La negociación sindical es un espacio propio de la democracia donde participan dos actores. Unos que representan a las organizaciones sindicales (confederaciones y federaciones) que presentan unos pliegos de solicitudes al gobierno nacional que buscan el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salariales de los empleados públicos y, de otra parte, el gobierno nacional, en cabeza de sus representantes quienes son los que definen que se aprueba y que no.
Es un espacio vital para la democracia desconocido por la mayoría de los empleados públicos a quienes van dirigidos sus logros. Uno de sus mayores obstáculos ha sido precisamente la legitimidad de la representación sindical que se encuentra en cabeza de muchos pensionados, contratistas y provisionales que llevan muchos años con estas representaciones, gozando de los privilegios que otorgan estas dignidades, y que cuentan con el beneplácito de los gobiernos de turno.
El otro escollo es el nivel de afiliación de estas organizaciones sindicales que no llega ni al diez por ciento del 1 200 000 de empleados públicos que tiene el Estado. Es la misma crisis de legitimidad del Congreso de la república, pero aun así son los que tienen la personería jurídica y son los que negocian los temas vitales de los empleados públicos, así como los congresistas expiden las leyes para toda la población.
La brega sindical por muchos años logró que se hiciera posible la implementación de los convenios de la OIT que impulsan la negociación colectiva de los empleados públicos que tuvo su primera reglamentación en el gobierno de Uribe desde el año 2012 y que corrigió en algunos de sus vacíos el gobierno de Santos.
Es decir, ya son 9 años de aplicación de la negociación colectiva. Tiempo que ha sido más de expectativas que de logros. Con algunos avances en materias como garantías sindicales, bienestar y capacitación, mejoramiento de las condiciones laborales como horarios de trabajo, plantas de personal, pero la mayor parte de los acuerdos han sido incumplidos por el gobierno.
Negociación de 2021.
La negociación de este año fue algo atípica. Se desarrolló de manera mixta, unos negociadores sindicales asistieron presencialmente y otros desde la virtualidad con igual asistencia presencial de los negociadores del gobierno nacional.
En este contexto se desarrolló la negociación colectiva de los pliegos presentados que contenían más de 1200 puntos que en la marcha de la negociación se redujeron a cerca de 300 puntos. Sin una metodología de trabajo ágil, y eficiente y con disertaciones de días enteros.
De esta manera se culminaron estas negociaciones que el gobierno y algunas centrales y federaciones presentaron a la opinión pública como un gran logro pero que de fondo no hubo avances significativos a gran parte de la problemática del empleo público en Colombia a excepción del gremio de los educadores representados en Fecode que obtuvieron importantes logros pero que corresponden a la organización y fortaleza del más grande y combativo sindicato del Estado.
Pretendieron ganar en imagen tantos los unos como los otros en un escenario que venía precedido de las marchas y el paro iniciado el 28 de abril. Pero los puntos acordados desdicen de las imágenes de triunfo presentados por los medios. Un pírrico incremento salarial del 2.61%, problemas estructurales de muchas entidades públicas sin resolver, (Inpec), etc.
Capítulo aparte es la meritocracia constitucional y la carrera administrativa.
Desde la expedición de la Constitución de 1991 es una obligación perentoria del Estado que se ha negado a su aplicación integral y en materia de negociación colectiva ha sido la gran ausente. Todo lo contrario, ha sido un tema pasivo y ausente de los temas de negociación y se ha permitido que los distintos gobiernos violen este precepto constitucional y que el clientelismo continúe siendo la práctica diaria de las entidades públicas en todos sus órdenes y niveles.
De esta forma la carrera administrativa ha sufrido duros embates de la gran mayoría sindical auspiciados por los gobiernos nacionales y territoriales. Y es así como esta ha tenido problemas en su desarrollo externo e interno que han permitido que la provisionalidad sea la regla general de la carrera.
El problema estructural del clientelismo sin resolver, a pesar de la obligación constitucional de la meritocracia, entidades que se oponen a los concursos de carrera (Registraduría Nacional, Consejo Nacional Electoral, Medicina Legal, Fiscalía, Dian, hospitales públicos, sector educativo, etc.) y cuyos funcionarios provisionales crean sindicatos para oponerse e influir en su favor en los concursos.
Pero lo más grave, es la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios, o la privatización de la función pública, que crece exponencialmente en todas las entidades públicas, el Servicio Civil Distrital, organismos de control, y de la justicia, especialmente la administrativa. Fenómeno por excelencia del clientelismo, de violación de la meritocracia, del trabajo decente y de la ineficiencia administrativa.
Este problema se ha venido abordando desde hace más de 20 años por los sindicatos y los gobiernos, pero las soluciones acordadas no son más que dilaciones del problema y totalmente ineficaces, como son las mesas de estudio y seguimiento, lo que los hace cómplices de estas prácticas que en el fondo son corrupción.
En términos generales la negociación colectiva ha generado más incertidumbres que certezas, más vacíos que claridades y más clientelismo que meritocracia. Y no deja de llamar la atención que los dirigentes que hace pocos días querían tumbar al presidente hoy celebren con el gobierno tan pobre negociación, lazándole un salvavidas para mejorar su imagen.
