Desafortunadamente, el tema de la inseguridad ciudadana en Bogotá y en Colombia es un pan de cada día, el cual hemos tenido que comer por infortunio o por falta de gestión de las administraciones central y distrital en cabeza de la desprestigiada alcaldesa Claudia López y el subpresidente Iván Duque Márquez, a tal punto que cualquiera pueda ser víctima de dicha inseguridad.
El reciente caso de la periodista y funcionaria de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) Natalia Castillo es un ejemplo claro de ello. Sin embargo, lo que muy pocos han notado es que lo acontecido con la periodista de la ONU no es el único caso acontecido, en el que un trabajador de dicho organismo muere de forma violenta, y lo más "curioso", en circunstancias que pueden resultar bastante sospechosas, como fue el caso del voluntario de la ONU Mario Paciolla.
Al saber lo ocurrido con Natalia, algunas personas, incluyendo a su servidor, pudieron tener un golpe de memoria al habérseles venido a los recuerdos el caso del voluntario italiano cuyo cuerpo fue encontrado colgado y con evidentes signos de violencia en su casa en San Vicente del Caguán Caquetá. El nombre del italiano se resaltó en los medios por ser uno de los verificadores de la Misión de la ONU en Caquetá, que constató la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo contra el comandante disidente Gildardo Cucho en agosto de 2019, hecho que precipitó la renuncia de Guillermo Botero como ministro de defensa.
Pareciera que fueran dos hechos producidos de circunstancias muy aparte que podría ser una simple y lúgubre casualidad, pero al analizar detenidamente ambos casos se denotan varios común denominadores. El primer lugar, la labor de ambos funcionarios en el país: tanto Natalia como Mario trabajaron en el mismo organismo (UNDOC) y en un tema en común el cual fue la implementación de los acuerdos de La Habana, así como en temas de acatamiento de responsabilidades establecidas por la ONU al Estado colombiano en materia de derechos humanos.
En segundo lugar, ha habido poca celeridad en las investigaciones por parte de la Fiscalía General, dado que hasta el momento existe un mutismo grande en ambos casos por parte de la entidad. Y en tercer lugar, los hechos se produjeron en hechos circunstanciales, es decir hechos en los que se puede convenientemente decir que pudieron ser un "suicidio" o un "simple robo a mano armada".
Estos dos lamentables hechos han denotado un serio problema sobre la seguridad de los funcionarios de la ONU que trabajan en Colombia, especialmente en temas espinosos como el sostenimiento de los acuerdos de paz y derechos humanos en un gobierno que ha demostrado abiertamente su animadversión por los mismos.
Por ello es necesario visibilizar que existe un posible peligro inminente para los funcionarios de la ONU en Colombia, por tanto que no se ha garantizado completamente las condiciones de seguridad de dichos funcionarios en zonas rojas del país por parte del Estado y, por otro lado, a riesgo de hacer juicios apresurados frente a ambos casos existe la posibilidad de que se pudiera estar orquestando un posible plan de persecución y exterminio desde los organismos de seguridad del Estado colombiano contra trabajadores de la ONU en Colombia que hallasen trabajado en labores de observación e informes de veedurías sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario con enfoque territorial, los cuales han visibilizado la profunda crisis existente al interior de las fuerzas armadas y de Policía, así como una profunda crisis sociopolítica en varios territorios y que a su vez han dejado completamente malparada la gestión del Gobierno del subpresidente Duque.
Y como si no hubiesen suficientes coincidencias, cabe señalar que en los últimos dos años de Gobierno, el subpresidente Duque se ha mantenido en constantes peleas con los organismos de derecho púbico como la ACNUDH, la CIDH y la misma ONU que han controvertido su gestión frente a los temas de DDHH y la implementación de los acuerdos de La Habana, los cuales les ha querido hacer el quite sin mucho éxito, la mas reciente hecha el 15 de diciembre pasado en la cual volvió a controvertir a la ONU en su informe en el cual estableció la responsabilidad de la Policía en las muertes ocurridas en el marco del paro nacional del 28A, afirmando de manera pedante que “nadie puede usurpar las funciones del Estado”.
Como repito, no puedo dar juicios apresurados en estos casos, pero resulta evidente el hecho de que se puede presentar un peligro inminente para funcionarios de la ONU que trabajen en Colombia. Los casos de Mario y Natalia nos demuestran que es menester mirar qué puede estar pasando con dichos funcionarios en su campo de trabajo. De llegarse a comprobar de que en verdad exista un plan contra funcionarios de organismos internacionales orquestado desde el Estado, el gobierno del submandatario Iván Duque habría llegado a la extrema locura del totalitarismo y la imbecilidad al querer amedrentar a los organismos de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se "entrometan en su soberanía".
Nota adicional: Precisamente haciendo a colación de la muerte violenta de la periodista Natalia Castillo, el 28 de diciembre se conmemoraron los 30 años del asesinato del corresponsal de el tiempo en Arauca y locutor de la emisora La voz de Cinaruco Henry Rojas Monje, quien por años denunció la connivencia de políticos locales con grupos armados en la región. El crimen hasta la fecha aún sigue impune y en completo silencio, como están los de Natalia y Mario
