El nombre de Herles Rodrigo Ariza Becerra por sí solo no dice mucho, pero desde hace por lo menos 30 años ha aparecido de manera esporádica en los titulares de prensa. Ariza, un teniente coronel retirado de la Policía, ha resaltado tanto por sus acciones como policía pero también como empresario.
Comenzó su carrera en la fuerza pública en 1986 y en apenas cuatro años ya se había convertido en un experto en lavado de activos y crimen organizado. Para 1990, su conocimiento le valió para convertirse en el jefe de prensa de seguridad y edecán del presidente César Gaviria, a quien, según su propia hoja de vida, acompañó durante los cuatro años al frente del cargo.
Sin embargo, la primera vez que su nombre apareció relacionado con el mundo criminal fue en 1993, cuando la Procuraduría les formuló cargos a 66 miembros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de Medellín por delitos que iban desde secuestro hasta extorsión. Entre ellos se encontraba Herles Ariza Becerra, entonces teniente de la Policía.
Pero a Herles Ariza no le pasó nada. La investigación quedó en el olvido y su carrera continuó sin problemas. Entre 1995 y 2001 se dedicó a estudiar administración de empresas. En Guadalajara, México, hizo una especialización y una maestría; en Estados Unidos ingresó a Harvard y durante un año participó de un programa en la Escuela de Negocios de la importante y prestigiosa universidad.
Ariza Becerra, ya con la experiencia de haber cuidado al presidente de la República, también fue jefe de giras de las campañas presidenciales de Noemí Sanín en 2002 y de Álvaro Leyva en 2006. Pero apenas un año después, en 2007, tomó la decisión de retirarse de la Policía para encaminar su vida en los negocios.
Rápidamente se vinculó con la empresa norteamericana Saint Michel Group, una consultora dedicada a la investigación y análisis de riesgos financieros y comerciales. Según su propia hoja de vida, fue el gerente de la oficina de la empresa en Colombia por cuatro años.
Todo parecía marchar perfectamente para Ariza. Su hoja de vida parecía impecable e incluso fue elegido entre los 60 depositarios de bienes de la mafia cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) entró en liquidación.
Ariza Becerra fue el liquidador de cuatro bienes de Enilce 'La Gata' López avaluados por 30.000 millones al igual que de Kapital group, una de las firmas de los Nule que terminaron condenados por el carrusel de la contratación. Este año la Contraloría alertó la cantidad de bienes que tenía Ariza a su nombre asignados por la Sociedad de Activos Especiales. En total, Ariza ha aparecido como depositario de más de un centenar de bienes incautados a narcotraficantes y corruptos.
Hace un mes, su nombre volvió a los titulares de prensa cuando apareció como representante legal de la firma ICM Ingenieros, una de las empresas socias de la Unión Temporal Centros Poblados responsables de la pérdida de $70.000 millones que el Ministerio de las TIC les entregó como anticipo para la instalación de internet en más de 7.000 escuelas rurales en todo el país y señalada de ser en realidad de Emilio Tapia, el excontratista que está siendo investigado por la Fiscalía para saber su verdadera participación en el escándalo de corrupción. Sin embargo, Herles Ariza no fue quien firmó en nombre de ICM Ingenieros, pues solo se volvió representante legal un día después de firmado el proceso del consorcio con MinTIC. Herles Ariza le habría hecho de testaferro a Tapia para mantener el manejo de la firma, que compraron dos meses antes de que Centros Poblados se ganaran la licitación con el ministerio entonces encabezado por Karen Abudinen.
Ariza y Emilio Tapia se conocen hace tiempo. Cuando el primero todavía era policía trabajó en las oficinas aduaneras, donde habría conocido a Emilio Tapia Moreno, papá del contratista corrupto y quien fue director de la DIAN de San Andrés durante los últimos años del gobierno Uribe cuando Óscar Franco Charry era el director general de la DIAN. Los Tapia tienen gran arraigo con la isla, pues vivieron allá muchos años cuando salieron de Sahagún amenazados por grupos armados.
Desde entonces, comenzó una próspera relación entre Herles Ariza Becerra y Emilio Tapia Aldana, quien en medio de la audiencia de imputación de cargos que se llevó en contra de los representantes legales de Centros Poblados y del mismo Emilio Tapia, la fiscal del caso señaló que el contratista, conocido como el zar de la corrupción, también estaría detrás de dos contratos con EMCALI para adelantar obras en Puerto Mallarino. Uno de los contratos, por $2.417 millones entregado al Consorcio Renovación Puerto Mallarino —conformado por las empresas Proctor Construcciones S.A.S. de Montería; AESCAF S.A.S, una constructora de vivienda de Girardot; y Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S (Contelac SAS)— tiene como representante legal, precisamente, a Herles Ariza Becerra.
Quien delató a Emilio Tapia fue Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, que dijo haber sido contactado para presentar un cupo de crédito falso para participar en la licitación de los mencionados contratos de EMCALI. El mismo patrón que el propio Molina habría usado para constituir una garantía falsa por parte del banco Itaú, hecho que destapó el escándalo de Centros Poblados. Molina García-Mayorga no es ajeno a la contratación en Cali. En 2015 la Unión Temporal Alfa Cali firmó un contrato con la alcaldía para la construcción de una parte del Parque lineal Río Cali, y Molina García-Mayorga figuró como representante suplente de la unión temporal.
Emilio Tapias, que ya fue condenado una vez por corrupción por el carrusel de la contratación, está nuevamente en la lupa de la justicia. A pesar de pagar un par de años de cárcel y otros en detención domiciliaria, no se ha alejado de la contratación pública; Herles Ariza becerra se ha encargado de mantenerlo vivo.
Te puede interesar:
