Desde el inicio de la pandemia de covid las entidades feministas latinoamericanas advirtieron sobre el riesgo de incremento de la violencia de género y los abusos sobre los DDHH de las mujeres. Una mirada a cuatro realidades latinoamericanas confirma la predicción.
México.
Feministas mexicanas se manifestaron el 31 de agosto en el Centro Histórico de Ciudad de México en protesta porque las autoridades las persiguen a ellas, en lugar de buscar a los autores de los múltiples feminicidios que son epidemia en el país azteca. Las mujeres se reunieron en la Plaza Garibaldi y caminaron por varias calles hasta llegar a la oficina de una oficina de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, donde leyeron una proclama que en lo sustancial protesta por la continua persecución que hacen las autoridades a quienes reclaman: tanto a sus compañeras feministas, como a otros defensores de derechos humanos.
«Las jóvenes enfrentan cargos por delitos que no cometieron. Y [las autoridades] dicen que ya no hay espionaje ni cacería de brujas, que eso es de otros sexenios, de otras épocas», relataron las mujeres y acusaron al Estado mexicano de «perseguir, espiar y acosar» a algunas de sus compañeras. Algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propiciado desde su discurso que en ocasiones controvierte a las feministas.
En México son asesinadas más de diez mujeres cada día y los feminicidios han crecido un 3,3 %, hasta 508, en la primera mitad de este 2021, según ha reportado el Gobierno y se informa en efeminista. La cifra contrasta con las de homicidio doloso que tuvo una caída de 7,57 % anual frente a junio de 2020 y un decremento mensual de 11,24 % respecto a mayo (el mes más violento hasta el 22 de julio de 2021 con 2997 asesinatos). En cifras globales, México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años del Gobierno de AMLO con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 554 en 2020.
Ecuador.
En agosto se conoció un trabajo académico que documenta el incremento de la violencia de género durante la pandemia. En el período comprendido entre marzo de 2020 y enero de 2021, los investigadores Ana Veloz Avendaño, Kathy Llori Otero y Jorge G. Tocto Lobato, encontraron que «en las primeras semanas del confinamiento las mujeres no pudieron acudir a denunciar debido al confinamiento y la restricción de movilización, (…) que actualmente se conoce que existe un número incalculable de mujeres víctimas de violencia ejercida por la pareja durante el confinamiento, y que las políticas adoptadas no han disminuido este tipo de violencia; al contrario, se va incrementando».
Pese a la ausencia de datos precisos por no contar con datos oficiales al respecto, en el trabajo se establece que «en Ecuador la mujer es la más afectadas por la pandemia que actualmente se está atravesando, las consecuencias sociales y económicas se agudizan, la pobreza, la violencia machista, el desempleo de las mujeres rodea el 8,7 %, los salarios han disminuido, las horas de trabajo se han incrementado en 5 horas más debido al cuidado de los hijos menores y personas de la tercera edad».
Según una encuesta realizada por Pulso Ciudadano y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) «el 52,94 % de las mujeres encuestadas sienten inseguridad de nivel 1 (en una escala de 1 a 5, en la que 5 reflejaba seguridad en el hogar); el 81,46 % dijo sentirse humillada o desvalorizada por su pareja durante el confinamiento; el 94,24 % de las mujeres han tenido conflictos con su pareja debido a la carga laboral o desempleo, así como las tareas del hogar o crianza de los hijos; el 9,39 % de mujeres dijo haber sido víctima de violación sexual durante la cuarentena. Finalmente, 118 mujeres fueron asesinadas».
Según fuentes de la FGE, citadas por los autores, en total se registraron 19.975 casos, entre marzo y agosto (abuso sexual 2515, acoso sexual 520, actos de odio 13, feminicidios 15, violencia intrafamiliar 1211, violación 2213, violación incestuosa 3, violencia física contra la mujer 1888, violencia psicológica 11404, violencia sexual 93). Sobre estos mismos tipos penales, en el semestre anterior (septiembre 2019 – febrero 2020) hubo 27 807 noticias del delito. Es decir, durante la emergencia hubo una reducción de 26,6%.
