La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó libertad condicional para el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, capturado en 2014 en Cereté y quien fue durante diez años el gerente del Fondo Ganadero del departamento. La Fiscalía lo acusa de paramilitarismo y ser el responsable del desplazamiento más de cien familias de la finca Tulapas, en los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá entre 1997 y 2007.
Osorio tuvo nexos con Carlos Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y con Salvatore Mancuso, ambos habrían planeado con Osorio el despojos de tierras. En 2020, ingresó a la JEP y aportó pruebas claves contra Ejército, Policía Nacional, funcionarios y empresarios que habrían participado en el desplazamiento forzado. La decisión también fue respaldada por las víctimas que aseguraron que gracias a los testimonios del exgobernador de Córdoba se logró dar con las cabecillas del conflicto armado en esta región del país.
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