En las averiguaciones sobre acumulaciones de baldíos en la altillanura, cercanas al entorno económico del Palacio de Nariño, encontramos propiedades directas o familiares de Francisco Santos Calderón y de los ministros María Fernanda Campo, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri Valencia.
De ellos, Mara Fernanda Campo declaró el correspondiente impedimento en su actividad como ministra de Educación. Otros ministros no lo hicieron, aunque por sus funciones debieron intervenir en distintas actividades —consultas previas, cabildeos, negociación de paros, etc. — y en diversos niveles de la prolija actividad del gobierno pasado en relación con estos temas.
El primo de Iragorri, Pablo Valencia, en declaraciones a Blu Radio (13.09.2013) se refirió a la supuesta motivación para comprar baldíos en el Vichada: tres amigos de un Aeroclub gustaban de aterrizar en esos tres predios, que suman 3.816 hectáreas, para adelantar brigadas de salud desde 1996. “La pasábamos muy rico”, dijo el primo del hoy ministro de Agricultura. Preguntado sobre el proyecto productivo precisó que no lo había en absoluto: “Uno en la vida tiene negocios y tiene cosas de placer, o de descacharres y todo lo que tú quieras”.
En las investigaciones pudimos comprobar que Pablo Valencia y sus amigos del Aeroclub violaron las normas de reforma agraria que reservan la adjudicación de tierras baldías a los campesinos pobres para realizar actividades productivas, y que sus hermanos Julián y María Alejandra (propietarios de Agroelbita SAS, una de las cuatro firmas que compraron los tres predios en 2012) habían saltado la prohibición de acumular más de una Unidad Agrícola Familiar.
Lo que no se conocía era el otro “descacharre”, el de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez: que este integrante de la Junta Directiva de Corficolombiana, de propiedad de su padre Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más rico el país y quien adelanta algunos de los proyectos más fuertes y diversificados en la zona, era el propietario de la otra firma, Cabriolet Ltda., que con Agroelbita Ltda. se hicieron a los predios hace dos años.
Corficolombiana tiene negocios en esta hoy apetecida “última gran frontera agrícola colombiana”, que van desde una gama de actividades financieras en la región, donde el Estado se ha propuesto una bancarización a gran escala; hasta los relacionados con el gas y el petróleo, las concesiones viales y la industria de la construcción, pasando por los negocios con baldíos y los crecientes y antinacionales de las semillas certificadas. Este último hace parte de su Organización Pajonales, complejo económico que fuera propiedad desde 1979 de Carlos Ardila Lulle (propietario de tres ingenios y excónyuge de Maruja Iragorri Hormaza), misma Organización que fuera antes propiedad de Manuelita, también acumuladora irregular de predios en la altillanura.
Pero Corficolombiana es además otro de los emporios allegados al entorno palaciego por el que han transitado no solo ministros como Alejandro Gaviria y “superministros” como Néstor Humberto Martínez, sino también agentes de la política pública tan decisivos como José Leibovich, encargado del desarrollo del documento Conpes para la altillanura, un compendio de las más grandes inversiones estatales de que tenga noticia la historia del país en zona alguna, y donde seis de sus compañías —Mavalle S.A., Organización Pajonales S.A., Plantaciones Santa Rita SAS. Hevea Llanos SAS, TSR20 Inversiones SAS, y Hevea Inversiones SAS— acaparan 13.785 hectáreas de predios, la mayoría con antecedentes de baldíos (ver denuncia de Wilson Arias ante la Contraloría General de la República, 13.05.2013).
El interés de Sarmiento Angulo en la altillanura, como del conjunto del sector financiero, responde a las compulsiones que surgen de la relativa escasez de tierras fértiles a escala orbital —que estimula su acaparamiento y extranjerización—, como del oportunismo especulativo, que en Colombia se amplía con la concentración de tierras en pocas manos (ver a Héctor Mondragón: ¿Burbuja de la tierra en vez de empresa agrícola y pecuaria?).
Denunciemos pues, tanto las amenazas de la extranjerización como de la odiosa concentración y financiarización de la tierra (y de la selva, sobre lo cual volveremos) en la preciada soberanía alimentaria. No razonamos del siguiente modo: “Lo mismo da que la tierra se la apropien compañías extranjeras que agentes nacionales”. Las imágenes de la “extranjerizada” y hambreada Sudán, o de Riopaila protegiendo vía TLC su inversión presentada como “extranjera directa”, dan cuenta del peligroso fenómeno. Pero también alertemos sobre el desprecio del mercado interno y de la producción campesina —que provee el 60 % de los alimentos de nuestras grandes ciudades—, y sobre el ánimo “especulativo agroexportador” que también produce la aleve entrega de nuestro potencial alimentario, incluso en los mercados de valores futuros. “Descacharre mayor” que tanto interesa a Corficolombiana.
Notícula: Sobre el proyecto de baldíos, deberá declararse impedida la senadora Paloma Valencia, prima de Pablo Valencia, como hemos explicado antes. Y deberá impedirse Susana Correa, como esperamos que explique.
Ver documentos:
Cámara de comercio Cabriolet 1
Cámara de comercio Cabriolet 2
Cámara de comercio Cabriolet 3
Venta El Cachimo
