Son muy preocupantes los indicadores que en materia de democracia, transparencia, confianza y criminalidad asignan las más reputadas firmas internacionales de medición anual a nuestro País. Tradicionalmente hemos sido catalogados una de las sociedades más abiertas no solo de Latinoamérica sino del mundo; ahora presenciamos un viraje significativamente notorio hacia una sociedad cerrada. Producto esencialmente de los factores arriba mencionados. Solo para comenzar una cifra, la medición de la corporación Latinobarómetro 2021, señala que somos el cuarto país de la región, con la más baja calificación de apoyo a la democracia por sus ciudadanos y la que sufrió la más drástica caída desde 2018, -11 puntos. Estamos en el periodo de mayor incredulidad sobre las Instituciones desde 1997.
Muchos nos resistimos a aceptar teorías muy respetables por cierto, sobre “la captura del Estado” por cuenta de la corrupción y el crimen organizado, pero quedan pocos argumentos y la razón es poderosa, pues solo la corrupción le cuesta al país según la Contraloría 50 billones de pesos anuales, y los corruptos invierten hasta el 30 % para cooptar a servidores públicos y privados, mientras el crimen organizado representa el 3.5 % del PIB y según el Índice Global de Crimen 2021, Colombia después de la República del Congo, es la segunda en el mundo con mayor presencia de la criminalidad; realmente procupante y alarmante.
De la corrupción y el crimen organizado se aprovechan avivatos, ventajosos y regateadores, los malos empleados, con mentalidad criminal, que desde sus cargos en organizaciones públicas y privadas, no solo son indiferentes a estos fenómenos, conviven con ellos, se acomodan con versatilidad a la maquinaria del pillaje y las usufructan. Otros callan para no asumir riesgos, que pueden costarles hasta la vida, y los más osados denuncian, colocando en peligro su integridad, la de su familia, y si les va bien, terminan trasladados, rezagados, estigmatizados o despedidos. Porque se han convertido en una amenaza para el poder criminal; inocentes que irónicamente debieron silenciarse, para no pagar las consecuencias.
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De la corrupción y el crimen organizado se aprovechan avivatos, ventajosos y regateadores, los malos empleados, con mentalidad criminal
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Pero existen otras formas de “captura del Estado” derivadas de conductas contrarias al deber ser de las organizaciones, lesiona la dignidad de sus integrantes, menoscaba los valores e incide inexorablemente en los resultados. Y estos comportamientos están vinculados a prejuicios y/o retaliaciones derivadas de la desinformación, la cizaña y las pugnas por el poder, cuya pretensión siempre será estigmatizar, anular o quitar del camino a quienes luchan por el bien común, persiguen la verdad y buscan la coherencia entre la ética y la práctica de las instituciones.
Otro tipo de actitudes, no menos graves que las anteriores, y que también se enmarcan en la tendencia de “capturar” las instituciones del Estado, se relacionan con la ineficiencia, la mediocridad, el mal trato, el miedo y la discriminación. Que ponen a las organizaciones adportas de su desaparición cuando se enquistan poderes de esta subcultura, donde prevalece la apariencia cosmética de lo legal, muy comúnmente manipulada por mandos medios, en círculos de confianza de los jefes y/o algunas veces desde la alta dirección; instaurando una tiranía ausente de sabiduría y humanismo, basada en el temor y conllevando la degradación de la confianza, la armonia y el bienestar de las personas. Lo que tiene un efecto siniestro en la obediencia reverencial y en la deserción de los buenos empleados.
El mal mayor de todo lo anterior, es el silencio de los inocentes, de los buenos, de los que callan; pues la trilogía del mal que ha “capturado al Estado” se apodera del deber ser, de los valores y del bien común, para volcarlos subterfugiamente y a veces abierta y descaradamente a disposición de jefes autocráticos, egoistas, perversos, y en muchos casos al servicio de las mafias y de la corrupción. Razón encuentra la medición del Latinobarómetro 2021 al ubicar a Colombia como el tercer país de la región donde los ciudadanos se enfrentan a consecuencias negativas cuando expresan sus opiniones, después de Bolivia y Ecuador. Por la misma razón el 53 % prefiere callar. Y peor aún cuando la confianza en la justicia está por el suelo. De acuerdo con el índice de Estado de Derecho de 2021 realizado por el World Justice Project, Colombia está en el puesto 77 entre 128 países con peor desempeño en Justicia.
El profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard nos deja importantes lecciones en sus obras sobre La tiranía del mérito, Lo que la plata no puede comprar, y Justicia: ¿hacemos lo que debemos? Del mismo modo el profesor Antanas Mockus, cuya majestuosa frase está descrita en el libro de mi autoría Los principios no se negocian: “siempre busqué capacidad de discernimiento para distinguir entre lo moralmente válido, lo legalmente permitido, lo culturalmente aceptable, y lo éticamente posible”. Y finalmente destaco el mensaje de la escritora española Adela Cortina : “La ética sirve, entre otras cosas, para recordar que es una obligación ahorrar sufrimiento y gasto, haciendo bien lo que está en nuestras manos, como también invertir en lo que vale la pena”.
Los valores condicionan la existencia de una sociedad y como lo ha expresado Henry Kissinger: “vivimos en un tiempo maravilloso en el que el fuerte es débil debido a sus escrúpulos y el débil se fortalece debido a su audacia”. Alguien lo describió con sensata sabiduría, es el momento de construir un nuevo contrato social; mientras tanto seguirá creciendo el silencio de los inocentes, en otras palabras, alimentando monstruos dentro de las organizaciones.
LPNSN: En el capítulo II del libro Los principios no se negocian encuentran experiencias apasionantes de lo que significa colocar la Inteligencia del Estado al servicio del bien común.
