“Gaseosa mata tinto”, era dicho común entre jóvenes del ayer, cuando invitaban a tomar algo y sobrevalorábamos la hoy cuestionada y malsana bebida azucarada. Y lo mismo podemos decir con la tumbada de las torres gemelas de Nueva York por Al-Qaeda, el 11-S de 2001, desplazando en importancia al cruento golpe militar que derrocó a Allende, también el 11 de septiembre de 1973.
Treinta años entre dos actos terroristas en los que tuvo protagonismo la primera potencia económica, tecnológica y militar del planeta.
En Chile, se patrocinó el “terrorismo de Estado” al apoyar el derrocamiento del primer gobierno socialista elegido democráticamente en un país latinoamericano, con participación encubierta de la CIA, confabulada con empresarios y militares liderados por Pinochet y actuando según políticas de la Guerra Fría para contener el socialismo irradiado desde Cuba, la Unión Soviética y China.
Nueva York se erigió entonces como víctima de Osama Bin Laden, cabeza de un movimiento que había trabajado con la CIA en la guerra contra la invasión soviética iniciada en Afganistán en 1979, que se convirtió en el Vietnam de los rusos y una de las principales causas de la caída y desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.
Al terminar la guerra con la URSS y al sentirse traicionado por los norteamericanos que entrenaron y armaron a los seguidores de Osama, este reivindicó sus raíces culturales y religiosas islámicas para volverse contra ellos.
La planeación de los atentados del 11S fue demostración de lo mucho que aprendió de las estrategias, tácticas y tecnologías terroristas transmitidas por la CIA e instructores de Rangers norteamericanos. Osama, también ingeniero civil, fue un alumno aventajado en terrorismo que supo por dónde flaqueaban las torres gemelas para derribar un ícono del imperio.
El derrocamiento armado de Allende en las izquierdas y movimientos progresistas de Latinoamérica reforzó la idea de que al poder del Estado solo podía accederse mediante la lucha armada, pues por las buenas la oligarquía no iba a ceder las instituciones y sus privilegios.
Colombia fue un buen ejemplo al crecer las Farc, el ELN, EPL, surgir el M-19, el PRT, ADO, Quintín Lame, etcétera, y con el auge del narcotráfico. Para combatirlos, surgieron los paramilitares respaldados por narco-hacendados-parapolíticos, y disimuladamente, por sectores del Ejército, Policía, DAS y otros.
Así como en 1974 Nixon había declarado la guerra internacional contra las drogas, creando la DEA, en 2001, Bush hijo declaró la guerra mundial contra el terrorismo, y de inmediato sus halcones, encabezados por el vicepresidente Chaney, armaron la invasión a Afganistán contra los talibanes que protegían a Osama y después se inventaron pruebas falsas para atacar Irak y a Libia, lucrándose con miles de millones de dólares para su “reconstrucción” a cargo de la Halliburton, compañía propiedad de Cheney, y de paso desestabilizando la región y favoreciendo a la larga la aparición de los radicales islamitas de ISIS que planearon diversos atentados en Europa.
En Colombia, la nueva cruzada cayó como anillo al dedo a Uribe para declarar como grupos narcoterroristas a las Farc y ELN, soslayando el respaldo que para su ascenso a la presidencia en 2002 tuvo de los narcoterroristas-paramilitares, parapolíticos y empresarios, y cerrándole de esta manera las puertas a negociaciones de paz al declarar que en el país no existía conflicto armado sino una lucha antiterrorista.
Después de gastar más de 1.000.000.000.000.000 de dólares en Afganistán, el mayor productor mundial de heroína, agobiados por sus contradicciones internas avivadas por la ultraderecha trumpista, el atraso de su infraestructura vial, falencias en educación y salud y graves problemas ambientales, atropelladamente el gobierno de Biden abandonó Afganistán de nuevo con los talibanes al mando y más cerca de chinos y rusos.
En Colombia, el uribismo reinante boicoteó el proceso de paz con las Farc y ELN, mientras que continúa patrocinando la inútil guerra antidrogas iniciada por Nixon y Estados Unidos y numerosos países extienden cultivos de marihuana, legalizan su uso medicinal y recreativo, y obtienen multimillonarios ingresos e impuestos.
En el país siguen beneficiándose del procesamiento de la coca tanto enemigos como amigos del gobierno, que gracias a la prohibición, lavan los miles de millones de dólares del narcotráfico en negocios "legales" y bancos, corrompiendo así altos funcionarios del Estado, Fuerzas Armadas, el comercio, agroindustria, industria, construcción, transporte y la banca. Al tiempo, se configura lo que podríamos llamar una narco-democracia, donde hasta los pilotos de los carteles de las drogas transportaron en sus campañas al actual presidente y su jefe.
