En Inglaterra, madre del sistema parlamentario moderno, con dos cámaras: la Alta, de los Lores y la Baja, de los Comunes, la oposición acaba de pedirle la renuncia al despelucado primer ministro Johnson por haber organizado en la casa presidencial, durante la cuarentena, una concurrida fiesta, violando las normas de bioseguridad.
En Colombia, para que renuncie un alto funcionario del gobierno acusado de crímenes y con abundantes pruebas, se necesita un milagro, pues, sí, nos catalogan como el “país con la gente más de feliz del mundo”, a este título deberían agregarle: el de la clase política y dirigente: “más picara, descarada y sinvergüenza del mundo”.
Para no hablar de anteriores gobiernos y hacer interminable esta columna, en el de salida y raspada de olla de Duque abundan ejemplos como los del narco-embajador Sanclemente, al que casi tienen que remolcar para sacarlo de la embajada en el Uruguay después de haberle pillado un completo laboratorio de cocaína en su finca cercana a Bogotá.
O el de la MinTIC y consentida de la casa Char, Karen Abudinen, que como lora mojada insistía en que ella nada tenía que ver, y que antes había descubierto, el robo de los 70.000 millones de pesos, destinados a dotar de internet a comunidades y estudiantes de regiones apartadas, después del billonario contrato otorgado a Centros Poblados, la empresa con mayoría de socios como su paisano Tapia, conocidos de autos, por el robo a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, con más prontuario judicial que hoja de vida, y aun así, concursando y ganando multimillonarias licitaciones en todo el país, sin que, gracias a generosas paladas por debajo de la mesa, ni los funcionarios públicos, ni organismos de control, ni las autoridades los detectaban.
Gracias al título del país de los más descarados y sinvergüenzas, la procuradora Cabello Blanco, por ejemplo, incrementó la nómina en más de 1200 altos funcionarios con funciones judiciales traídas de los cabellos, dizque para cumplir recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que la Procuraduría no podía destituir a alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular sin previa sentencia de un juez penal.
Para enmermelar más a congresistas que apoyaron a este mojigato y morrongo gobierno de apariencias, decidieron convertir a la Procuraduría en aparato judicial y nombrar 1200 funcionarios remedando funciones de jueces.
La CIDH criticó esta decisión y señaló que no cumplía lo recomendado y de inmediato saltaron como tigres de la presidencia y la Procuraduría, defendiendo una supuesta autonomía e imparcialidad, en un gobierno que por enredadoras maniobras ya había puesto a su servicio organismos como la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, sin olvidar la comisión de absoluciones de la Cámara que acaba de exonerar al presidente de Duque, junto a la Fiscalía, por la compra de votos para la segunda vuelta presidencial en el episodio conocido como la neñepolítica.
Al respecto, el abogado y columnista del El Espectador Gustavo Gallón escribe el 13 de enero con el título: “Aforados y descarados, pero emproblemados”.
“Se archivó la investigación sobre el ingreso de dineros a la campaña presidencial de Iván Duque por parte del narcotraficante José Ñeñe Hernández. Lo mataron en Brasil y era investigado por el asesinato del hijo de su sastre, a quien le debía mucho dinero. Agentes de la Fiscalía habían interceptado 1.500 de sus conversaciones telefónicas con María Claudia Cayita Daza, asesora de la campaña y de Álvaro Uribe en el Senado. En el ingreso de esa plata habría estado involucrada Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, también detectada en las llamadas. Una historia digna de Agatha Christie… o de El padrino.
Pero el Consejo Nacional Electoral archivó el caso en octubre. El magistrado Luis Guillermo Pérez salvó su voto por considerar que había pruebas muy graves y que muchas otras se debieron practicar, lo cual no se hizo. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ordenó también el archivo en diciembre, con ponencia de Óscar Villamizar, del Centro Democrático. Dos miembros de la Comisión, Mauricio Toro y Wilmer Leal, de la Alianza Verde, votaron en contra porque Villamizar, aliado del Gobierno, había ignorado una petición de declararse impedido, no realizó una investigación rigurosa y los 1.500 audios contenían revelaciones suficientemente comprometedoras. Pero la decisión fue aprobada por 12 votos. La Comisión está integrada por 16 miembros, dos de los cuales son de la Alianza Verde, dos de la U y los 12 restantes pertenecen a partidos cercanos al Gobierno: cuatro del Centro Democrático, tres de Cambio Radical, tres del Partido Liberal y dos del Partido Conservador”.
