La audiencia contra los implicados en la corrupción entre la Unión Temporal de Centros Poblados y el ministerio de las TIC, finalizó legalizando la captura del contratista de Emilio Tapia, el representante legal del consorcio, Luis Fernando Duque, y miembro de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, tras ser imputados por el delito de fraude procesal y falsedad en documentación privada.
Los argumentos de los penalistas Julián Quintana, Alejandro Sánchez y Martín no convencieron al juez 53 de control de garantías de Bogotá que se refirió al polémico contratista Emilio Tapia como un reincidente con historial delictivo deplorable que teniendo el beneficio de casa por cárcel se había involucrado, una vez más, en un escándalo de contratación pública. En el caso de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde no son reincidentes, no tienen antecedentes judiciales, pero se dejaron instrumentalizar por Tapia, esto implica que nada garantiza que no vuelva a suceder
Alejandro Sánchez, abogado de Emilio Tapia, pidió que su cliente sea retenido en un batallón militar, preferiblemente el de Malambo, Atlántico, debido a que cuando ha estado en cárceles de máxima seguridad ha sido amenazado de muerte. En La Picota buscaban envenenarlo. El juez 53 consideró que esto no es motivo de peso pero no confirmó aún el lugar de reclusión. Tapia deberá esperar también que la Fiscalía acepte el preacuerdo para que prenda el ventilador contra los congresistas implicados.
Por su parte, Adriana Meza Consuegra, secretaria general de la cartera, y Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual serán investigadas por una falta menor.
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