Razón tienen los familiares de miles de líderes sociales asesinados impunemente y de ciudadanos de diferentes regiones del país a diario asaltados por la delincuencia común, que, entrevistados por reporteros del noticiero Caracol TV, le exigieron al autocalificado “el mejor y más preparado fiscal del mundo” la eficiencia y celeridad desplegada por la institución en el esclarecimiento del crimen del peluquero de las celebridades Mauricio Leal y de su madre, cometidos por su hermano Jhonier, el del “juro que no lo vuelvo a hacer”.
Esta situación, más las declaraciones ante la JEP de Benito Osorio, exsecretario de Gobierno, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de su departamento, acerca de la participación del gerente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y jefes paramilitares como Mancuso en la financiación de la elección del fiscal general Mario Iguarán durante el segundo periodo de Uribe, nos recuerdan que la llamada “justicia espectáculo” y selectiva, que también operó en el primer gobierno del patrón del Ubérrimo, cuando el titular de la Fiscalía fue Juan Camilo Osorio, quien se dedicó a archivar investigaciones contra los paramilitares y amigos del gobierno; en la misma época que el DAS de Noguera había sido entregado a los paramilitares, y desde que él, además de pasarles listas de sindicalistas y supuestos colaboradores de la guerrilla, que fueron asesinados, también espiaban a periodistas, magistrados y opositores políticos del gobierno.
Esta toma de las instituciones emprendidas por el uribismo, que abarca el Ejército y la Policía, en el gobierno de Duque se concretó con la toma, además de la Fiscalía, de la Contraloría Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, el Centro de Memoria Histórica, etcétera, y la campaña por cooptar a las altas cortes, a las que primero intentaron desacreditar por atreverse a investigar al máximo jefe, anularon los contrapesos que garantizan el pleno funcionamiento de las democracias reales y no de fachada, como la colombiana.
Los resultados de semejante concentración de poder, en un gobierno que desde el principio recibió la orden de hacer trizas los acuerdos de paz y bloquear el funcionamiento de la JEP (facilitando la profusión de grupos armados, cuando las fuerzas armadas y las entidades del gobierno se demoraron en copar los territorios dejados por las Farc) los apreciamos en vísperas de iniciar la campaña electoral, cuando coincidencialmente la Contraloría y Fiscalía desempolvaron y armaron investigaciones en las que involucraron al precandidato Sergio Fajardo, así como hace cuatro años lo hicieron con Gustavo Petro buscando desacreditarlos e inhabilitarlos.
¿Qué tal que la Fiscalía y la comisión de acusaciones (absoluciones) de la Cámara hubieran investigados los más de 1500 audios archivados de conversaciones entre “Cayita Daza”, directivos nacionales del Centro Democrático y el misteriosamente asesinado en el Brasil, Ñeñe Hernández, acerca de la compra de votos, en la costa atlántica, para asegurar la elección de Duque, en la segunda vuelta presidencial?
Y eso que para no extendernos no mencionamos las jugarretas del fiscal general Néstor Humberto Martínez, para librar a Corficolombiana, la constructora de su jefe Sarmiento Angulo, de complicidad en los sobornos de Odebrecht y de paso boicotear los acuerdos de paz con las Farc, y las de su sucesor Barbosa, dándose vitrina en caso como el de Mauricio Leal, mientras descaradamente en vez de acusar, como es su deber, se suman a la defensa del expresidente Uribe para precluirlo de la investigación que le adelantan por “soborno a testigos”.
Tanto que critica la ultraderecha colombiana en el poder a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela de tendencia izquierdista, cuando, en el fondo, terminaron igualados, al acaparar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fuerzas armadas, organismos de control y con sus grandes empresarios beneficiados por sus gabelas ya avanzan cooptando los medios de comunicación y manipulando las redes sociales.
Los extremos se juntan.
