Iván Duque Márquez es tan solo la cereza en la punta de un enorme pastel que ha costado las más atrevidas limitaciones a los derechos fundamentales de millones de compatriotas durante dos siglos de vida republicana. Pero no yendo tan lejos, y partiendo de la Constitución Política de 1991, se presume no solo que la soberanía radica en el constituyente primario, sino que, además, y como rectora y coautora del nuevo constitucionalismo latinoamericano, predica que su pilar fundamental reside en la parte dogmática en la que están establecidos los principios y derechos fundamentales de todos aquellos que hoy nos llamamos colombianos.
Lo anterior, en teoría, es elogiado por el mundo, como ha sido elogiado el acuerdo de paz con las Farc, por ejemplo. Pero en la praxis y al igual que con este último ejemplo, la realidad dista plenamente de la teoría constitucional. Y es que, si no fuera así, el régimen objetivo de la Responsabilidad Patrimonial del Estado habría generado que millones de colombianos fueran sujetos de indemnización, porque el daño constante, concurrente y aberrante que realiza la administración sobre todo en el ámbito central sobre millones de colombianos solo puede catalogarse de antijurídico.
¿Cómo se le explica a un niño en el campo que ha tenido limitadas sus posibilidades para acceder a la educación básica, que tiene que soportar el daño que por la negligencia del agente o servidor público responsable se le ha causado cuando no puede acceder a las herramientas mínimas de comunicación para que le sea garantizado su derecho a la educación?, ¿en dónde se ha visto semejante desproporción?
Lo más irónico es que, como lo analizaron en su momento los intelectuales de la Colombia de finales del siglo XX, el mayor problema que hay en este territorio no es el delito común o el narcotráfico o el delito político, ni siquiera lo es la corrupción; en su momento, el informe de intelectuales llegó a la conclusión de que el mayor problema de Colombia era la falta de identidad o lo que hoy yo deduciría como falta de patria.
La bandera colombiana ondea por las calles en alto, en camisetas, estados y publicaciones de redes sociales y en todo tipo de publicidad que pueda existir el día que hay un partido de fútbol de la selección, pero ante el dolor ajeno y sobre todo ante el daño antijurídico que provocan con sevicia y dolo los agentes del Estado, no nos duelen ni nos inmutan cuando no nos tocan. Ahí es donde está el mayor problema, y es en esto, donde ellos saben que tienen su mayor fortaleza.
En abril de este año, Colombia parecía estallar como nunca, y uno de los pocos logros en el corto plazo alcanzados fue la salida del entonces nefasto ministro de Hacienda, hoy premiado en lo que se supone sería uno de los órganos con mayor independencia del gobierno de turno, la codirección del Banco de la República. Abudinen, en igualdad de condiciones al anterior ministro, no esperó el resultado de la moción de censura para renunciar a su cargo y esperar el premio que no tardó en llegar, cuando quien se supone es el presidente de los colombianos y no solo de sus amigos, la nombró alcaldesa ad hoc de Sincelejo. Y mientras tanto, los municipios pequeños y pobres siguen endeudados, la reforma tributaria no se ha separado de ser una pronta realidad y los niños y niñas de la Colombia rural siguen y seguirán jugando a conectarse en un computador hecho de cartón y con una pantalla con sus propios dibujos.
¿Es esta la patria? O acaso después de 200 años, ¿no hemos superado la patria boba? Hoy recuerdo a mi docente de Constitucional General, cuando, de manera enfática, nos habló del concepto de patria como ese vínculo en común que tiene un conglomerado humano al compartir su historia, costumbres o lengua, ese sentido de que aun sin conocernos o siendo de distintas regiones, somos cercanos. Pues es ese concepto el que hoy debería llegar a cada rincón del territorio y no permitir que nos sigan abudineando la patria.
