Me complació, profundamente, haber sido escogida como garante en la instalación de la Mesa Única Nacional Agraria y Popular-Gobierno Nacional, que no dudo en catalogar como un auténtico hecho histórico. La aplicación del Decreto 870 de mayo de 2014, representa un hito para el desarrollo de la participación del campesinado colombiano y la ampliación efectiva de la democracia en Colombia. Entre sus singularidades cabría subrayar el carácter unificado de la interlocución de los movimientos sociales, así como el reconocimiento de esta en términos legales.
La instalación de esta Mesa Única es posible, antes que nada, por el ascenso y unificación de las luchas campesinas y agrarias del país. El fuerte Paro Agrario Nacional de 2013 abonó el terreno para que las múltiples expresiones de organización y lucha del movimiento agrario, étnico y popular nos encontrásemos en la Cumbre que, al calor del ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, conquistó este espacio invaluable para la interlocución unitaria con el Gobierno nacional. La unidad y lucha de las campesinas y campesinos colombianos que labraron esta Mesa Única, reconocida por primera vez por decreto presidencial, tuvo como contraparte la voluntad de diálogo del ejecutivo nacional, que ha tenido también en el proceso de paz con la insurgencia su mejor exponente, desechando cualquier salida de choque como tratamiento a la movilización ciudadana, recurso lastimosamente muy frecuentado a lo largo de la historia de nuestro país. Creo que este clima de diálogo y reconocimiento debe fecundar el camino para que esta Mesa sea un instrumento, no de mera interlocución o intercambio de opiniones o posiciones, sino de auténtica negociación y construcción colectiva de políticas para el agro.
El peso histórico de la instalación de esta Mesa no está dado solo por la maduración de las partes sentadas para buscar salidas consensuadas a las dificultades del campo colombiano, sino por el momento culminante en la construcción de la paz y la democracia que vive Colombia, gracias al avance de las conversaciones de paz con la insurgencia de las Farc-EP y el inicio de negociaciones con el ELN, máxime cuando ya existen importantísimos acuerdos sobre desarrollo rural integral firmados en la mesa de La Habana, expresión nítida de la importancia cardinal del tema agrario en nuestro anhelo por la construcción de la paz.
Me atrevo a soñar que la agenda de esta Mesa Única es la agenda de la paz, que su éxito es parte del invaluable aporte de los campesinos y la institucionalidad del campo para la terminación del conflicto y el desarrollo mismo de los acuerdos de paz. Así mismo, que una desventura de esta Mesa Única sería un flaco favor para la verdadera solución política.
Creo, entonces, que los puntos de discusión de esta Mesa Única mucho tienen en común con los debates y acuerdos desarrollados en La Habana, como con los temas planteados por los otros movimientos insurgentes. Pero también están en estrecha relación con las diversas iniciativas legislativas que el gobierno nacional debe presentar próximamente, tanto relativas al presupuesto nacional de 2015 como al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Tal y como lo define el artículo 03 del decreto que da vida legal a este espacio democrático, los temas de la Mesa Única incluyen aquellos desarrollados por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Indefectiblemente, los diversos tópicos, ya mencionados, se incorporan a esta agenda: el Fondo Nacional de Tierras, la formalización de la propiedad rural, la eliminación de la pobreza absoluta en el campo, el fortalecimiento de la economía campesina y el desarrollo rural con enfoque territorial, aspectos que hoy han sido acordados entre gobierno e insurgencia, son todos temas propios de este espacio participativo de los movimientos sociales. Pero también, en lo concreto e inmediato, deberían ser resorte de este espacio democrático el alcance y destinación de los 4,5 billones de pesos, propuestos en el proyecto de presupuesto nacional del próximo año para problemáticas tan sentidas como el desarrollo productivo del sector agropecuario, la vivienda rural, la titulación y restitución de tierras, la investigación científica en el sector y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, sin desmedro, obviamente, de los múltiples proyectos y puntos ya acordados por las partes de la Mesa Única.
Con mayor pertinencia, la hoja de ruta de un Plan Nacional de Desarrollo denominado Construyendo las bases para la paz, que incluye como una de sus estrategias transversales la transformación del campo, y se propone para ser levantado desde las regiones, pasa necesariamente por la participación de espacios como el de la Mesa Ünica, cuando precisamente esta Cumbre Agraria refleja la diversidad y riqueza regional de la Colombia profunda y la voz de los-as destinatarios-as de la política pública del sector, requiere ser escuchada seriamente.
Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que en el desarrollo de la Mesa está una ocasión única para cimentar una real participación democrática y pasar la página de una conflictividad cruenta en el campo colombiano. De nuestra capacidad por potenciar y no debilitar este escenario, está la oportunidad histórica que no se trate de un anodino ejercicio sin mayor trascendencia para los problemas que sufrimos hoy los 44 millones de colombianos que directa o indirectamente dependemos del campo. La ruralidad del país no puede ser vista despectivamente como un problema del pasado, sino, por el contrario, el fortalecimiento adecuado del agro es el presente y el futuro de nuestra nación, en él está la base del buen vivir del conjunto de la ciudadanía.
Esta participación popular, que ha logrado su reconocimiento legal a través del Decreto 870, tiene la potencialidad de ser un ejercicio piloto de discusión democrática y construcción conjunta para el sector que ha sido la piedra angular de nuestro extenso conflicto armado, y que por ello es el capital de la construcción de la paz.
En nuestras manos está pasar a la historia como un exitoso proceso de democratización, desarrollo económico y participación política de la ruralidad, luego de frustraciones sucesivas por lo menos desde 1936. En nuestras manos está esta posibilidad histórica, que por las generaciones presentes y futuras, invito a que no dejemos desvanecer.