El distrito de Barranquilla, 14 municipios de Atlántico y casi tres millones de usuarios deben ser resarcidos por los sucesivos despojos que han sufrido en los últimos 25 años, en los cuales fueron saqueados alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos en la empresa Triple A.
El primer despojo ocurrió en 1996, cuando la mayoría accionaria que ostentaba el distrito fue dilapidada y entregada a la empresa Aguas de Barcelona y a encumbrados empresarios barranquilleros.
Luego, a principios del siglo XXI, en una jugada a la panameña, apareció el Canal de Isabel II de la municipalidad de Madrid, España, adueñándose de Inassa S.A., su matriz para América Latina, accionista mayoritaria de Triple A.
Pero el golpe mayor lo asestaron con un contrato leonino y ficticio de asesoría técnica, según el cual Triple A le tenía que entregar el 4,5 % del recaudo mensual a Inassa.
Y así lo hicieron durante años, hasta octubre de 2018, por un monto calculado en 80 millones de dólares (más de 300.000 millones de pesos), provenientes de las altas tarifas pagadas por los usuarios.
El desfalco lo destapó el español Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y exmiembro de la junta directiva de la Triple A, capturado en su país por múltiples defraudaciones, quien admitió ante la Fiscalía ibérica que la susodicha asesoría nunca existió y que fue una treta para extraer mayores ganancias para la empresa Inassa S.A. Ante la descarada maniobra, la Fiscalía General de la Nación embargó el 82 % de las acciones que posee Inassa en la Triple A, con fines de extinción de dominio.*
Claro que faltaban más chanchullos, que se descubrieron al investigar la Fiscalía General irregularidades en esta empresa, que presta los servicios de agua, aseo y alcantarillado a Barranquilla y 14 municipios atlanticenses. Entre 2012 y 2015, “mediante la creación de 54 órdenes de pedidos y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría” sustrajeron ilegalmente más de 27 mil millones de pesos según el ente investigador.
El gerente de la época, Ramón Navarro, fue capturado, enjuiciado y condenado a más de quince años de cárcel por estos delitos que confesó, pero no dio a conocer a sus socios delictuales, ni devolvió lo sustraído.
Definitivamente, esta empresa es la joya de la corona de Barranquilla y del Atlántico, ya que después de sufrir semejantes desfalcos por el contubernio corrupto de muchos actores, sigue prestando sus servicios, aunque con falencias que hay que corregir, pero también con avances como la recuperación del servicio de Aseo, que estaba en otras manos.
También se deben analizar los estados financieros, donde aparecen los llamados activos intangibles por un valor de $518.983 millones de pesos, el 61% de los activos totales, los cuales son una afrenta para el distrito de Barranquilla y para millones de usuarios. Los activos intangibles, que no lo son tanto, ya que son mejoras en infraestructura y en aparatos de informática que deberán ser devueltos a la empresa por el distrito cuando “concluida la concesión por cualquier causa (…) serán pagados por el distrito en la parte no amortizada o depreciada”.
Es decir, si en este momento se acaba la concesión, una posibilidad real ya que las acciones de los españoles están embargadas con fines de extinción de dominio, el distrito de Barranquilla tendría que pagar esa impresionante suma de $518.983 millones de pesos.
¿Cuál debería ser el desenlace a favor de los usuarios?
Como el 82 % de las acciones de Inassa S.A. en la Triple A están embargadas con fines de extinción de dominio desde hace más de tres años por los desfalcos de 80 millones de dólares con el contrato ficticio de asesoría técnica, la Ley 1708 de 2014 define en su artículo 91 que estos bienes “serán destinados así: en un 25% a la Rama Judicial, en un 25 % a la Fiscalía General de la Nación y el 50% restante para el Gobierno Nacional quien reglamentará la distribución de este último porcentaje”.
Pero también está en curso una Acción Popular de la Procuraduría General de la Nación, coadyuvada por el sindicato de la Triple A, el senador Jorge Enrique Robledo y la abogada Melissa Aníbal, en el cual se pide “ordenar a Inassa devolver a Triple A los dineros que esta pagó con ocasión del contrato, debidamente actualizados y con intereses corriente, para que Triple A reliquide las utilidades a favor del distrito de Barranquilla”.
Con los desarrollos de los procesos en curso tendrían que reparar a los barranquilleros y atlanticenses los daños y perjuicios de los despojos, restituyendo la propiedad de la Triple A al distrito de Barranquilla, sin necesidad de comprar acciones, como lo está pregonando el alcalde distrital Jaime Pumarejo, y más bien, optar por que sea una empresa de naturaleza pública (sin la cortapisa del artículo 73 de la sociedad Triple A, abolido por la última Asamblea de Accionistas), manejada con los trabajadores y el personal técnico y administrativo que ha tenido en los últimos años, mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios y cuyas utilidades sirvan a los intereses de todos los usuarios. Solo así dejaremos atrás la pesadilla de tantos lustros.
Norman Alarcón Rodas
Coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa y Mesa de Usuarios de Atlántico
*http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-negocios-en-barranquilla-de-edmundo-rodriguez-expresidente-de-inassa/20180723/nota/3777060.aspx
