Sin duda, 2021 estuvo plagado de noticias bastante escabrosas, de secretos inmemoriales, pero este 2022 nos sorprende con una misiva lo suficientemente impactante como para dejar todo de lado y enfrascarse en semejante misterio.
Si no ha sido suficiente para la población colombiana la cantidad de sucesos noticiosos que se viven día tras día, haciendo que la capacidad de asombro carezca con el pasar de los días, creo que la desaparición de un lote de 22 fusiles Galil calibre 5.56mm en inmediaciones del comando de policía de Sucre, ubicado en la ciudad de Sincelejo, hace que por un segundo recuperemos tal facultad de ser sorprendidos por semejante suceso, tal como en una de esas novelas del realismo mágico.
Sin embargo, es menester destacar que el descubrimiento de la pérdida del armamento fue un hecho a todas luces fortuito. Toda vez que el entramado se descubrió por un arqueo realizado al material militar, por parte del coronel Ricardo Sánchez, con ocasión del cierre de año, dando aviso de manera inmediata a la justicia penal militar para adelantar las respectivas investigaciones; los detalles fueron entregados a la prensa el día 3 de enero, cuando salió el primer reporte oficial.
Ahora bien, lo que realmente indigna no es la pérdida como tal de los 22 fusiles, sino en manos de quién cayó ese armamento, además de la poca fiabilidad del Estado e Indumil para controlar o vigilar los comandos de policía y que sucesos como este no ocurran.
Otra cosa que sorprende de este caso, que más bien parece una hazaña escapista al más puro estilo de Houdini, es la desazón de que la investigación en curso fuera abierta por peculado, tomando como fundamento la cuantía de los 22 fusiles Galil, como si para el derecho penal fuera lo mismo hurtar plata que hurtar armamento potencialmente mortal de uso privativo de las fuerzas armadas. Qué desfachatez.
En medio de todo el rebullicio mediático, en entrevista con Blu Radio, el comandante de policía de Sucre ni siquiera supo indicarle a la periodista cuánto costaba cada fusil hurtado, lo cual crea dudas sobre la legitimidad de la labor del funcionario de la fuerza pública, pues no tiene el mínimo reparo en descubrir la cuantía de sus implementos militares, además de no saberlos cuidar con el cuidado que tales armas se merecen.
En Colombia, este suceso no es único en su especie, y sus consecuencias por lo pronto no se han imputado a sus causantes; aquí unos ejemplos: el 10 de octubre de 2021, en inmediaciones del batallón especial energético y vial n.°19 ubicado en puerto Rico, Caquetá, fueron sustraídos cinco fusiles por parte de soldados que prestaban el servicio militar; el 21 de abril de ese mismo año fueron hurtados cinco fusiles del hospital militar, que posteriormente fueron recuperados; en junio de 2021 desaparecieron seis fusiles del cantón militar de Buga, Valle del Cauca.
Es imprescindible que las autoridades colombianas se pongan a tono con el caso y traten de buscar una solución a todo este entramado. Dirigir la investigación por el rumbo adecuado es infinitamente valioso; la importancia de este asunto alcanza niveles nacionales y es importantísimo encontrar en manos de quién o quiénes están estas armas, que, según los libros de balística, dado su calibre, son bastante mortíferas y en las manos equivocadas son potencialmente peligrosas.
Esperemos que con este caso cambie el rumbo de lo que vienen siendo las investigaciones en la justicia penal militar, que en muchas ocasiones terminan en impunidad y con los verdaderos responsables, ocasionando todo tipo de desfalcos al erario. ¡Que rueden las cabezas que tengan que rodar!
