La comunidad indígena de Cayo de La Cruz, jurisdicción del municipio de San Marcos (Sucre) tuvo que acudir hasta la Defensoría del Pueblo para hacer valer sus derechos como comunidad indígena y ciudadanos colombianos.
Según relató un habitante, el Ministerio del Interior los ha atropellado sin importarles sus derechos. Una de las acciones más indignantes, de cierta manera, fue la posesión por dos periodos diferentes del mismo capitán sin cambiar el acta. Ante esto, declaran que está en el cargo de manera ilegítima, es decir, que no ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho.
“Fue certificado por el Ministerio del Interior para dos periodos diferentes con la misma acta de posesión y sin realizar asamblea comunitaria, el cual es la máxima autoridad de las comunidades indígenas”, expresó una persona de la comunidad.
Con esto, se estaría violando el derecho a la igualdad, gobierno propio, autonomía, derecho a elegir y ser elegido, usos y costumbre, cosmogonía (es decir, manera pensar y concebir el mundo).
Adicionalmente, indicaron que también violaron su autorreconocimiento e irrespeto a las autoridades elegidas. Ahora, solo esperan una respuesta positiva de la Defensoría del Pueblo y agradecen a la entidad por haberlos escuchado.
Es de recordar que la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.
