Acabo de entender buena parte de la forma como los criminales de cuello blanco desangran a Colombia, el país de la fraudulenta contratación y la eterna corrupción. Me iluminó escuchar las historias de un amigo, copropietario de una sociedad que les ha prestado sus servicios a firmas contratistas del Estado, algunas de las cuales lo han tumbado.
El truco es bien sencillo: con la complicidad de los que adjudican los contratos públicos –con quienes de antemano se pacta un porcentaje de los desfalcos planeados– se presentan como oferentes sociedades maquilladas, las que se ganan las licitaciones aunque tengan poca o ninguna trayectoria. Los elegidos, y quienes los escogen, saben que se van a robar buena parte de los dineros asignados para la ejecución de las obras, las que quedarán truncas, pues jamás las entregarán construidas en su totalidad. Cumplir implicaría conformarse solo con las utilidades de los convenios, una estupidez sin sentido para ellos que saben que pueden embolsillarse mucho más.
Una vez adjudicadas las obras, los ganadores contratan los servicios de otras firmas, entre ellas empresas de familiares o de amigos, de las que –sin aparecer en las escrituras ni en ningún documento que los comprometa– ellos mismos son socios. Más tarde, en los momentos en que se hacen evidentes los retrasos de los trabajos, o se paran del todo, se pide una adición presupuestal, con el trillado argumento de que se acabó la plata. En los casos en los que no se llega a ningún acuerdo, las compañías constructoras se declaran en bancarrota y dejan de pagar sus obligaciones con empleados y terceros. Sus propietarios y representantes saben que están blindados.
Las empresas acreedoras conformadas por parientes y allegados, cómplices de lo planeado, ya están avisadas y son las primeras en demandar. De esta forma, cuando se realizan los embargos, lo que se recupera vuelve a las manos de los mismos ladrones, y la miseria que sobra, si es que sobra, son las migajas que se reparten a los obreros, a los subcontratistas damnificados por los chanchullos, y al Estado, supuestamente responsable del dinero de los contribuyentes, con el que se deberían haber ejecutado las obras inconclusas.
Así ocurrió, según el artículo titulado “El favor de la constructora Ingecon con Moncada Holdings, la socia del jeque árabe en Colombia”, publicado en este mismo portal, con el Central Park, el Parque de Deportes a Motor que se convirtió en el gran embeleco de Luis Pérez durante su gobernación y que la Empresa de Vivienda e infraestructura de Antioquia (VIVA) adjudicó a dedo. A la fecha, ese empeño de Lupe nos ha costado a los antioqueños alrededor de 124.000 millones de pesos y está en veremos. Así pasó con la pavimentación y las mejoras de la carretera Puente Iglesias-El Líbano, una ruta secundaria entre los municipios de Fredonia y Támesis, y de la vía terciaria Camino a la Virgen, también en Támesis, un contrato por 35.292 millones de pesos.
Vea la nota que refiero aquí:
El favor de la constructora Ingecon con Moncada Holdings, la socia del jeque árabe en Colombia
Sí, como cosa rara, los contratistas terminan alguna obra, lo hacen previendo cómo, en qué partes y con qué materiales pueden incrementar sus ganancias. Cambian los diseños para abaratar los costos y procuran, además, que los trabajos presenten fallas a corto plazo, asegurándose, de esta forma, que las tetas no se sequen y les den de mamar con los nuevos desembolsos que reciben para hacer las reparaciones. Por esto, y porque los interventores también están torcidos, se atreven a hacer hospitales, escuelas, polideportivos, acueductos, pavimentaciones, puentes, viaductos y carreteras con materiales de mala calidad, que no cumplen con las normas técnicas establecidas.
Así sucedió, por ejemplo, en Pacífico 2, la primera autopista de Cuarta Generación realizada en Antioquia, que va de Bolombolo a La Pintada. La recorrí el pasado fin de semana y puedo atestiguar que, con escasos cinco meses de inaugurada, ya presenta derrumbes en los precarios curetajes de las laderas, pérdida de pavimento y hundimiento de la calzada, lo que la convierte en otra más entre tantas vías de Primera Degeneración.
Así aconteció con en el deprimido de la Transversal Inferior con la loma de Los Balsos, en el barrio El Poblado de Medellín, que tuvo un retraso de 21 meses y un sobrecosto cercano a los nueve mil millones, el doble de lo presupuestado, tanto en tiempo como en dinero. Su primer contratista ponía a las retroexcavadoras a cargar algunas volquetas con tierra, con el fin de que la movieran de un extremo a otro de la obra y así aparentar que estaban trabajando.
Deprimido de la Tranversal Inferior con la loma de Los Balsos.
Así ocurrió en la avenida Las Palmas, la doble calzada que lleva de Medellín a la glorieta de Sancho Paisa, un tramo que forma parte de la que, hasta hace poco, antes de entrar en funcionamiento el Túnel de Oriente, fue la vía principal al aeropuerto José María Córdova y a los municipios de Rionegro, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón y Abejorral, entre otros. Lo supe porque lo contó quien fue, durante un corto periodo, la asesora jurídica de ese proyecto.
Derrumbe en la vía Las Palmas.
Ella, una abogada con principios, renunció a los pocos días de ser contratada, escandalizada por la mala fe de las directivas del consorcio constructor, quienes ya calculaban los daños que, con el paso de los años, se han ido presentando: los deslizamientos de las montañas, sin o con malos curetajes, el resquebrajamiento de los puentes, las grietas y los hundimientos de la vía. Daños previstos y con soluciones que no quisieron realizar los constructores de la obra, quienes se hicieron los desentendidos y no las ejecutaron para ahorrarse el dinero y porque las reparaciones futuras les traerían nuevos ingresos.
Estos casos citados son apenas seis ejemplos de los miles de contratos con los que los consorcios privados se enriquecen manipulando sus negocios con el Estado. Un Estado cómplice, que permite que esto suceda y siga ocurriendo a perpetuidad. ¿Por qué no se aprueba una ley que sancione, no solo a los representantes legales y a los socios de las empresas que incumplen los contratos públicos, sino también a los funcionarios que los adjudican, sin mejor criterio que su propio lucro? La única respuesta lógica es que la mayoría de los legisladores del Congreso, quienes en última instancia deciden si un proyecto de ley se aprueba o no, también se llevan una tajada de muchas de las obras que a diario se roban en nuestro querido y doliente país.
Los funcionarios y contratistas expertos en saquear las arcas del Estado, las que a diario se llenan con el IVA, el 4x1.000, los prediales, los cobros de valorización y los demás impuestos que pagamos los ciudadanos y que en buena parte van a parar al bolsillo de estos hampones, están en mora de irse a temperar a la guandoca, en una cárcel de alta seguridad que esté bien lejos de sus oficinas y sus casas.
