¿Cómo llegó la sociedad chilena a obtener un derecho que de manera directa reconoce en plenitud a una porción de ciudadanos que varía entre un millón y 1.900 personas (*) e indirectamente contribuye a avanzar en la agenda de derechos humanos de ese país?
Más allá del contenido de esa conquista social, el proceso que siguió la aprobación del matrimonio igualitario que convierte a Chile en el noveno país de América en legalizarlo, después de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México —en 18 de sus 32 estados— enseña.
En cualquier cátedra de derechos humanos (DH) podría analizase el paso a paso que implicó la aprobación en el Congreso chileno, y la promulgación el 9 de diciembre por el presidente Sebastián Piñera —quien había promovido el trámite urgente en junio—, de la ley que considera equivalente tanto el matrimonio heterosexual como homosexual, y alude a cuestiones sobre filiación, derechos laborales y adopción.
Etapas. Hace 30 años que la colectividad homosexual chilena, hoy organizada en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), venía bregando por el reconocimiento de sus plenos derechos, incluido el de formar una familia. No fue fácil, como ha dicho Ramón Gómez, encargado de los DH en el Movilh. Hubo que agotar todas las instancias judiciales en Chile; se perdieron demandas ante la Corte Suprema, y finalmente, se debió denunciar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue entonces que se logró un compromiso de que el Estado de Chile presentaría un proyecto de ley que permitiera el matrimonio igualitario. Ese proceso fue acompañado por acciones de sensibilizaciones, movilizaciones en las calles y educación de la ciudadanía, agrega Gómez.
La Iglesia. En opinión del activista en DH, Chile «cambió radicalmente en la última década y ya no se puede aseverar que sea un país de tradición católica, sino que presenta mayor cantidad de ateos». La referencia de Gómez alude a la tradicional oposición católica a los DH de los homosexuales, que en el presente quedó de manifiesto con la protesta evangélica: los parlamentarios evangélicos de derecha fueron los más reticentes al proyecto aupado por el presidente. «Traicionó al mundo cristiano», escribió el parlamentario de Renovación Nacional (RN), Leonidas Romero.
No le dice Gómez, pero en los últimos años la Iglesia católica chilena sufrió la mayor crisis de su historia cuando Jorge Bergoglio (Francisco) se vio obligado a pedirle la renuncia a la totalidad de los obispos chilenos (34) ante las denuncias de abusos sexual de curas contra menores, así como complicidades y encubrimientos de la jerarquía católica respecto a esos sacerdotes. La película chilena El club es una de las tantas que evidencian lo anterior, así como documentales existentes en diferentes plataformas, realizados con base a testimonios de las victimas del abuso sexual clerical chileno
«La Iglesia católica, hasta la década de 1990, tenía un fuerte arraigo social, con mucha aceptación y una Conferencia Episcopal que gozaba de mucha credibilidad. Era una institución capaz de integrarse a los asuntos de la vida de la feligresía», dice el doctor en Historia, Marcial Sánchez. Era una institución que podía hacer y deshacer en la sociedad chilena. Coincide con él Juan Guillermo Prado, escritor e investigador de temas eclesiásticos, quien sostiene que las denuncias por abusos sexuales ayudaron a destruir esa imagen. «La Iglesia fue respetada en tiempos de dictadura, pero hoy carece de prestigio. Antes, la Conferencia Episcopal se pronunciaba sobre temas contingentes, pero ahora pasa inadvertida», explica el autor de María dentro y fuera de la Iglesia.
Según la encuesta regional Latinobarómetro de 2018, Chile es el país de la región que menos confía en la Iglesia, seguido por Uruguay, El Salvador y Argentina.
Esa pérdida de ascendencia de la Iglesia católica sobre la sociedad civil también explica el cambio social respecto a la comunidad homosexual de Chile. Ese descredito incidió en el cambio de posición de los políticos chilenos de derecha, como el candidato presidencial a la segunda vuelta el 19 de diciembre, José Antonio Kast, quien tras manifestarse «cristiano», sostuvo: «pero también soy profundamente demócrata y entiendo que, si el parlamento tiene una mayoría para aprobar una ley, en la cual yo no creo, hay que respetarla, como se aprobó la ley de aborto en tres causales». Bien claro: la Constitución y la ley por encima de sus creencias religiosas.
En 2015, Chile aprobó la unión civil que permitía el vínculo jurídico también entre personas del mismo sexo, otorgándoles efectos similares al matrimonio principalmente en materia patrimonial. Un estudio presentado por el Movilh en octubre de 2020 demostró que de un total de 35.343 uniones civiles contraídas en Chile desde la entrada en vigencia la ley, 21,3 % son vínculos del mismo sexo y 78,7 % heterosexuales, de acuerdo con cifras del Registro Civil.
En opinión de Gómez, «el 70 % de los encuestados está de acuerdo con el matrimonio igualitario» lo que demuestra un cambio importante en la sociedad civil, algo que «la élite política nunca lo entendió».
Quizás exagere el activista del Movilh. Piñera reiteradamente dijo en su campaña preelectoral que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y a mediados del 2021 tuvo un cambio radical que asombró a todos los movimientos referentes LGTBIQ del país y del mundo. Pero no menos cierto es que en 2017 el coordinador programático del presidente Piñera, Gonzalo Blumel, se manifestó a favor del matrimonio igualitario aunque también concedió que era Piñera quien decidía sobre el tema.
Fue en 2005 que en un debate presidencial se propuso por primera vez de boca de un candidato la propuesta igualitaria. Lo propuso Tomás Hirsch Goldschmidt (65) un político chileno de origen judío, actual diputado de la República por el distrito 11, que agrupa a las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén.
Hirsch, exdirigente del Partido Humanista de Chile y actual miembro del movimiento político y social Acción Humanista(AH), inició esa movida en el plano político-electoral. Fue retomada por diferentes legisladores de izquierda, pero recién durante la segunda presidencia de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), es que el proyecto legislativo llega al Congreso.
Aprendizaje. El proyecto votado en los primeros días de noviembre obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras: en la Cámara de los Diputados se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Horas antes, la Cámara Alta le dio el visto bueno con el respaldo de 21 senadores, 8 en contra y 3 abstenciones.
Que el ejercicio de los DH es su mejor defensa es una definición correcta. Pero también que la defensa de los DH requiere de enseñanza, divulgación, modificaciones culturales (nunca rápidas), activismo pro derechos, para lograr la voluntad política que opera el cambio. Esta ley chilena es una demostración que es válida para otros DH que requieren urgente vigencia en la región.
Todo el proceso permite entender la conclusión que le mereció la aprobación del matrimonio igualitario a Jaime Bellolio, vocero oficial del gobierno de Piñera: «como Gobierno, creemos en la protección de los niños y adolescentes, creemos en la familia y en la institución del matrimonio y esto es una manera en la cual se protege a esas familias y sus distintas expresiones».
(*) La estimación obedece a diferentes estudios que ubican el homosexualismo en un porcentaje que varía entre un 5 % y 10 % de la sociedad, cifra que inexacta en función a las distintas etapas en los que se realizan los muestreos, así como a las diferencias culturales existentes en el mundo.
