El Acuerdo por lo Superior 2034 es una política pública creada por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (órgano colegiado coaptado por el Ministerio de Educación Nacional), luego de que las masivas movilizaciones de 2011 en marco del Paro Nacional Universitario obligara al gobierno nacional a archivar el proyecto de ley que pretendía reformar la ley 30 del 92 y poner ánimo de lucro a la Educación Superior.
Esta política pública que traza 136 lineamientos incluidos dentro de su plan estratégico proyectado para 20 años representa la profundización de la crisis que enfrentan las universidades públicas, cada vez más desfinanciadas y obligadas a competir en un mercado que distorsiona el sentido transformador del alma máter.
Para el sector de la salud, una reforma de fondo a la Ley 30 que contemple la educación como derecho fundamental, supondría el fin a la actual limitación del acceso a programas altamente costosos como medicina, que son requeridos en áreas del país donde se encuentran los peores indicadores de salud, y, una inexistente cantidad de recurso humano capacitado para gestionar el riesgo de la población. Que dicha reforma contemplara al Hospital Universitario dentro de su sistema, implicaría el reconocimiento de los costos adicionales que genera su funcionamiento producto de los prolongados tiempos de atención a los pacientes, la inclusión del proceso docente en la destinación de actividades y el incremento del inventario de los recursos básicos que se necesita para la atención hospitalaria. De esta manera, los costos de matrículas de los estudiantes de especialidades no estarían destinados al mantenimiento financiero del hospital y se cubriría por completo el costo de la actividad docente e investigativa que atañe al Hospital Universitario.
Contrario a lo anteriormente mencionado, el Acuerdo por lo Superior propone a los estudiantes del área de la salud y de especialización continuar sin obtener la remuneración de su labor profesional durante sus años de práctica y endeudarse con créditos ICETEX que cada vez serán más y más inflados. Y para ser sinceros, ningún "incentivo" que provenga del gobierno nacional bastará para que bajo esa lógica, estos egresados voluntariamente decidan dejar las comodidades de la urbe y trabajar en el campo.
En resumen, la educación en salud es un componente integral e importante del sistema de salud en el país, en tanto converge: la universidad con énfasis profesionalizante en el ámbito asistencial del sistema de seguridad social. Por ello, debería ser una política de estado reconocer como derecho fundamental la educación; pues de esta única manera se logra la total cobertura que busca el principio de universalidad de cualquier sistema de salud que quiera ser integral.
En ese sentido, es necesario que en este escenario de implementación de la política pública (por medio de decretos y reformas al interior de las universidades), nos opongamos rotundamente a su carácter privatizador y trabajajemos intersectorialmente en la consolidación de una propuesta de educación que vincule las necesidades de la educación en salud; para que finalmente, exijamos en la calle la consecución de la verdadera paz con salud y educación para el pueblo colombiano.
