deuda histórica de los gobiernos municipales de turno con las comunidades que viven en Popayán y por ello es más que urgente y necesario que esté instrumento sea eminentemente público, al servicio de la gente que lo necesita y no un aparato inmobiliario que no cumpla su papel y terminé por desdibujar su propósito.
Por último, no es solo un acuerdo, también hay que tener la perspectiva en términos de política pública municipal que indique el camino en torno al derecho a una ciudad en paz con justicia social
