En reciente reunión de la OCDE, esta organización de los países más desarrollados, a la cual absurdamente pertenece Colombia, impartió una serie de recomendaciones que nuestro país debe cumplir, en aras de poder mantener su membresía en este mal llamado club de los países ricos, y conservar sus “beneficios”.
Ante tales recomendaciones, que no son más que un sartal de imposiciones, el presidente Duque, en lugar de por lo menos chistar, se excusó por el no cumplimiento pronto de algunas de ellas, dado el carácter terminal en que se halla su gobierno. Tales “recomendaciones”, afirmó, quedarán para el próximo gobierno, como si él previera que quien lo sucederá va a padecer del mismo espíritu gregario que a él lo caracteriza.
Entre tales imposiciones hay aspectos que chocan con las propuestas de algunos de los candidatos que se disputan la sucesión presidencial. Tal es el caso del aspecto tributario, respecto del cual la OCDE considera que se deben atenuar las cargas impositivas a la inversión y, compensatoriamente, ampliar el universo de personas naturales obligadas a tributar.
Sobre este particular, bien sabemos que, por ejemplo, Gustavo Petro tiene una visión contraria, pues siempre ha dejado claro que bajo su mandato no habrá vinculación de nuevos sectores al universo tributario, pero sí dos a los que se les aumentarán sus cargas: el latifundista, que verá incrementada la tasa impositiva sobre las tierras fértiles insuficientemente explotadas, y el importador de alimentos, sobre el cual pesarán mayores aranceles por la necesidad de proteger a nuestros campesinos, cuya competitividad sucumbe ante la producción externa, altamente subsidiada.
La aceptación apátrida del documento de la OCDE es apenas una evidencia de lo que nos ocurre por elegir mandatarios que ponen sus intereses de clase por encima de las políticas conducentes a un verdadero mejoramiento social.
Con la implementación de esas recomendaciones, el beneficiado no será nuestro pueblo, sino los grandes inversionistas, especialmente los de la OCDE, que le impondrán a nuestro mercado de capitales su reafirmación como escenario atractivo para sus inversiones, sin desajustar los ingresos de la nación, en cuyo caso serán las personas naturales las que carguen con la responsabilidad compensatoria de lo que los grandes dueños del capital dejarán de tributar.
El pliego de la OCDE demanda rechazos enérgicos de quienes aspiran a llegar al solio presidencial. Los seguidores del Pacto Histórico debemos ser los primeros en demandar tal pronunciamiento, con el convencimiento de que Petro reiterará la posición que ha defendido a lo largo de su vida pública, que no es otra que la de garantizar la prevalencia de los intereses populares y la soberanía nacional por sobre cualquier otra consideración.