«El Estado ecuatoriano, ante las alarmantes cifras de violencia creó un protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo Nacional para la igualdad de Género implemento lineamientos para su implementación en las instituciones del Estado, el Plan de respuesta humanitaria covid-19 Ecuador, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (no establece ninguna medida enfocada a la prevención y atención de la violencia de género)». En el informe se destaca que «las organizaciones civiles son las más visibles frente a la violencia de género».
Uruguay.
La violencia doméstica fruto del confinamiento en Uruguay fue confirmada por la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Botero, quien afirmó que ya en el primer trimestre del 2020 «aumentaron de forma muy significativa las llamadas de orientación y apoyo para casos de violencia doméstica», que recibe una línea telefónica abierta a tales efectos.
Durante las primeras semanas de abril 2020, se recibieron entre 50 y 80 llamadas diarias (previamente había un promedio de 40). Según información de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, si se contrasta 2020 con igual periodo de 2019, se observa un incremento de casos de la violencia doméstica de 1,5 %.
Un informe preparado por Alma Espino y Daniela de los Santos —consultoras para la oficina en Uruguay de ONU Mujeres— en mayo del primer año de la pandemia, ya advertía «que las mujeres han sido sobrecargadas en términos de tiempo» durante los primeros meses de la anormalidad impuesta por la covid-19».
Los investigadores consignan en su investigación que desde el gobierno uruguayo «se ampliaron los cupos para alojar a madres que por disposición de la Justicia deban abandonar sus hogares, y se decidió el diseñó un sistema para que los niños, mediante el Plan Ceibal [Una computadora un niño] puedan solicitar ayuda». También desde las autoridades del país se convocó Consejo Consultivo en materia de Violencia de Género y se acordó con la Suprema Corte de Justicia —en atención al reclamo de las organizaciones feministas nucleadas en la Red Uruguaya contra la Violencia Domestica Sexual— que los juzgados especializados en violencia de género extendieran los plazos de las medidas cautelares.
Otra disposición fue la implementación de un protocolo para que los equipos de salud, del ámbito público y privado, pudieran detectar situaciones de violencia doméstica. El 8 de marzo 2021, Botero indicó que cada 13 minutos hay una denuncia por violencia doméstica en Uruguay y a la vez dos de cada 10 mujeres «tenemos miedo de salir a la calle».
Según datos oficiales de Inmujeres más de ocho de cada 10 mujeres (84,2 por ciento) del área metropolitana reportan ser víctimas de violencia de género en algún ámbito mientras que, para las localidades menores de 5000 habitantes, son seis de cada 10 (60,3 %).
Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay «la evidencia ha mostrado que las políticas de aislamiento provocan un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y violencia basada en género, por lo que la necesidad de protección frente a esos efectos es clave. Asimismo, formas de violencia basada en género como la violencia obstétrica han adquirido nuevas dimensiones, por lo que resulta imperioso analizar el impacto de la pandemia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Finalmente, debe prestarse atención a los efectos que esta crisis sanitaria tiene en la autonomía de las mujeres, tanto inmediatos como de largo plazo».
Bolivia.
El país del altiplano contabiliza 81 feminicidios en lo que va de año, según la fiscalía general del Estado (FGE), que ha calificado de «alarmantes» las cifras de mujeres y niños asesinados —27 menores— en 2021 y ha pedido a las autoridades incidir más en las políticas preventivas contra la violencia. Los datos corresponden al periodo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, ha precisado el secretario general de la FGE, Edwin Quispe: «Son alarmantes estos números porque al parecer nuestras instancias encargadas de la prevención contra la violencia no están siendo efectivas», ha declarado. Quispe pidió «a las gobernaciones y alcaldías que endurezcan sus políticas de lucha contra la violencia, siendo que el feminicidio es el último eslabón de una espiral y cadena de violencia», agregó.
En Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, está vigente desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la mayor pena de la legislación boliviana. Ante el preocupante aumento de crímenes colectivos feministas y otras organizaciones han reiterado su llamado a las autoridades para que esa ley sea reformada, pues señalan que pocos casos llegan a tener una sanción penal y consideran que en muchas ocasiones la justicia revictimiza a las mujeres que denuncian hechos de violencia.
