La Universidad de los Andes y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) organizaron el primer encuentro entre los precandidatos en la carrera por la Casa de Nariño. Durante dos horas y en tres momentos temáticos, los precandidatos presentaron su visión sobre la política de drogas, las dificultades en la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y la regulación y uso recreativo del cannabis.
La conversación fue una oportunidad para conocer, a grandes rasgos, el papel que jugará el espinoso tema de la “lucha contra el narcotráfico” en sus programas de gobierno.
En el encuentro confluyeron candidatos visibles de los tres bloques que medirán sus fuerzas en las elecciones de marzo. Una oportunidad interesante para empezar a describir las identidades programáticas entre el centro y la izquierda, así como la posición de la derecha sobre aspectos específicos del gobierno Duque. A pesar de la importancia del foro, no participaron Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Óscar Iván Zuluaga.
A continuación, presento las conclusiones más importantes
Pacto Histórico, Roy va por la legalización y Petro le apuesta a la sustitución de tierras
Por el Pacto Histórico participaron Roy Barreras y Petro. Coincidentes en el diagnóstico sobre las condiciones que han permitido la persistencia del narcotráfico, pero con énfasis diferenciados en sus propuestas. Mientras que Roy insistió permanentemente en la legalización (un tema que osciló a lo largo de todo el encuentro), Petro fue más cauto y solo habló de la “no criminalización” en relación con el consumo del cannabis, sin meterse a fondo en la discusión sobre la legalización de la coca.
El líder de la Colombia Humana hizo un mayor énfasis en la cuestión agraria, planteando una visión más amplia que la establecida en el acuerdo de paz, y proponiendo un camino más integral al que llamó sustitución de tierras.
Según el candidato, la sustitución de tierras no se reduce a la mera transición entre un cultivo ilícito a uno lícito (coca por yuca), ya que sus alcances son mayores porque implica “acercar al campesino a los centros de desarrollo y a la tierra fértil”. Promoviendo una agroindustria cooperativa orientada a dinamizar el aparato productivo rural.
De esa manera, Petro retoma las ideas que ya presentó en la campaña de 2018 en relación con la democratización de la propiedad rural, la formalización a gran escala y se acoge al espíritu del componente sobre solución al problema de las drogas ilícitas concertado en el acuerdo de paz, sobre el particular afirmó: “Ese es el camino”.
Queda claro que la legalización no estará en la agenda de Petro, que su énfasis estará más dado en la promoción de un modelo de agroindustria cooperativa -algo que necesita definir con más precisión- y que con la democratización productiva de la propiedad rural espera reducir el margen de acción de los poderes mafiosos y su control sobre territorios periféricos sometidos a las economías ilícitas.
Coalición de la Esperanza, Galán plantea una política de choque
Por la Coalición de la Esperanza asistieron Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo. Siendo Galán uno de los políticos que más se ha pensado un cambio en la lógica de la guerra contra las drogas. Al igual que Roy, abogó por la legalización, advirtiendo que es un tema que convoca al conjunto de la comunidad internacional. Sus propuestas más interesantes se podrían considerar como un plan de choque para detener la cadena de procesamiento y reducirle espacio al lavado de activos.
Galán considera que la visión del problema del narcotráfico como una cuestión de territorio asociado a hectáreas cultivadas resulta simplista; por el contrario, plantea que se le debe romper el espinazo a la cadena de suministros regulando la habilitación de gasolineras, así como la llegada de cemento e insumos a zonas de alta densidad de cultivos ilícitos.
También propuso ilegalizar los vuelos que no acrediten un plan de vuelo específico, potenciar el cultivo del cannabis medicinal y su comercialización en los mercados extranjeros, modificar las reglas de extradición (obligando a los narcos a entregar sus propiedades en el país) y explorar las propiedades medicinales de la hoja de coca.
La visión de Alejandro Gaviria
El exministro no se alejó mucho del diagnóstico de Petro y Galán. Su visión se enmarca en acortar las brechas económicas entre el centro y la periferia, posicionando el campesinado olvidado como un actor estructurante en la construcción de modelos locales de desarrollo (la esencia de los PDET y los programas Pisda). En su intervención defendió las ventajas del programa de sustitución en relación con los bajos niveles de resiembra y desestimó la eficacia del glifosato.
En realidad, su visión no se aleja mucha de la línea del Pacto Histórico, siendo, al igual que Petro, muy cauto frente a la legalización de la cocaína. Tal vez, los únicos elementos diferenciadores, porque los desarrollo con más propiedad, fueron los relativos al abordaje del consumo como una cuestión de salud pública y la relación que sostendría con el gobierno de los Estados Unidos, afirmando que sería de “total autonomía y sin caprichos”.
Camilo Romero, no al glifosato y sí a la sustitución
Camilo Romero volvió sobre los puntos que ha venido defendiendo desde su estadía en la Gobernación de Nariño. El exgobernador es el mayor convencido de las virtudes de la sustitución voluntaria; eso sí, enmarcada integralmente en un programa de transformación rural. Afirmó que resolver el abandono histórico creyendo que todo se reduce a “arrancar la mata” evidencia el profundo desconocimiento de las realidades territoriales en las que vive gran parte del campesinado colombiano.
Romero volvió a insistir en la ineficacia del glifosato, en el fracaso de la guerra contra las drogas, en la importancia de la corresponsabilidad internacional (si hay consumo habrá oferta) y en la necesidad de establecer una relación con Estados Unido sin las “rodilleras puestas”.
Uribismo, entre el continuismo y mucho glifosato
Por el uribismo estuvieron Paloma Valencia y Rafael Nieto. También hizo presencia Juan Carlos Echeverry. Con visiones compartidas sobre el uso del glifosato, la criminalización del consumo y la combinación de métodos (sustitución, erradicación forzada y aspersión). Quien asumió un discurso más radical fue Nieto, para el exviceministro de justicia, el incremento en los cultivos de coca es responsabilidad del “pacto entre Santos y las Farc” y por eso considera que el glifosato debe ser el primer motor en la lucha contra el narcotráfico, al igual que la militarización de los territorios convertidos en clúster de la coca.
Su posición no dista mucho de la empleada por el gobierno Duque en la política de Paz con legalidad, con un marcado énfasis en la consolidación y la estabilización.
Algo curioso entre los precandidatos uribistas (infortunadamente no estuvo Óscar Iván Zuluaga quien recientemente propuso sustituir coca por marihuana) se presentó cuando se habló de la legalización, pues mientras Paloma abogó por una legalización progresiva, Nieto se alejó radicalmente de esa posibilidad.
¿Qué se viene?
Así la política de drogas no se convierta en un tema central en la agenda electoral de 2022, al ser un tema poco “taquillero” y que no mueve muchas emociones, su abordaje resulta crucial para entender la escalada de violencia que viene azotando el país. Creería que es estructural y determinante para comprender la viabilidad de las propuestas rurales de los candidatos. No reducido solo a lo planteado en el acuerdo de paz o a la narcotizada relación con Estados Unidos.
De ahí que conocer las posiciones de los candidatos sea de gran importancia, seguramente en los próximos meses muchas de las propuestas se irán afinando y dotando de mayor profundidad. Por el momento, ese primer encuentro sirvió para tener un acercamiento preliminar a un tema que será fundamental en la agenda de cualquiera que llegue a convertirse en el próximo presidente.
