El sábado 27 de noviembre se inició en la comisión tercera permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá el primer debate del proyecto de acuerdo 497 de 2021, correspondiente a la expedición del presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá para la vigencia fiscal 2022.
Una de las principales problemáticas en torno al presupuesto de la capital se centra en el proceso de venta del 9,4 % de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá, que representarían recursos por más de 2,29 billones de pesos; sin embargo, este proceso sigue el camino de la privatización de los activos de la capital, proceso que viene desde alcaldías como la de Antanas Mockus en 1997, momento en que se separan las actividades de generación, distribución y comercialización de la entonces Empresa de Energía de Bogotá que lleva a la constitución de Emgesa y Codensa, y también de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, con el acuerdo 651 de 2016, por medio del cual el distrito vendió 20 % de su participación en la EEB a cambio de 3,5 billones de pesos, que junto con otros acuerdos de aquel entonces consolida el camino a la privatización de los activos de la capital.
El primer debate dio continuación el día domingo 28 de noviembre. La sesión se desarrolló en un panorama de incertidumbre ante las incógnitas de diversos concejales y de varias de las corporaciones de la capital, realizadas con antelación, principalmente a la Secretaría de Hacienda, respuestas sin las cuales, según se argumentó, sería complejo proceder con la votación del presupuesto. A lo largo de esta sesión salió a relucir con la intervención de la concejala Ati Quigua otra de las situaciones de la capital: el abandono en el cual se encuentra la población embera congregada desde hace más de dos meses en el Parque Nacional, y que en medio de los intentos de desalojo y las enfermedades que les aqueja ha persistido en la defensa de sus derechos.
La sesión dio continuidad. No obstante, más adelante, en medio de la asamblea, la concejala intervino nuevamente e hizo un llamado humanitario y de empatía a la corporación, pidiendo el cuidado de la nación embera, de los niños que han sido los más afectados por la situación, uno de los cuales acababa de fallecer en el parque. Se pidió así que la sesión no continuara para poder dar atención a la prioridad que en ese momento llamaba a la corporación, no obstante, ante este llamado la presidenta de la Comisión de Hacienda intervino diciendo que “no podían darse ese lujo y que mientras hubiera quorum la sesión continuaría”.
Se dio paso así a la intervención del Secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez, que hizo la explicación del presupuesto de la capital para la vigencia 2022, dando algunas claridades frente a las preguntas que se habían emitido, y haciendo énfasis en el denominado rescate social de la capital. Terminada la intervención del secretario de Hacienda, y luego de la interpelación de tres concejales, se dio cierre a la sesión con el argumento según la presidenta de la comisión de que varios miembros del concejo habían hecho el llamado para compartir con sus familias. Este cierre se dio cerca de 50 minutos después del llamado de hiciera la concejala Ati. Juzguen ustedes.
La sesión del 4 de diciembre estuvo trazada por el recuerdo del asesinato de una niña indígena: Yuliana Samboní, cinco años que traen consigo el balance de la violencia contra las mujeres en la capital y la pregunta de qué se ha hecho al respecto, ello sumado a las cifras de 21 feminicidios durante el 2021 y la amenaza de la que está siendo víctima la Concejala Heidi Sánchez junto con otras personas por el denominado Bloque Capital.
El 4 de diciembre, debido a una nueva recusación se dio trámite al proceso de acuerdo 512 de 2021 relacionado con los factores de subsidio para los estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo. El debate iba a continuar el día 6 de diciembre; sin embargo, debido a dos nuevas recusaciones, este no se pudo adelantar.
De esta manera, la capital se está debatiendo entre un presupuesto para la vigencia 2022 que pone su foco en la movilidad, la venta de activos públicos y recortes a ramas como salud y educación; la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, que también tiene sus críticas, pues por parte de varios miembros del Concejo se ha solicitado su retiro con el fin de generar una nueva discusión en 2022 y que ha sido detenido gracias a las tutelas interpuestas por la ciudadanía.
Ojalá estos proyectos no resulten aprobados por pupitrazo, como coloquialmente se dice, o sacados por decreto ante el cumplimiento de los tiempos de los debates en el Concejo; ojalá la administración ponga sus ojos en la población embera, congregada en el Parque Nacional y atienda verdaderamente sus necesidades sin revictimizarles, pues ya es bastante el abandono histórico al cual han sido sometidos. Ojalá que se generen las acciones para prevenir la violencia contra la mujer, cuya mayor manifestación es el feminicidio, como el acto que sucediera hace cinco años con Yuliana Samboní.
