"No más, por favor no más, por favor ya, en serio por favor ya no más". Fueron estas palabras de agonía las que desataron la noche de terror que se vivió entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá. Todo comenzó en la madrugada, cuando Javier Ordóñez, un joven abogado, fue detenido por la policía. En video quedó registrada su detención por parte de la Policía, pero también las descargas eléctricas con una pistola taser. Ordóñez fue llevado al CAI del barrio Villa Luz, al occidente de Bogotá, donde fue golpeado hasta la muerte.
Ese mismo 9 de septiembre comenzaron las protestas por el asesinato de Ordóñez, quien se convirtió en un símbolo del abuso policial. Y como era de esperarse, las protestas rápidamente llegaron a su punto de ebullición, cuando hacia las 9 de la noche los CAI en varios puntos de Bogotá ardían en llamas.
"Masacre policial", es la conclusión a la que llega una relatoría entregada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien solicitó el informe hace seis meses. Un grupo de investigación liderado por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, y acompañado por la ONU, registró entre el 9 y 10 de septiembre 14 asesinatos —11 de los cuales están enmarcados en las protestas y fueron adelantados por la Policía—, al menos 75 personas heridas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la Policía.
La responsabilidad apunta hacia la Policía Nacional, que actuó de manera violenta, desmedida y más bien como un grupo armado y no como una fuerza pública. La toma de decisiones pasó por el Puesto de Mando Unificado nacional (PMU) en el que se encontraba el ministro de Defensa, quien para ese entonces era Carlos Holmes Trujillo, y el director de Seguridad Ciudadana, el general Jorge Luis Vargas —hoy director de la Policía Nacional—.
Pero también se instaló un Puesto de Mando Unificado distrital donde estaba el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Luis Alfredo Sarmiento, quien estuvo entre las 6:00 p.m. y las 8:30 p.m. dirigiendo el PMU distrital. El coronel Sarmiento se negó a hablar con los investigadores del informe. A este Puesto de Mando Unificado se unió el ministro Carlos Holmes Trujillo hacia las 8:30 p.m. junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, quien se puso al frente de todas las unidades de policía de la ciudad. Desde este centro operativo salieron varias instrucciones que quedaron registradas en cinco oficios, 14 poligramas y 57 órdenes impartidas mediante comunicados oficiales, actas de instrucción, programas avantel y videoconferencias.
Sin embargo, no hubo una orden expresa para no usar armas de fuego para reprimir las protestas. Aunque los procedimientos de la Policía son claros frente al uso de armas letales contra civiles, el informe sí insiste en que ante la ausencia de una orden clara y explícita la policía se le rebeló al poder civil, es decir, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
La Policía es responsable de: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
El informe final fue entregado por Carlos Negret a la alcaldesa y su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Entre lágrimas, Claudia López reconoció que lo que sucedió aquella noche fue una masacre y hay unos responsables, entre ellos misma. Pero además le envió mensaje al presidente Duque para que también haga un acto de reconocimiento junto a la Policía Nacional, que siempre se ha negado a reconocer sus actuaciones aquella noche.
El trabajo de los relatores puede sintetizarse en una observación clave: “Se requería un decidido liderazgo político y operativo en los niveles nacional y distrital fundado en los derechos para evitar su concurrencia”. Esto no ocurrió, y el 9 de septiembre se convirtió en la noche de terror en que la Policía salió a matar a la gente.
