La infamia de denunciar y humillar públicamente a quien trabaja con honradez en un país con cerca del 50 % de informalidad se le devolvió al concejal Osorio.
El edil de Manizales, Jairo Osorio, invocando el Art. 4° de la Constitución Política (“Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”), celoso del cumplimiento de la ley, solicitó un servicio de transporte por la plataforma digital InDriver con el fin de denunciar al conductor de manera pública una vez culminara el viaje. El algoritmo de la aplicación le asignó el servicio de un vehículo conducido por el señor Carlos Gutiérrez. El edil hizo un video del premeditado evento denunciando y entregando al conductor a la Policía. En el video lanza un discurso contra la ilegalidad, encarnada, según el concejal, en el conductor. Orgulloso, publicó su buena acción en las redes sociales.
No le fue bien al concejal. Por un lado, propició en las redes la solidaridad con el conductor (#TodosSomosDonCarlos) y, por otro, el recaudo de más de 40 millones de pesos por la vía de una plataforma de financiamiento colectivo (“crowdfunding”), Vaki. Una parte la destinará don Carlos a cubrir los costos de la recuperación del carro inmovilizado que, entre otras, es propiedad de una hija suya.
Entrevistado, el concejal Osorio consideró equivalente la fechoría del conductor, es decir, trabajar en una plataforma como InDriver, a hechos como la violación carnal y el expendio de drogas.
El lío con las plataformas tipo Uber y Didi lo conocemos hace rato. Les ha ido bien porque llenan un vacío de mercado inmenso, porque son aplicaciones que unen oferta y demanda de individuos privados con lo más avanzado de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (“machine-learning”), porque son seguras, porque los usuarios han estado hartos del mal servicio y la inseguridad del sistema tradicional.
Es obvio que los intereses asociados a las formas tradicionales de prestar el servicio las rechazan porque, dicen, no cumplen con los requisitos de ley para prestar un servicio público y constituyen, por lo tanto, competencia desleal. La AlianzaIn, que representa plataformas como Beat, Cabify, Didi, Uber y también Rappi…) tiene otro argumento: se prestan servicios entre actores privados. Un particular que requiere movilizarse hace un acuerdo con otro particular, que ofrece un vehículo.
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El Gobierno, como en la edad de piedra, ha perseguido las plataformas y no ha sido capaz de regularlas
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El Gobierno, como en la edad de piedra, ha perseguido las plataformas y no ha sido capaz de regularlas, amén de las contradicciones entre los ministerios concernidos (Transporte y Tic). De paso, como les consta a muchos, algunos agentes de la Policía se han vuelto expertos en complementar sus salarios extorsionando conductores afiliados a las plataformas: billete o se le inmoviliza el vehículo…
Han naufragado en el Congreso proyectos, como en mayo del año pasado, orientados a darles un marco legal a dichas plataformas. Amenazas de paro y otras formas de presión han contribuido a hundirlos.
Gracias a las plataformas, en ciudades como Bogotá se desplomó el precio de los cupos de los taxis. Los conductores de los amarillos, con excepciones, han aprendido a prestar un mejor servicio y no son pocos los conductores que tienen su carro afiliado a varias plataformas digitales. Uber, con inteligencia, conecta a usuarios con taxis amarillos…
Teniendo claro que el tema de las plataformas tipo Uber, Didi e InDriver requiere de un marco legal y que están sobre la mesa los argumentos que respaldan su legalidad, ¿por qué no le fue bien al concejal Osorio en su premeditada acción a favor de la ley? Porque en un país con cerca del 50 % de informalidad en la fuerza laboral, con las tasas de desempleo por las nubes y peores aún en los jóvenes (en Manizales, caracterizada por una de las tasas más bajas de desempleo juvenil, supera el 17 %, y la tasa de informalidad es “solo” del 36 %), doce millones de colombianos buscan el sustento familiar y el propio en la informalidad. Humillar a Don Carlos, simbólicamente, significa ofender a medio país. Las redes fueron, en esta ocasión, sabias: fue un acto infame el del concejal.
Siguiéndole la cuerda al concejal Osorio, tendría muchas oportunidades para fajarse cayéndole y filmando a los vendedores ambulantes, a las señoras que venden tinto y empanadas, a los que están en los semáforos ofreciendo toda suerte de productos, pidiéndoles papeles y declaración de IVA. De pronto, como en el caso de Don Carlos, pueden canalizarse recursos para los humillados por el concejal por la vía de Vaki.
