El penalista Iván Cancino es uno de los abogado más sonados y mediáticos del país, se destaca por sacar de líos judiciales a mandatarios y funcionarios especialmente de la Costa Caribe que se ha convertido en su mina de oro. En 2017 asumió la defensa del entonces alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, acusado de corrupción en las obras de remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora y la Villa Olímpica, que tuvieron un valor superior a los 24.000 millones de pesos. Pineda ahora es candidato al Senado por el Partido Conservador. Este mismo año, Cancino también defendió a dos exalcaldes de Santa Marta, Rafael Martínez -candidato al Senado- y Carlos Caicedo -actual gobernador del Magdalena-, acusados por la contratación de cinco centros de salud que fueron derribados, de los cuales sólo uno fue concluido, y el resto fueron abandonados en zonas marginadas de Santa Marta. El abogado logró su libertad en tiempo récord, 48 horas, la Fiscalía no logró probar la presunta responsabilidad. En Santa Marta, Cancino también es abogado de la alcaldesa Virna Johnson, aliada política de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
En Valledupar, también tiene una promisoria lista de clientes, es abogado de cabecera del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco que hoy se encuentra en detención domiciliaria acusado por la Corte Suprema de irregularidades en un contrato de alimentación escolar por 17.140 millones de pesos durante su primer mandato (2012-2015). Cuando se destapó el escándalo de la Ñeñepolítica, Cancino desde Colombia tomó las riendas de la defensa de María Claudia 'Caya' Daza, exasesora de Uribe, que salió rumbo a Miami. La estrategia de Cancino ha sido reclamar el derecho de su clienta a guardar silencio, y le ha funcionado, en dos años Caya es mujer libre en Miami.
En el pasado, Cancino había tomado las riendas del caso de Enilce 'La Gata' López, la empresaria del chance y en 2018 logró que le otorgaran el beneficio de la casa por cárcel. Ahora las audiencias del empresario Carlos Mattos acapara todo el tiempo del abogado que se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía para que el empresario cesarense, acusado de sobornar a funcionarios para quedarse con el control de Hyundai, tenga a un rebaja de pena, 3 años que pague en su casa y no en prisión.
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