Uno de los fenómenos más graves en el proceso del calentamiento global y la destrucción del medioambiente es la deforestación de extensas zonas del bosque tropical amazónico.
Es verano en la amazonia colombiana (febrero y marzo) y en este momento se registran descomunales incendios en el municipio de Calamar (Guaviare) en un área cercana a las 40.00 hectáreas de bosque.
Efectivamente, desde el mes de octubre de 2021 los colonos de la región han tumbado miles de árboles, que hoy arden de manera incontenible provocando, además, la presencia de extensas nubes con vientos contaminados de material particulante proveniente del Guaviare y la Orinoquia, lo que ha hecho que, en Bogotá, Medellín y otras ciudades se adopten medidas especiales de protección de la población para controlar enfermedades respiratorias.
La situación ambiental es de una gravedad extrema y exige un tratamiento especial en los términos de las acciones acordadas en conferencias internacionales de ordena climático para impedir el daño fatal del clima y de los recursos naturales comunes.
Sin embargo, el Gobierno de Colombia (tan hábil en discursos edulcorados sobre el control a los daños ambientales) ha mostrado su cobre belicista con la acción de una brigada militar de supuesta protección ambiental con un plan denominado Artemisa, que en realidad es un componente de su estrategia contrainsurgente y anticampesina para favorecer las empresas petroleras, minero-energéticas y agroindustriales, enfocadas en la apropiación de extensos baldíos y en la explotación de los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos como el Coltan.
El Plan Artemisa es un diseño militar que ataca y judicializa a miles de colonos que, ante la ausencia de una reforma agraria democrática que les dote de tierras y recursos, se ven obligados a desplazarse hacia nuevos territoritos en los que puedan organizar sus actividades agrarias y de supervivencia.
Probablemente, Artemisa forme parte un gigantesco plan del comando sur de los Estados Unidos para garantizar el control imperialista de la Amazonia y sus recursos naturales y ambientales.
El cuidado y la protección de la Amazonia colombiana debe hacerse con la intervención de las comunidades indígenas y de colonos. Durante más de 20.00 años los nukak-maku y otras etnias han construido la Amazonia como un “jardín planetario”, garantizando su protección y cuidado, que es lo que el gobierno fascista de Iván Duque desconoce y atropella con su militarismo contraambiental.
Duque es de la misma concepción racista y antiindígena de Bolsonaro, el presidente del Brasil, también responsable de la destrucción de bosques, ríos, humedales y comunidades indígenas brasileñas.
Parar la deforestación del Meta, Guaviare y la Orinoquia en Colombia implica adoptar un enfoque humano y empático con la naturaleza. Que es lo que no tiene el gobierno de Duque, y menos el gobierno del departamento del Meta, pues Zuluaga, el jefe seccional del gobierno, ha desprotegido de una u otra manera a los colonos del Guaviare y el Vichada.
El incendio que consume la Amazonia colombiana es otro capítulo más de la guerra estatal en los territorios, en este caso contra la neoinsurgencia de las Farc-EP, que avanza en un proceso de recomposición de la resistencia agraria y de los colonos frente a la guerra de la elite latifundista y terrateniente que despoja los baldíos nacionales y las tierras organizadas por miles de colonos originarios de diversos lugares del país.
Lo cierto es que tanto Artemisa, como Omega y la Fudra son dispositivos militares organizados como un Estado autoritario y violento que somete con sangre a las humildes comunidades campesinas de los Llanos Orientales.
Allí hay violación sistemática de los derechos humanos y destrucción de la madre tierra.
