El 8 de este mes, compungido, hundido en un mar de llanto y consternado, el representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander, Edwin Ballesteros, anunció su renuncia a esa corporación, por motivo de la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción durante la gobernación de Richard Aguilar Villa, donde Ballesteros era gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
El pasado 27 de julio el mencionado exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, fue capturado por este escándalo de corrupción, presentando también su carta de renuncia al Senado, por Cambio Radical: “Con un inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia”, dijo. Exfuncionarios y contratistas los sindican de formar parte presuntamente de una red de corrupción por cerca de 500.000 millones de pesos.
Lo de Edwin Ballesteros y Richard Aguilar Villa sería una simple anécdota en la maraña de corrupción si no estuviera detrás de sus decisiones una línea de conducta de la vanguardia de la coalición del gobierno del presidente Iván Duque, consistente en que cuando tengan que enfrentar investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, renuncien al Congreso de la República con el objetivo de escoger como su juez de investigación a la Fiscalía General, entidad que tiene un origen más político, puesto que el fiscal general es un recomendado del presidente de la república, elegido de una terna que este le envía a la Corte Suprema de Justicia para que lo designe.
En tiempos recientes, esta línea de conducta la abrió el expresidente Álvaro Uribe, a quien, estando ejerciendo como senador, la Corte Suprema de Justicia le dictó detención domiciliaria el 4 de agosto de 2020, en medio de una investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Más se demoró en caer preso que en buscar la ruta de escape, la cual encontró en la renuncia al Senado: “Hago votos por una reforma a la Justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados”, señaló. Su caso lo asumió la Fiscalía, que en un proceso “exprés” lo liberó y tramita su preclusión ante un juez. Así se abrió paso una “ley de fuga” por donde transitaron además el exsenador de la U Eduardo Pulgar, el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y el representante de la U José Caicedo.
En honor a la verdad, el boquete judicial tiene varios antecedentes, entre ellos el del juzgamiento por parapolítica, cuando renunciaron en masa los congresistas para rehuir a la Corte Suprema. Entre las renuncias por varios tipos de investigaciones se recuerdan: Mario Uribe –primo de Álvaro Uribe–, Julio Manzur, Alfonso Riaño, Álvaro Araújo Castro y Luis Humberto Builes, entre otros. Por ello la corte profirió una decisión, a finales de 2009, que señala que mantendrá la competencia si los delitos eran cometidos durante su ejercicio como congresista o relacionados con este.
Este túnel de escape de muchos congresistas –algunos, delincuentes confesos y juzgados– forma parte de una arquitectura jurídica-política diseñada para robarse el Estado, con leyes sastre, o sea, a su medida, que tienen su origen en el modelo económico neoliberal. ¡Que 2022 sea el año para grandes cambios en Colombia!
