La pandemia ocasionada por el covid-19 envió a sus casas a una parte importante de los trabadores públicos y privados que con la ayuda de la tecnología cumplían sus funciones, ya se sea mediante el trabajo en casa o teletrabajo.
Con la puesta en marcha del programa nacional de vacunación y la aplicación de medidas de bioseguridad, la gran mayoría de los empleados particulares y los servidores públicos hemos regresado a nuestro lugar de trabajo a cumplir con nuestras funciones, pero sobre todo, a prestar el servicio para el cual hemos sido contratados y del que derivamos el sustento diario.
No obstante, aunque casi todos los servidores públicos ya están en su puesto de trabajo, inclusive en aquellos servicios públicos no esenciales, en la administración de la justicia no les importa que se trate de un servicio público esencial y, de manera inexplicable, muchos jueces y empleados de los juzgados no han regresado a sus puestos de trabajo a prestar el servicio que están obligados y por el que se les paga salario y prestaciones.
Son miles de personas (quizá millones) que no tienen acceso a la administración de justicia, nada más porque los despachos continúan cerrados y los funcionarios están en sus casas, ¿haciendo que? No todas las personas tienen acceso a medios electrónicos para realizar sus peticiones a los jueces y cada día deben mirar la manera para hacer valer sus derechos. Ante esto, no aparece la mano de un presidente o un ministro con pantalones que los obligue a volver a sus puesto de trabajo, so pena de aplicar las sanciones previstas en la ley.
