La teoría económica moderna considera que la producción de nuevo conocimiento al servicio del desarrollo de un país desde el ámbito de las ciencias de última generación en el siglo XXI que algunos han denominado la Cuarta Revolución Industrial (nanotecnología, cibernética, economía digital, telemática e interconectividad, biomedicina de alta precisión, robótica, inteligencia artificial, entre otras) debido a un mayor proceso de investigación en los factores de la producción de ciencia, tecnología e innovación debería contribuir a aumentar la productividad y competitividad agregada de la estructura económica de un país.
Esta condición es uno de los requisitos fundamentales para permitir el despegue innovador de una economía, donde también es preciso considerar el conjunto de políticas de índole macroeconómico y sectorial dirigidas a fomentar el surgimiento y desarrollo de ramas de actividad productiva estratégicas para la economía colombiana.
En consecuencia las discusiones actuales sobre la vía más adecuada para impulsar el desarrollo de la Economía Colombiana enfrentan los paradigmas propios que recientemente ha experimentado la economía mundial, donde los problemas estructurales asociados a la profundización de la inequidad y la desigualdad permanentes debido a fenómenos históricos y a la implementación de políticas económicas desacertadas han originado mayor marginalidad económica y pobreza.
Veamos en consecuencia las evidencias que reflejan lo que denomino irracionalidad económica en el desarrollo de Colombia:
La alta concentración de la tenencia de la tierra (Colombia según Oxfam es el país que presenta más desigualdad en la concentración de este recurso productivo, donde el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen el 81% de la tierra colombiana).
El fenómeno de la exclusión social en términos de pobreza monetaria y no monetaria e indigencia afecta a 27 millones de personas (según datos del Dane), esto significa que cerca del 60 % de la población se debate en las más oprobiosas condiciones de privación de ingresos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación y nutrición, salud y educación, respectivamente.
El rápido crecimiento, expansión y consolidación de la economía emergente del narcotráfico que ubica a Colombia como el productor del 70 % de la cocaína que se produce a nivel mundial, además de que expulsa y desterritorializa del entorno rural mediante la violencia y el despojo a numerosos pobladores ha generado una grave crisis humanitaria y social en aquellas regiones de mayor epicentro del conflicto armado.
(Ya la ONU advertía en el 2019 su preocupación con respecto a que en el país, el territorio sembrado con coca en lugar de disminuir, había aumentado se estima que cerca de 245.000 has en el país están sembradas de coca y 1.010 toneladas métricas lo que en el 2020 originó un incremento del 15% con respecto al año anterior).
El creciente endeudamiento público y privado de Colombia a causa del mayor déficit fiscal y el pretexto utilizado por el gobierno para la atención a la pandemia producida por el Covid 19 (al 2020 el porcentaje de deuda sobre el PIB es del 56% una de las cifras más altas en los últimos 20 años), refleja indiscutiblemente la insuficiencia de su aparato productivo interno para generar los suficientes ingresos derivados del comercio exterior (superávit de cuenta en la balanza comercial) y del mercado interno en términos de una mayor participación factorial del PIB en la generación de nueva riqueza y de una mayor tasa de recaudo en aquellos sectores productivos de más altos ingresos (es decir los megarricos eluden y evaden impuestos y por lo tanto el valor del recaudo disminuye).
De hecho los ciclos de bonanza económica que experimentó el país como producto del alza en las cotizaciones del precio internacional de los hidrocarburos (petróleo principalmente), han cesado y en consecuencia los ingresos por exportaciones en este renglón económico han disminuido dramáticamente al igual que el café otrora producto insigne de la economía colombiana.
Finalmente y considerando el párrafo con el que inicia presente artículo, los esfuerzos gubernamentales dirigidos hacia el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación enfrentaron una paradoja, es decir, mientras la ciencia ganó importancia como factor de discusión estratégico para el desarrollo de la economía colombiana a raíz de las exigencias de la cuarta Revolución Industrial, la inversión en ella bajó afectando a los centros de investigación y las universidades quienes perdieron protagonismo en la producción científica.
Así por ejemplo las cifras proporcionadas por el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT), reflejan que la inversión como porcentaje del PIB, tanto en Acti (Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación) como en I+D (Investigación y Desarrollo), se redujo en un 0,03% para ambos indicadores de 2019 a 2020.
En total, Colombia invirtió en ciencia, tecnología e innovación 8,4 billones de pesos en 2020. De esos, solo 2,9 billones se fueron directamente a producción de ciencia.
