Qué más quisiéramos los colombianos que estar en la mesa de los treinta o cuarenta epulones que en el mundo conforman el club de la OCDE, una exclusiva organización en la cual están las naciones más ricas del mundo y con más alto PIB; las de mejor calidad de vida, salud, educación y desarrollo científico y tecnológico; autosuficientes en agricultura, alimentos y empleos de calidad; con economías sanas, en permanente expansión y crecimiento y un comercio consolidado y competitivo.
Además de sustentables y eficientes en el manejo de sus recursos naturales y medioambiente; con una infraestructura vial y de transporte de calidad y cobertura integral; con desarrollo institucional y territorial claramente definido que privilegie el crecimiento y estabilidad económica, a la vez que derive en constante progreso en el nivel de vida de sus habitantes.
Lamentablemente, esa no es la panorámica del país que su presidente quiere sentar en una mesa en la cual no hay puesto para él y meter en un club que se reserva, con controles rigurosos y objetivos, el derecho de admisión.
En cambio, cada vez más a Colombia le deja de ir bien en las mediciones que organismos especializados surten para evaluar la competitividad de los países en el ámbito mundial, cuyas variables se cruzan y sirven de insumo a la OCDE para evaluar el ingreso de nuevos socios a su club.
Es el caso del Foro Económico Mundial, FEM, organismo que resalta el descenso de Colombia en competitividad, infraestructura y debilidad institucional y, como en informes anteriores, su ascenso en la variable corrupción.
No es casual que como magnitudes invariables siempre aparezcan estas tres marcando muy alto, cuando de determinar que tanto ha alcanzado el país en competitividad para enfrentar las dinámicas de su desarrollo y progreso, consolidar su institucionalidad y fortalecerla en el ejercicio transparente y eficiente.
Desde luego, es la corrupción el indicador más sobresaliente en las mediciones que nos dicen de manera realista que tan próximos o alejados estamos de alcanzar niveles satisfactorios en el panorama económico a nivel global, regional y local.
Que sean esos tres elementos en su orden los marcadores que determinan el análisis y resultados de la medición del FEM, cuanto pone de presente es la incuestionable y por demás sólida trabazón que existe entre ellos, articulada por el sincronizado mecanismo de una institucionalidad débil y proclive a la vulnerabilidad de los agentes de la corrupción.
Es precisamente en esta pluralidad de poderes, en la institucionalidad, surgidos del Estado y formalmente reglados y aceptados por los individuos para el cumplimiento de los fines y objetivos del contrato social, en donde primariamente se incuban los gérmenes incontrolables de la corrupción que darán en aniquilar sin tregua y en su provecho los bienes, recursos y presupuestos de naturaleza pública.
Con ese protervo fin se configuran empresas dedicadas exclusivamente a explotar el recurso “presupuesto público”, configurando una holding política y electoral de carácter local o regional que garantice la elección de alcalde o gobernador, vía expedita para acceder a la caja de caudales de la contratación pública, controlar la institucionalidad y despacharse los presupuestos y la burocracia clientelar.
Que cada año somos menos competitivos en transparencia, infraestructura e institucionalidad, es verdad que no requiere demostración. Basta saber cuánto se engullen los gobiernos corruptos y poderes regionales y locales en vías, puertos marítimos y fluviales, acueductos, aeropuertos, ferrocarriles, trenes de lejanías y cercanías, carreteras, dobles calzadas, avenidas, rutas del sol, que se contratan, se pagan y no se construyen.
Y cuanto dejan de investigar y sancionar los órganos con poder de la institucionalidad investidos para tan ponderada pero nunca efectiva y edificante misión.
Dejemos de ser ingenuos y reaccionemos: corrupción, infraestructura, débil institucionalidad, son una, y solo una, la causa eficiente de la baja competitividad de Colombia y sus regiones; eslabones que se entrelazan y amparan sólida y solidariamente para fines perversos contra la institucionalidad, a la vez que desde ella confabulan contrala sociedad.
Poderes que conspiran contra lo colectivo y lo público. Desde el poder y la institucionalidad. Fuerzas que estrangulan la democracia y la cooptan en su provecho.
Y clanes políticos, familiares, “pandillas”, “mafias o partidos”, “delincuencia oficial untada de sangre”, sus gestores y agentes institucionales, tanto en lo local como regional y nacional.
Poeta
@CristoGarciaTap
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