El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz (un personaje bastante "gris", quien no da razón sobre la terrible crisis de impunidad) se le ocurrió –como a todos sus antecesores– la “brillante idea” de anunciar otro proyecto de ley para reformar el Código Penal, como la gran salida estructural a la zozobra, por la inseguridad, que vive la población en las calles, casas, hoteles, vehículos y hasta en los cementerios, donde son víctimas de la delincuencia común y organizada.
Dice Wikipedia que “un país es un Estado políticamente independiente: Tiene pleno poder para decidir sobre su territorio... Y en esencia, el Estado es una forma de organización humana. Es una estructura política a través de la cual las personas nos organizamos en sociedad y convivimos”. Así las cosas, dentro de la estructura organizativa de este país, los gobernantes “a todo problema le redactan una ley”, e incluso hacen leyes a su medida para robarse el presupuesto y el patrimonio nacionales, “adobadas” siempre de un supuesto beneficio a la población.
Sin desconocer que hay leyes absolutamente necesarias, un artículo de Portafolio del 20 de agosto de 2019 titula que En Colombia son expedidas más de 2000 normas al año y en su interior afirma que “la excesiva cantidad de normas que se expiden en Colombia está cerca de alcanzar las 50.000 en lo que va corrido del siglo XXI, haciendo eco a un reporte hecho por el Departamento Nacional de Planeación que determinó que se expidieron en casi dos décadas 45.252 documentos, entre decretos, circulares y resoluciones”. Así mismo, El Tiempo del 26 de julio de 2020 afirma que “en el último año se aprobaron 69 leyes, aproximadamente una cada cinco días”.
El problema de Colombia es estructural, puesto que el modelo económico neoliberal concentra cada vez más la riqueza en pocas manos. Son tres décadas de involución, donde los contundentes indicadores en miseria, pobreza, desempleo, empleo informal, rebusque y producción nacional –agropecuaria e industrial– arrasada son consecuencias de un país que sustituyó su desarrollo por la importación masiva de géneros alimenticios e industriales, capitales, tecnología y bienes y servicios. La consecuencia de ese modelo neoliberal también la vemos en la privatización de los derechos fundamentales y esenciales, convertidos en los filones de oro de las transnacionales. Este es el primer cambio de estructura que debe hacer Colombia.
Está muy claro que ni la miseria ni la pobreza son razones para engendrar la delincuencia, y que tampoco toda persona que viva en esa condición es un criminal; lo que sí es cierto es que algunas personas de esta población vulnerable son susceptibles de ser permeados por bandas criminales nacionales e internacionales. Por eso, quienes aspiren a gobernar a Colombia deben garantizar a la ciudadanía una seguridad integral, cambiando la estructura del Estado, con una organización cuyo objetivo sea dar oportunidades a esa vasta población de empobrecidos, con acceso a sus derechos fundamentales; pero también a los empresarios nacionales, para que generen producción, empleos con salarios y prestaciones sociales dignas. El ministro de Justicia Ruiz puede tener buenas intenciones, pero ¡Colombia tiene es un gran cultivo social del que se aprovecha la criminalidad!
