Por su arrogancia, un ejercicio de oposición visceral a la administración pública local que perjudica los intereses de toda la población quilichagueña y mediante una reprochable jugadita, el concejal Yobani Andrés Izquierdo, sometió a Santander de Quilichao al aplazamiento indefinido de algunas soluciones a sus más apremiantes problemas.
Resulta que el pasado lunes, cuando el Concejo Municipal estaba en sesiones ordinarias, y mientras el citado concejal fungía como presidente encargado de la comisión de presupuesto, este debía someter a debate un proyecto de acuerdo de vigencias futuras que presentó la Administración Municipal con el fin de realizar una importante inversión pública.
Esta inversión es de más de 1813 millones de pesos, destinados a resolver problemas como los huecos de las calles y los pavimentos urbanos y rurales, construcción de un puente (para cumplir una sentencia judicial), ejecución del plan de promoción de la salud y gestión del riesgo (Plan de Intervenciones Colectivas), cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a través de las diferentes disciplinas deportivas, y hasta el fortalecimiento de Merquilichao EICE para mejorar la competitividad de los sectores productivos en la plaza de mercado, con la realización de mejoras de la infraestructura interna y externa, capacitación en buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos, fumigación, demarcación e implantación de las zonas de aprovechamiento económico reguladas temporales.
Pero el señor Izquierdo, en una situación anormal no permitió la presentación del proyecto por parte de la concejala y ponente Ximena Medina, argumentando sin soportes reales una supuesta “falta de garantías” y falta de planeación (por desconocimiento del Plan de Desarrollo “Quilichao Vive 2020-2023” , debidamente aprobado por esa misma corporación). Izquierdo ordenó levantar la sesión, con el fin dar tiempo a que comenzara a operar la Ley de Garantías y no se permitiera la solución oportuna de esas necesidades que pueden llegar a paralizarse, a pesar del urgente e intenso reclamo por parte la ciudadanía quilichagueña.
El mencionado proyecto de acuerdo tenía soporte en el Consejo Municipal de Política Fiscal, COMPFIS, que previamente había aprobado la admisión de vigencias futuras ordinarias y excepcionales para los proyectos de inversión relacionados en el citado Acuerdo.
Decía inicialmente que la parálisis provocada por esa oposición que lidera el concejal Yobani Andrés Izquierdo, que frustra la solución de necesidades de desarrollo de las comunidades, se debe al desconocimiento de las funciones y competencias del Concejo Municipal, asunto que bien podría ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Lo anterior, porque la Ley 136 de 1994, que dicta las normas de organización y el funcionamiento de los municipios, dispone un trámite para los proyectos de acuerdo, de tal manera que, si a algún concejal no le gusta lo propuesto por la administración, el procedimiento es votarlo negativamente, pero no abusar del poder fugaz que se le concedió como presidente para burlar el debido proceso.
La norma indica que al ser presentados los proyectos de acuerdo por quienes estén facultados, deben aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días para que se conviertan en acuerdos.
El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva.
El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.
Ese es el procedimiento legal, no el que se inventó el concejal aquí mencionado. A quien se le informa además que la misma normatividad faculta a toda persona natural o jurídica, para expresar sus opiniones al respecto, y tiene derecho a presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones permanentes.
Pero el señor Izquierdo se sintió más poderoso que la normatividad legal y decidió pasársela por la faja.
Estaremos atentos a la evolución de este asunto porque como ciudadanos esperamos que los elegidos a esta corporación se dediquen con responsabilidad, como todos esperan, a reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio y a adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, en vez de todo lo contrario, como se acaba de evidenciar en Santander de Quilichao.
