Pasó prácticamente desapercibida para el país la información dada a conocer el 15 de octubre, a través de medios de comunicación, de la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta noticia debió haber conmocionado a toda la sociedad.
Días previos, por medio de la cuenta en Twitter de la Cancillería, el Estado colombiano había anunciado la visita de Karim Khan, fiscal de la CPI. La vicepresidente y canciller se había reunido con el fiscal Khan para presentarle avances de las investigaciones que el Estado colombiano había adelantado en relación con el caso presentado ante ese organismo multilateral.
Como es bien sabido, el Estado colombiano afronta una demanda ante la CPI por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las administraciones Uribe Vélez y afines al uribismo. La visita de Karim Khan pone el dedo sobre el hecho de que durante casi dos décadas este caso esté aún en la etapa del examen preliminar. El objetivo del examen preliminar es “recolectar toda información relevante necesaria con el fin de determinar si existen fundamentos razonables para comenzar una investigación sobre crímenes graves cometidos por individuos de un Estado dado. Esta evaluación inicial analiza y verifica la seriedad de la información recibida”. Sin embargo, esta es una etapa en que “se les anima a los gobiernos a adelantar sus propias investigaciones”.
Organizaciones como Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el colectivo José Alvear, entre otras, instan a la CPI a mantener abierto el examen preliminar toda vez que las investigaciones adelantadas en Colombia no han conducido a resultados que esclarezcan las violaciones a los derechos fundamentales y constitucionales de la población colombiana.
No deja de ser irónico que, en el entretanto, entre el 15 de octubre y el día de hoy hayan sido crímenes los que hayan opacado la visita del fiscal Khan. Solo bastan mencionar dos: el 17 de octubre, cinco personas fueron asesinadas en Betania, Antioquia. Esa fue la masacre n.° 76 en 2021, según Indepaz. El 19 de octubre cuatro jóvenes fueron asesinados en San Rafael, Antioquia, mientras se dedicaban a rapear en un parque.
El asunto es que la visita de un fiscal que busca conocer de los desmanes de las fuerzas de seguridad del Estado pasa a un segundo plano y es sepultada por las violaciones permanentes a los derechos de los colombianos. A ese mal se le suma uno que le es concomitante: el de la corrupción. El país se despertó con la noticia de que la noche anterior el Congreso aprobó la suspensión de la Ley de Garantías. Por esa vía se legaliza el robo a los recursos públicos.
Tras 17 años en etapa preliminar, el caso de Colombia ante la CPI no se ha esclarecido. Antes de abandonar su cargo, la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, firmó un documento bajo el título 'Situación en Colombia', en el que explica las razones por las que el Estado continúa en examen preliminar. En su examen, Bensouda subraya la dificultad para que el proceso sea inclusivo, esto es, que busque “la participación significativa de las partes afectadas en la formulación de los puntos de referencia (a fin de que así sea) genere la legitimidad necesaria para alcanzar resultados apropiados”. Esta observación debe recogerse en el marco en el que la fiscal Bensouda lo ubica, a saber, “la enormidad de los desafíos que enfrentan la justicia transicional y la rendición de cuentas en Colombia”.
El documento de Bensouda nos ilustran acerca de los desafíos que una instancia superior de justicia, como la CPI, tiene que sortear a la hora de llevar a un Estado ante los estrados judiciales. Hay situaciones esperanzadoras, como el más reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Jineth Bedoya. No obstante, el alto costo que implica que un caso se haya arrastrado por los tribunales durante 20 años, la lucha de Jineth Bedoya lanza el mensaje alentador de que ni siquiera un sistema tan sórdido como el uribista, que ha controlado el país por un periodo de duración similar, está fuera del alcance de la ley.
Lo que el fiscal Khan recibe ahora es un caso parecido, pero multiplicado por miles de víctimas, tanto individuales como colectivas. Lo que sigue ahora es determinar si se cierra la etapa del examen preliminar y se les niegan así a las víctimas sus derechos o si, por el contrario, se pasa a las siguientes etapas en las que la CPI se apresta a llamar al Estado colombiano a juicio.
Todo apunta a que, en derecho, del examen preliminar se deba proceder a iniciar una investigación. Entonces esperemos que el genocidio y los crímenes cometidos no queden en la impunidad.
