Para nadie es un secreto que la pandemia de la covid ha dejado al mundo en una parálisis económica y social que obligó a todos los Estados a reajustar sus presupuestos anuales para poder enfrentar la crisis sanitaria.
Pero más allá de esa situación ha habido quienes se han aprovechado de la buena fe y de las intenciones por tratar de ayudar a quienes más lo necesitan, para el caso la corrupción estatal, donde no olvidemos se han malversado fondos públicos al caer en manos de unos pocos, y que si se les acusa inmediatamente buscarán la forma de callar a quien los contradiga.
Por ejemplo, los involucrados en escándalos políticos como la exministra de las Telecomunicaciones Karen Abudinen, que se desempeñó en este cargo desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021, tras haber firmado con la Unión Temporal Centros Poblados con un anticipo de 70 000 millones de pesos para llevar internet a las zonas más apartadas del país a niños con dificultades económicas y que cuentan con difícil acceso a la educación y especialmente a la virtualidad. Esa suma hasta la fecha no ha aparecido.
Aunado a lo anterior, el pasado 19 de octubre de 2021 las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República de Colombia aprobaron el Proyecto de Ley Nº 158 de 2021 Cámara, 096 — 2021 Senado por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, en donde no solo se aprueba el gasto público de la vigencia del año 2022 sino que a través del artículo 125 se suspende el parcialmente parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, haciendo referencia a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en el período de elecciones a la Presidencia de la República, en donde se deja claro lo siguiente:
El artículo 125 de la Ley aprobada tiene los siguientes efectos:
- Se suspende para el año 2022, el inciso referente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos del párrafo del artículo 38.
- Estará permitido celebrar convenios administrativos para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en el periodo electoral del 2022.
- Esta modificación se utilizará únicamente para las elecciones del año 2022, salvo que se expida una norma que derogue definitivamente o suspenda el inciso suspendido del artículo 38 de la Ley de Garantías.
Se mantienen las siguientes prohibiciones dispuestas en la Ley de Garantías para las elecciones del 2022:
- A partir del 29 de enero de 2022 (cuatro meses anteriores a las elecciones del presidente de la República) se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte a la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público.
- A partir del 29 de enero de 2021 queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
Es decir, la prohibición de celebrar contratos interadministrativos en época electoral quedó rezagada y subordinada para que se celebren contratos a diestra y siniestra en época electoral, y así presuntamente sean más los escándalos de corrupción los que reinen después de haber sido uno de los mayores logros de la Constitución del 91 el haber proscrito dichas actuaciones.
Ahora bien, tras un análisis hecho a lo que serán las elecciones en Colombia en este 2022, queda claro que es posible dentro de un presunto que haya compra de votos y clientelismo, es decir, los mismos de siempre con las mismas propuestas e intenciones de hacer lo mismo que tiene hundido al país y humillado por sus conductas ante la comunidad internacional.
Es más, no se puede permitir que sigan los que han malgobernado esta nación por más de 50 años, una inflación cada vez más alta, un dólar cada vez más por las nubes, una canasta familiar mucho más impagable para la clase media-baja trabajadora, entre otras más, son características dentro de las cuales deben de considerarse al momento de votar este domingo 13 de marzo de 2022.
